Bajo el marco de la investigación judicial en curso contra Ana Belén Millán, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y ‘número 3’ del Partido Popular madrileño de Isabel Díaz Ayuso, por cuatro presuntos delitos de corrupción, además de la polémica suscitada por las falsedades de su currículum académico, ahora ha trascendido que su defensa ha solicitado el sobreseimiento del caso con extensas alegaciones y aducen a razones "puramente políticas y demagógicas" para respaldar esta postura, incluso mencionando en sus líneas a la figura del presidente del Gobierno.
ElPlural.com ha tenido acceso al documento enviado al Juzgado nº 6 de Navalcarnero que instruye la causa y, por la cual, la representación legal de Millán reclama el “sobreseimiento libre o subsidiariamente provisional” del caso judicial aún abierto por cuatro presuntos delitos de corrupción bajo el marco ya conocido del ‘caso Neverland’, una pieza separada de la trama Púnica y sobre el cual la jueza instructora ha decretado otros seis meses de ampliación.
Antes de proceder al detalle de las alegaciones de la defensa de la dirigente del PP imputada, cabe reiterar que su abogado, en el escrito presentado ante el juzgado, suscribe que la instrucción “está agotada” y que, por ende, “el principio de intervención mínima del derecho penal resulta de aplicación para cerrar este procedimiento a la vista de que no hay indicios de criminalidad”.
Bajo estos términos, la defensa de Millán insiste en que “no existe indicio alguno de actuaciones dolosas realizadas con conciencia y voluntad de alterar el procedimiento administrativo para beneficiar a unos y perjudicar a otros, apartándose por completo del procedimiento administrativo”, reiteran.
La defensa alega "delitos inexistentes"
De la misma manera, y en el documento de más de 30 páginas de detallada exposición, el abogado de la imputada alega que, tras cinco años de instrucción judicial, no perciben estos indicios criminales, acusando al tiempo a las partes personadas en el caso, como bien son el PSOE y Más Madrid, de haber incitado un “malentendido revanchismo político”.
"El presente procedimiento está suponiendo un auténtico linchamiento mediático para mi representada, la cual lleva años viendo como, con fines puramente políticos y demagógicos, se la ha condenado públicamente por unos delitos inexistentes, afectando con ello a su honorabilidad y a la de su familia", recoge el escrito y enumerando "80 apariciones" en el centro mediático por esta retahíla de causas aunque es un personaje público con cargos políticos.
Ejemplo de ello, según los argumentos de la defensa de Millán, en la exposición de motivos alega un apartado que reza así: "Incluso en uno de los últimos plenos del Congreso de los Diputados, el Presidente del Gobierno, para defenderse del encarcelamiento e inmutación de sus hombres de confianza en su partido -en referencia a Santos Cerdán y el conjunto de la trama Koldo-, aprovechó para citar el nombre de mi representada como una corrupta a la que el partido en el que milita la premia por ello".
Desde arrendamientos y contratos hasta ingresos en efectivo
Entre los elementos principales de la acusación, la defensa de Millán aborda el arrendamiento de un ático en Arroyomolinos a empresas relacionadas con Alejandro Roselló, afirmando que todos los pagos por alquiler fueron debidamente declarados a Hacienda y que la operación fue legal, sin ocultación alguna y que, a posteriori, se alquiló a terceros tras extinguirse el primer contrato.
En segundo lugar, acerca de la contratación de su hermana Beatriz Millán, la defensa subraya que fue por necesidades reales de personal, y que los ingresos estuvieron debidamente justificados. Lo mismo argumenta respecto a la contratación de Juan Pedro Santos Ceballos, su pareja, alegando que sus salarios eran "acordes al mercado" y que no se ha probado enriquecimiento ilícito.
En cuanto a los ingresos en efectivo detectados en las cuentas bancarias de la dirigente, muchos de ellos anteriores a 2008, aducen a que provienen de contribuciones en metálico de su pareja para gastos comunes, y que, en cualquier caso, “no hay indicios de procedencia ilícita”.
Por consiguiente, una parte sustancial del escrito se centra en cuestionar el trabajo de la Unidad de Control Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la que acusa de haber realizado testimonios sin autorización judicial tras el levantamiento del secreto de sumario, lo que, según argumenta la defensa, vulneraría los derechos de todas las partes personadas. Así las cosas, tildan estas diligencias como nulas de pleno derecho por haberse realizado “sin intervención del Ministerio Fiscal ni del juez”.
Asimismo, argumentan que la instrucción se basa casi exclusivamente en informes de la Guardia Civil, y critican que muchas de las conclusiones se sustentan en “meras presunciones”.
En lo que concierne a los expedientes más en clave administrativa, cualquier eventual irregularidad de esta índole debería resolverse por la vía contencioso-administrativa y no penal, invocando jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la “criminalización del derecho administrativo”.
En clave más política, la defensa de Millán ante la causa judicial pone de relieve la exposición mediática y una presunta utilización partidista del caso, situando en el foco a la oposición del PP en la Comunidad de Madrid, los partidos de izquierda y, en este caso, subrayan que su representada ha sido “condenada públicamente por unos delitos inexistentes”, pese a que la causa judicial continúa en curso sin sentencia firme aún y que, por lo pronto, se extenderá más de lo previsto.