El Gobierno de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, mantiene cuentas económicas pendientes con los sanitarios a menos desde 2019, año a partir del cual la dirección de Sol ha tenido que indemnizar a un centenar de profesionales de la salud por obligarles a trabajar por encima de sus posibilidades. Además, hay otras 1.000 indemnizaciones en curso en el momento de publicación de estas líneas.
El tema ha resultado mediático en las últimas semanas después de que el sindicato AMYTS, uno de los mayoritarios del gremio, haya dado a conocer que una sanitaria tiene que recibir 8.000 euros del ejecutivo regional por llegar a atender a 64 pacientes en un día, tal y como publicaba hace unos días El País.
Se trata de una profesional que ejerce su labor en el centro de salud de El Puerto -en Coslada, localidad que se encuentra en Corredor de Henares de Madrid-, que manifestó en su demanda y bajo constancia de los equipos jurídicos del sindicato una vulneración a la “integridad” tanto física como mental, forzando con ello a que el Gobierno de Ayuso le tenga que pagar la cantidad mencionada.
Sin plan de prevención de riesgos laborales
“La Comunidad de Madrid no tenía plan de prevención de riesgos laborales en Atención Primaria, ni el desarrollo subsiguiente, ambos obligatorios”, detalla en declaraciones a ElPlural.com el presidente de AMYTS, Daniel Bernabéu. Así las cosas, se ha condenado a los dirigentes madrileños por el “riesgo potencial” de los profesionales de “sufrir lesiones o algún tipo de percance”.
Otra de las reclamaciones históricas de los sanitarios es el de las horas extra. De hecho, es otra de las cuestiones por las que la Consejería de Fátima Matute se ha visto obligada a pagar a más personal, tal y como refleja el caso de un sanitario que denunció al Gobierno madrileño por haber realizado 400 horas extra durante la pandemia del Covid; una cifra muy por encima de lo permitido y que no se vio compensada de ninguna manera.
Sobre aquello, fue Comisiones Obreras (CCOO) la que lamentó que la Consejería de Sanidad no había hecho caso a las peticiones de un trabajador que habría resultado explotado “pese a que había un certificado de la entonces directora general de Salud Pública en el que se reconocían esas horas extraordinarias”. “No tiene sentido que se haya tenido que celebrar un juicio, una vista oral, para reclamar una horas extra cuando además se contaba con ese certificado”.
Para el presente artículo, Bernabéu celebra que la huelga del año pasado consiguió unos mínimos en cuanto al tope de pacientes que los profesionales podían ver los sanitarios, pero todo quedó en poco menos que un espejismo. “Funcionó solo en algunos sitios, dependiendo de la dotación y de que todas las plazas estuvieran contratadas; pero en Madrid existe un déficit de 900 médicos de Atención Primaria, entre médicos de familia y pediatras, y eso hizo que los centros en los que no había suficiente personal se siguieran penalizando a los que estaban”, estima.
“También se intentó que hubiera unas agendas de descarga, en las que todos los pacientes que no se podían ver de acuerdo a los estándares estimados de 34 pacientes máximo para los médicos de familia se vieran como agendas al margen, pero voluntarias”, incide. “Pero fue todo un desbarajuste, porque no se contrataban suficientes médicos, o las condiciones que se les ofrecía no eran suficientemente atractivas en algunos sitios, estas agendas de descarga para agilizar la lista de espera tampoco funcionaron”, añade.
En definitiva, el no cumplimiento de la Comunidad de Madrid de sus promesas a tenor de las protestas sanitarias ha resultado en que “con el paso del tiempo, se haya vuelto a las prácticas antiguas de sobrecargar las agendas”. “Estamos en una espiral”, lamenta la fuente. “La sobrecarga no es el punto principal de la denuncia (…) No puede no existir un plan de prevención al que los profesionales dirigirse en caso de que esa sobrecarga se produzca”, aclara.
Los profesionales madrileños llevan décadas de lucha contra la gestión que ha llevado a cabo la Comunidad de Madrid ya en época de Cristina Cifuentes, Esperanza Aguirre y, ahora, Ayuso; que mantiene la senda de recortes y explotación laboral, según denuncian los trabajadores. Y el caso concreto de la sanitaria, a la que se suman centenares o miles de personas, es solo un ejemplo de ese escenario, para nada halagüeño.