En los últimos días, la Comunidad de Madrid recibía un nuevo varapalo en materia de residencias de mayores. En este caso, y después de que la Justicia apuntara directamente a la cúpula del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se trata de una victoria para el entorno de las víctimas que, si bien puede parecer individual, nada más lejos de la realidad.
Se trata del ejemplo de María, uno de las cientos de personas a las que la región capital reclamó los gastos de días o meses de los geriátricos a pesar de que sus madres o padres no habían recibido los servicios de los centros de mayores, sencillamente porque ya no estaban en ellos.
La Justicia Superior de Hacienda le dio la razón, por lo que no deberá ingresar los 674,28 euros que pedía la administración Sol. Cada parte del conjunto de la información ha sido contada por diferentes medios de comunicación -El País y la Cadena Ser principalmente- y en ella, María arroja un testimonio lapidario: “Es como si el asesino de mi padre me viniera ahora a pedir el dinero de las balas”.
Es como si el asesino de mi padre me viniera ahora a pedir el dinero de las balas
El escenario afectó a cerca de 200 personas, y 150 de las cartas en la que se pedía esa ‘condonación’ que las víctimas, aseguran, carece de sentido, llegaron en 2024, justo antes de que expirara el plazo de la Comunidad de Madrid para exigir los cobros.
Seis meses obligada a pagar a la Comunidad de Madrid
Cabe destacar que no todos los casos fueron iguales. De hecho, ElPlural.com ha podido hablar con Esther, en el extremo contrario, entendiendo como tal que ella sí tuvo que pagar durante medio año los costes asociados a unos servicios de los que su padre no estaba disfrutando.
En declaraciones a este periódico, explica que tanto él como su madre -ella ingresa después a tenor de un accidente de tráfico- estaban en una residencia de Alcobendas, pero que en cuanto comienzan las denuncias por los llamados como protocolos de la vergüenza -que impidieron la derivación de los mayores a hospitales, resultando en la muerte de 7.291 personas-, acompañadas por las conversaciones con su madre, decide sacar a ambos del centro.
“Mi madre tenía la cabeza en su sitio, y me contaba minuto a minuto todas las desatenciones que estaban sufriendo a todos los niveles”, expresa, de manera que “cuando veo que se denuncia lo que está pasando y que allí nadie hace nada, decido sacarlos”. “Me hacen firmar un papel como que los saco porque quiero, así que firmo pero añado en el documento que los saco por incumplimiento de contrato, desatención y peligrosidad”, proyecta.
Esto ocurre en abril de 2020, en plena primera ola de la pandemia, y Esther se pone en contacto con la Comunidad de Madrid. “Mi padre venía demenciado, deshidratado y sin poder moverse (…) Necesita 24 horas de cuidados con una persona, porque no duerme, necesita rehabilitación, etc.”
En definitiva, “no puede mantener esos cuidados fuera de casa y al mismo tiempo pagar una plaza que no está utilizando”, dicta. Pese a ello, la región capital insiste: “Acumulaba cartas cada 15 días. La Comunidad diciéndome que tenía que pagar la plaza estuviera o no mi padre dentro, y yo respondiendo que eso no podía ser”.
Le dijeron que su padre había fallecido
Tras recordar lo complicado que es obtener una plaza en propiedad, pero ante la obstaculización constante del Ejecutivo, decide salir del programa de residencias y acogerse al de centro de día y asistencia en casa. “Lo gestionan y en marzo o abril del año siguiente la Comunidad contacta conmigo”; esto, que en principio celebra, no es sino la base de le enésima negligencia de la Autonomía, seguramente la más grave.
En febrero, le dicen que su padre había muerto y que, por lo tanto, desde septiembre hasta entonces no tiene que seguir pagando. Sin embargo, su padre no había fallecido. “Me había cansado de perdonar. No tuvieron la poca vergüenza de ponerse en contacto conmigo para nada salvo para esta miseria, que era falsa y que no se habían molestado ni en mirar”. Ahí, y tras conversar con el director general del mayor, se detienen los pagos, pero el daño ya estaba hecho.
Esther reconoce su alegría tras la victoria de María, lo mismo que las plataformas de víctimas. Carmen López, portavoz de la plataforma Marea de Residencias, afianza que se trata de un “logro colectivo”, y recuerda el modus operandi que llevaba a cabo el Ejecutivo de Ayuso: “Mucha gente pagó ante las amenazas que recibieron de que podían embargarles”.
“En su día nos manifestamos, hablamos con Óscar Álvarez -máximo responsable de las residencias públicas de la CAM que dimitió en 2020- y no encontramos estructura judicial para revertir la situación”, explica. En cualquier caso, concluye, “todo el mundo, especialmente quien se haya negado a pagar habrá recibido la noticia de María como una gran noticia”.
ElPlural.com ha preguntado a la Comunidad de Madrid al respecto de este asunto y, en el momento de publicación de este artículo, no ha obtenido respuesta.