El Ayuntamiento de Águilas (Murcia) ha sacado a licitación la concesión del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento por más de 256 millones de euros, el mayor contrato público en la historia del municipio. El procedimiento, actualmente suspendido cautelarmente por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), quedó paralizado tras un recurso de la empresa AQLARA que denuncia irregularidades en los pliegos, falta de justificación técnica en algunos requisitos y posibles restricciones a la concurrencia.

La adjudicación tiene que ir a Pleno, aunque la tramitación se ha hecho por Junta de Gobierno, en virtud de un controvertido acuerdo impulsado por el secretario municipal, Jesús López López, cuya trayectoria está marcada por un historial de actuaciones opacas, decisiones cuestionadas y denuncias en varios ayuntamientos.

La licitación, publicada en la plataforma privada de contratación VORTAL y no en la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado, contempla una concesión por 25 años y una inversión comprometida de 15 millones. Pero más allá de las cifras, lo que ha generado inquietud es el procedimiento seguido: el Pleno ha delegado en la Junta de Gobierno Local todas las competencias en materia de contratación, incluidas aquellas que superan los límites económicos y temporales que normalmente exigen aprobación plenaria. 

La reciente delegación de competencias, aprobada con el rechazo unánime de la oposición, permite al equipo de gobierno adjudicar concesiones superiores a 6 millones de euros sin pasar por el Pleno, lo que elimina el debate político y el control público sobre las grandes contrataciones. En la práctica, esto deja en manos del secretario municipal, Jesús López López, la preparación de los informes clave, el diseño del expediente y el control jurídico del proceso, sin necesidad de validación previa por parte de los concejales. La Junta de Gobierno se limita así a dar el visto bueno a lo ya redactado por el técnico, siguiendo sus criterios sin deliberación abierta ni votación en sesión plenaria.

Un patrón que se repite en otros municipios

La fórmula no es nueva. Se trata de un modus operandi ya utilizado por Jesús López López en otros municipios como Mazarrón (Murcia), donde también avaló delegaciones similares y aprobó prórrogas millonarias –como la del contrato del agua con Aqualia por 20 años adicionales, y la prórroga de Mazarrón de Aqualia también de 20 años, denunciada por la oposición del PP– sin informes técnicos municipales, basándose únicamente en documentación aportada por la propia empresa concesionaria. La operación fue denunciada judicialmente y recibió el rechazo frontal de la oposición.

López López, habilitado nacional con plaza en Águilas, ha hecho de su carrera una sucesión de acumulaciones de poder técnico y maniobras administrativas que han levantado críticas allí donde ha trabajado. En Torrevieja (Alicante), su participación en el contrato de basuras acabó con la dimisión de miembros de la Mesa de Contratación, que denunciaron presiones. El alcalde acabó prescindiendo de sus servicios por “pérdida de confianza”. En el municipio murciano de Caravaca, fue investigado por su implicación en el fallido proyecto urbanístico del Caso Roblecillo y señalado por sus vínculos con el abogado Juan Rigabert, relacionado con diversas causas por desvío de fondos públicos.

En Águilas, su figura se ha convertido en pieza clave para facilitar adjudicaciones millonarias. Desde su llegada al consistorio en 2016, el secretario ha avalado contratos con empresas como Entorno Urbano (antes La Generala), perteneciente al grupo Hozono Global, y presuntamente beneficiada también en otros municipios bajo su influencia.