José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha respondido al Ministerio de Consumo tras sacar a la luz un archivo digital en el que se destapan más de 15.000 viviendas turísticas ilegales en la capital. El ministro del ramo, Pablo Bustinduy, ha pedido al regidor madrileño colaboración para atajar estas viviendas ilegales para el uso turístico, pero éste no se lo ha tomado bien y le ha lanzado una dura respuesta.
En respuesta a Bustinduy desde el Retiro, donde ha presentado un busto dedicado a la primera presidenta de Fundación Víctimas del Terrorismo, Ana María Vidal-Abarca, Almeida ha acusado al ministro de “deslealtad institucional” por no haber esperado a reunirse con el Consistorio antes de filtrar estos datos. Así, Almeida considera que es un nuevo intento de hacer oposición desde el Gobierno central que coincide con la celebración este martes del Pleno municipal de marzo. “Las viviendas de uso turístico le son indiferentes”, ha afirmado el regidor.
Además, Almeida ha señalado que Bustinduy “utiliza ese Ministerio, como Pedro Sánchez utiliza el Gobierno, para hacer la oposición al Ayuntamiento de Madrid que no es capaz de hacer Rita Maestre ni es capaz de hacer Reyes Maroto”. “Tenía que ser este lunes sí o sí”, ha reprochado el regidor, considerando que el objetivo es “sacar un titular” con el que “calentar el Pleno de mañana”.
En la misma línea, Martínez-Almeida ha explicado que Consumo les envió una carta la semana pasada solicitando una reunión este lunes, a lo que el Gobierno municipal contestó diciendo que la agenda ya estaba cerrada y pidió otra fecha: “La siguiente noticia que recibimos es que filtra una carta a los medios de comunicación”, ha criticado el alcalde, señalando “esa deslealtad institucional por parte del ministro”, máximo en “una cuestión que es tan grave como las viviendas turísticos de uso ilegal”.
Consumo detecta más de 15.000 viviendas turísticas ilegales
El Ministerio de Consumo ha cifrado en 16.335 el total de los pisos turísticos ofertados en la capital a través de plataformas online, de los que únicamente 1.131 son legales y operan con la licencia pertinente. De esta forma, más de 15.200 viviendas de uso turístico están operando de forma irregular, lo que ayuda a agravar el problema de vivienda que existe en la capital.
Desde Consumo consideran que esta proliferación descontrolada afecta directamente al acceso a la vivienda y está contribuyendo a la expulsión de vecinos de barrios tradicionalmente residenciales. “Está limitando el derecho a una vivienda digna y expulsando de los barrios a buena parte de la ciudadanía”, ha advertido el propio Bustinduy en diversas ocasiones. Ahora, con direcciones, pruebas y nombres sobre la mesa, la petición se convierte en exigencia: retirar los anuncios ilegales y abrir expedientes sancionadores.
Para evitar las acusaciones del consistorio madrileño -aunque no lo ha conseguido-, el ministro de Consumo ha puesto como ejemplo a seguir la actuación de administraciones como el Ayuntamiento de Barcelona, que ha conseguido eliminar miles de anuncios y recuperar parte del parque de vivienda para alquiler de larga duración. También cita el modelo del Consell de Ibiza, donde se han implantado herramientas para detectar la oferta irregular y acelerar la inspección y sanción de pisos turísticos no autorizados.
Además de remitir los datos al Ayuntamiento madrileño, el Ministerio ha iniciado acciones paralelas dentro de sus competencias: en diciembre de 2024 abrió un expediente sancionador a una plataforma de alquiler por incumplir la normativa de consumo al no mostrar el número de licencia. En febrero de 2025, también se procedió contra grandes gestoras que operan como si fueran particulares, vulnerando así los derechos de los consumidores.