Con el telón de fondo de la tragedia en las residencias de mayores madrileñas durante la pandemia que dejó 7.291 personas fallecidas, así como el proceso judicial que investiga los conocidos ‘protocolos de la vergüenza’, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a cargar contra las asociaciones que velan por la dignidad, la justicia y los derechos de los mayores. Isabel Díaz Ayuso, este miércoles, se ha referido a ellas como “plataformas de frustrados”
Unas palabras que, en consecuencia, han recibido la pronta réplica de las asociaciones. “No somos un grupo de ‘frustrados’, sino de ‘indignados’ con las decisiones criminales que tomó su Gobierno -el madrileño- para no atender en hospitales a las 7.291 víctimas de la pandemia en las residencias”, ahondan desde Marea de Residencias en conversaciones con ElPlural.com.
Bajo estos términos, sitúan de verdaderamente “frustrante el tener a una presidenta que se dedique a insultar a las familias de las víctimas”, reprochando a su vez que “no se digne siquiera a abrir una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para averiguar qué se hizo mal”. En este punto, fue en 2024 cuando el PP de Ayuso rechazó, por octava vez desde junio de 2021, abrir una vía de investigación parlamentaria sobre esta materia. “Más vale que se dedique a mejorar a las residencias, que todos sabemos en qué situación se encuentran”, emplazan al Ejecutivo de la Puerta del Sol desde Marea de Residencias.
Al tiempo, desde Pladigmare (Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en Residencias), en declaraciones a este periódico y en clave de reacción a las palabras de la mandataria del Ejecutivo del Sol, añaden que sienten "frustración y dolor porque la justicia tampoco identifica responsables ni culpables ni causas raíz para poder aprender algo de todo lo que ha pasado" y, en concreto, porque no ven "por parte de la presidenta que haya palabras de consuelo con las familias que perdieron seres queridos sin poder despedirse en situaciones de sufrimiento terrible".
Por ello, instan a Díaz Ayuso a "que tenga la humanidad suficiente para reconocer en qué se equivocó la institución para haber dejado morir a tanta gente sin tener paliativos, porque había dinero suficiente y se destinó a otros sitios". Bajo este marco, desde Pladigmare insisten en que la sensación es de "desaliento" ante la "desatención" a los familiares y sus pérdidas "mientras ella estaba urdiendo en planes y cambiando leyes para para poder el desviar el dinero que no dedicó a estos cuidados": "Nos ha faltado transparencia. Los familiares no necesitan solo consuelo, también reparación y que se reconozca públicamente que las víctimas de la pandemia en ningún momento fueron el objetivo principal, sino que fue económico durante todo el proceso", reiteran.
La líder del PP madrileño se ha referido en la jornada de este miércoles, en rueda de prensa desde San Sebastián de los Reyes, a las asociaciones de residencias como “plataformas de frustrados de la izquierda madrileña”, sobre los que ha señalado que “llevan 143 procesos judiciales perdidos en un país donde han muerto más de 120.000 personas”, entrando así en acusaciones contra el Gobierno central de Pedro Sánchez, pese a que, en materia de gestión de residencias, la competencia es autonómica. “Y desde luego hasta que llegó el 'sanchismo' las sociedades cívicas, las sociedades médicas y los jueces contaban en nuestro país. Hasta que llegó este señor, el rigor jurídico y el rigor científico era el que imperaba y no el de los comités de expertos falsos que nunca hicieron nada más que manipular a la opinión pública, como se pretende hacer ahora”, ha ahondado al respecto Ayuso.
Los ‘protocolos de la vergüenza’, bajo lupa judicial
Bajo el mismo marco, fue este lunes cuando Carlos Mur, exdirector de Coordinación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, prestó declaración judicial, en la que dijo no ser el autor de los protocolos de no derivación de residencias durante la pandemia, sino que “coordinó, revisó, firmó y envió” los documentos a la entonces viceconsejera de Sanidad, Ana Dávila, y cuya consejería entonces corría a cargo de Enrique Ruiz Escudero, ahora senador por el Partido Popular.
A su vez, Mur reconoció que los protocolos de no derivación solo habrían funcionado si las residencias de mayores hubieran estado medicalizadas para atender a los enfermos, admitiendo así el caso del centro Amavir Valdebernardo, donde falleció el hombre que originó la querella de su familia debido a que no contaban con la dotación sanitaria necesaria para atenderle.
Sobre este contexto, desde Marea de Residencias perciben estas palabras como “un punto de inflexión, ya que es la primera vez que alguien señala hacia arriba”. Ante las descalificaciones de Ayuso entonadas este miércoles, la asociación considera que es una respuesta a las palabras de Mur, diciendo que “le han debido de poner nerviosa para que haya salido con esa virulencia insultando nuevamente a los familiares, tratando de echar la culpa de las muertes al Gobierno central”.
Asimismo, Pladigmare añade sobre este respecto que este punto sí que supone un punto de inflexión porque "abre una ventana a la esperanza al entrar el elemento de las responsabilidades", lo cual explican a este periódico que, hasta la fecha, sólo se apuntaba hacia "la elaboración y la ejecución de los protocolos sin tener en cuenta que no se había provisto la medicalización de las residencias": "El hecho de haber firmado los protocolos no condenó a la gente a morir, condenó la gente a morir no tener los medios suficientes para atenderles", subrayan.