¿Cuánto tiempo pasa realmente desde que un médico solicita una prueba hasta que el paciente consigue hacérsela? Las estadísticas oficiales no siempre permiten reconstruir todo ese recorrido. El Ministerio de Sanidad pretendía mejorar esa información con una reforma que reforzaba el cómputo de las demoras desde la indicación médica, prohibía expresamente los registros paralelos e incorporaba nuevos indicadores sobre los pacientes que todavía no tienen cita. Sin embargo, las comunidades gobernadas por el Partido Popular, junto con Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page, rechazaron este viernes la propuesta en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
La decisión supone un revés para Mónica García, cuyo departamento llevaba dos años trabajando con los técnicos autonómicos en la actualización de los criterios establecidos en 2003. El proyecto buscaba ofrecer información más completa sobre las listas hospitalarias, incorporar una medición común en Atención Primaria y facilitar las comparaciones entre territorios. Aunque Sanidad continuará tramitando el real decreto, el desacuerdo dificulta su aprobación antes de las elecciones generales del 29 de noviembre.
La importancia de la reforma reside en qué pacientes aparecen en las estadísticas, desde cuándo se contabiliza su espera y qué ocurre con quienes permanecen pendientes de atención sin una fecha asignada. La normativa vigente ya contempla referencias vinculadas a la indicación médica para determinadas prestaciones, pero el Ministerio considera necesario reforzar los controles sobre las incorporaciones tardías y los registros incompletos.
Las demoras que no reflejan las estadísticas
El sistema actual se rige por el Real Decreto 605/2003, que establece criterios comunes para las listas de espera quirúrgicas, las primeras consultas de especialistas y las pruebas diagnósticas. La reforma pretendía actualizar ese marco para evitar que los trámites administrativos alterasen los tiempos registrados.
Una de sus principales medidas establecía que la espera comenzara a contarse desde la indicación médica, aunque la inscripción formal pudiera producirse hasta cinco días naturales después. La falta de citas disponibles no modificaría esa fecha inicial.
El proyecto también prohibía expresamente las listas, bolsas o registros paralelos de pacientes pendientes de atención fuera del sistema oficial. A ello añadía controles para detectar inscripciones tardías, duplicidades y salidas del registro sin constancia de que se hubiera prestado la asistencia.
Otra novedad consistía en identificar a las personas que siguen esperando sin fecha asignada. Las estadísticas recogerían su número y porcentaje en consultas externas y pruebas diagnósticas o terapéuticas. También se pretendía medir el tiempo acumulado desde la primera indicación de una consulta especializada hasta la obtención de un diagnóstico.
Estos cambios permitirían completar una información que actualmente no se publica de manera homogénea en todo el Sistema Nacional de Salud. No existe, sin embargo, una estimación contrastada de cuántos pacientes adicionales aparecerían con los nuevos criterios ni de cómo variarían las demoras medias.
Mónica García denuncia falta de transparencia y el PP cuestiona la reforma
Las comunidades gobernadas por el PP votaron contra la propuesta junto con Castilla-La Mancha, mientras que País Vasco, Cataluña, Asturias y Navarra la respaldaron, según la información recogida por la Agencia EFE.
La ministra de Sanidad lamentó el rechazo a un proyecto elaborado durante dos años con participación de los técnicos autonómicos. "Las listas de espera hay que reducirlas, no hay que maquillarlas", afirmó García, que acusó a los gobiernos del PP, especialmente al de Madrid, de oponerse a una mayor transparencia por motivos políticos y electorales.
La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, rechazó esas críticas y defendió que el proyecto todavía presenta deficiencias técnicas. Según explicó, faltan informes y no están suficientemente definidas las herramientas de medición. Matute sostuvo que la propuesta necesita más trabajo y acusó al Ministerio de acelerar su tramitación ante la proximidad de las elecciones.
El desacuerdo enfrenta dos posiciones sobre la puesta en marcha del nuevo sistema. Sanidad defiende que permitiría mejorar la fiabilidad de los datos, mientras que las administraciones contrarias cuestionan su desarrollo técnico. El rechazo no demuestra que estas comunidades manipulen sus listas de espera, pero impide por ahora alcanzar un acuerdo sobre los indicadores comunes.
Atención Primaria, pacientes sin cita y más información pública
La reforma también incorporaba, por primera vez, un sistema común para medir las demoras en medicina de familia, pediatría y enfermería, incluida la situación de quienes no consiguen cita por falta de disponibilidad.
El proyecto contemplaba indicadores sobre los pacientes atendidos durante los primeros días, aquellos que esperan más de diez días hábiles y las demoras en la atención domiciliaria. También permitiría conocer la continuidad asistencial con el profesional sanitario de referencia.
En los hospitales se ampliarían los datos según la prioridad y gravedad clínica, prestando especial atención a quienes acumulan las esperas más prolongadas. Sanidad proponía además publicar las estadísticas cada tres meses, en lugar de cada seis, con datos mensuales en formatos abiertos y anonimizados.
Los pacientes podrían consultar su situación en el registro, el tiempo que llevan esperando y la demora estimada. Asimismo, quienes fueran derivados a centros concertados permanecerían en las listas hasta que se confirmase que habían recibido la asistencia indicada.
Más de 850.000 pacientes pendientes de una operación
La controversia llega con las listas de espera entre los principales problemas de gestión de la sanidad pública. Según las estadísticas oficiales del cierre de 2025, posteriormente rectificadas, 853.740 pacientes estaban pendientes de una intervención quirúrgica programada, con una demora media de 122 días. El 21,6% llevaba más de seis meses esperando.
Estas cifras corresponden a la lista de espera quirúrgica estructural, calculada conforme a los criterios vigentes. No permiten determinar cuántos pacientes adicionales podrían identificarse mediante la reforma ni qué efecto tendría sobre los tiempos medios publicados.
Tras la reunión del viernes, Mónica García anunció que mantendrá la tramitación del real decreto y lo someterá a audiencia pública. No obstante, reconoció que parte de su aplicación requiere acuerdos del Consejo Interterritorial sobre los indicadores y requisitos comunes.
El adelanto electoral reduce el margen para cerrar esas diferencias durante la legislatura. Mientras no se apruebe un nuevo sistema, las estadísticas continuarán elaborándose conforme a la normativa vigente, sin incorporar los indicadores adicionales que Sanidad pretendía establecer.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.