El alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha anunciado que presentará una querella contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por vulnerar su honor tras las declaraciones realizadas durante la Junta de Seguridad Local celebrada este viernes en el municipio. El movimiento del regidor llega en un momento especialmente delicado, con una investigación judicial en ciernes por un presunto caso de acoso sexual y laboral denunciado por una exconcejala de su propio partido.
Bautista considera que Martín ha sobrepasado los límites al cuestionar públicamente su continuidad al frente del Ayuntamiento en plena reunión institucional. El delegado del Gobierno, por su parte, defendió su postura a la salida del encuentro, asegurando que el alcalde no debería haber presidido la Junta dada su situación procesal y recordando que, a su juicio, ha “denigrado, amenazado e insultado a una denunciante”.
Choque institucional en plena tormenta judicial
El enfrentamiento entre ambas autoridades se produce en paralelo al avance del procedimiento judicial abierto contra el alcalde. Bautista, que ya la semana pasada descartó dimitir, insiste en que es víctima de una “cacería política” impulsada por el PSOE. Sin embargo, las palabras de Martín elevan la presión institucional sobre el regidor, al cuestionar su legitimidad para continuar en el cargo mientras se investigan hechos de tal gravedad.
El delegado del Gobierno no solo puso en duda su continuidad, sino que vinculó directamente su posición a la existencia de una denuncia por comportamientos que, de confirmarse, tendrían una notable trascendencia penal y política. Este choque institucional añade un nuevo frente a un caso que ya ha escalado desde el ámbito interno del Partido Popular hasta los tribunales.
La Fiscalía pide activar la investigación
El caso ha dado un paso relevante en las últimas horas tras la actuación de la Fiscalía. El Ministerio Público, a través de la Sección de Violencia contra la Mujer, ha solicitado al juez que investigue a Bautista por acoso sexual, atendiendo a la querella presentada por la exconcejala.
En su escrito, la Fiscalía subraya la necesidad de activar las diligencias ante la ausencia de avances desde febrero y muestra su preocupación por el tiempo transcurrido sin que se haya impulsado el procedimiento. La petición incluye la incoación de diligencias previas para esclarecer unos hechos que podrían constituir varios delitos, entre ellos acoso sexual y laboral, coacciones, lesiones, delitos contra la integridad moral y revelación de secretos.
Este movimiento judicial coincide con la admisión a trámite de la querella por parte del juzgado de violencia sobre la mujer de Móstoles, que ha citado a declarar a la denunciante el próximo 29 de junio. Pese a ello, el alcalde ha reiterado que no dimitirá y mantiene su relato de persecución política.
Un relato de acoso sostenido en el tiempo
La denuncia de la exconcejala describe un patrón continuado de conductas inapropiadas que habrían comenzado en 2022, tras su incorporación a la lista electoral del PP. Según su testimonio, el alcalde habría iniciado entonces una serie de insinuaciones, comentarios sobre su físico y propuestas de carácter sexual que ella rechazó.
A partir de ese momento, siempre según la querella, la relación habría derivado en un proceso de acoso laboral. La edil asegura que fue progresivamente apartada de sus funciones, excluida de actos institucionales y sometida a un entorno hostil, con un trato degradante que afectó a su desempeño y a su bienestar personal.
El caso no se limita a su testimonio. Según recoge la documentación aportada, habría testigos dentro del entorno municipal que corroboran parte de los comportamientos denunciados, incluyendo comentarios explícitos del alcalde sobre la concejala.
El silencio del PP y las presiones internas
Uno de los aspectos más controvertidos del caso es el papel del Partido Popular de Madrid. La denunciante sostiene que alertó en varias ocasiones a la dirección regional, incluyendo a figuras como Alfonso Serrano y Ana Millán, sin obtener el respaldo esperado.
Lejos de activar mecanismos internos de protección, la exconcejala asegura que recibió presiones para no acudir a la vía judicial. Entre los mensajes que relata, destacan advertencias sobre el impacto que una denuncia podría tener en su vida personal y profesional, así como en la imagen del partido.
En reuniones mantenidas con dirigentes populares, se le habría llegado a plantear si “merecía la pena” denunciar, apelando incluso a su entorno familiar. Según su versión, el partido priorizó evitar el escándalo público frente a investigar los hechos o protegerla.
Este contexto llevó a la edil a dimitir en octubre de 2024 y abandonar la formación, tras meses de lo que describe como una “espiral de silencio” y desamparo institucional.
Reacciones políticas: exigencias de dimisión
Las reacciones políticas no se han hecho esperar tras los últimos avances del caso. Desde Más Madrid han celebrado la actuación de la Fiscalía, aunque han señalado directamente al PP y a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por haber protegido al alcalde.
En la misma línea, el PSOE ha exigido la dimisión inmediata de Bautista y ha extendido la responsabilidad política a la dirección del PP madrileño, acusándola de amparar al regidor y de haber intentado silenciar a la víctima.
El caso, que comenzó como una denuncia interna, se ha convertido así en un problema político de primer orden para los populares en la Comunidad de Madrid, con derivadas judiciales, institucionales y reputacionales.
Bautista se mantiene firme
Pese a la presión creciente, Manuel Bautista se mantiene firme en su decisión de continuar al frente del Ayuntamiento. El alcalde insiste en que no existe base para las acusaciones y que todo responde a una estrategia política contra él.
Sin embargo, la combinación de la investigación judicial, el pronunciamiento de la Fiscalía y el choque institucional con el delegado del Gobierno dibujan un escenario cada vez más complejo para el regidor, cuya situación podría agravarse a medida que avancen las diligencias.