Las comunidades del PP cierran la puerta a Sanidad con la reforma de las listas de espera: "Hoy tenían una oportunidad"

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han vuelto a dar la espalda a una negociación en el Ministerio de Sanidad, en esta ocasión, sobre la reforma de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El Real Decreto 605/2003 elaborado por el departamento estatal de Mónica García ha presentado ante el Consejo Interterritorial, tras dos años de negociaciones internas, un borrador de propuesta cuyo objetivo radicaba en mejorar la credibilidad y transparencia de las estadísticas de demora, es decir, medir mejor a los pacientes en espera, no reducir las propias listas. 

Finalmente, la reforma no ha salido adelante y el margen de retomar las conversaciones ha quedado extinguido ante el adelanto de las elecciones generales, por lo que habrá que esperar si el próximo Gobierno, del color político que pueda ser, retomará o no el proyecto legislativo. El mecanismo más novedoso que vertebraba esta modificación se cernía sobre la inclusión del paciente en la lista desde su primera consulta con el médico, pasando por la prueba pertinente sobre su caso concreto, para afinar más el tiempo hasta que es operado o tratado. 

Cabe matizar que las cifras públicas sobre las listas de espera se publican dos veces anualmente a partir de los datos que aportan las propias comunidades autónomas, aunque no se recogen las esperas en Atención Primaria ni las pruebas diagnósticas. Sobre este caso, se pretendía incluir la Atención Primaria en un sistema nacional homogéneo en clave informativa para medir las consultas de medicina de familia, pediatría y enfermería desde el momento en que se solicita la cita. Una información que sería transparente y accesible y organizada por sexo, edad, prioridad clínica y otras variables socioeconómicas. 

El texto de Sanidad implementaba también prohibir “las listas, bolsas o registros paralelos” de pacientes que no estén en el sistema oficial, sumándose a ello que toda baja médica debería estar documentada y justificada por un motivo concreto. De esta manera, los pacientes permanecerán en el registro de lista de espera hasta que hayan recibido la atención, así como cuando sean derivados a un centro concertado en caso de que sea necesario. En caso de que rechacen una alternativa asistencial, continuarán en la lista y conservarán la antigüedad desde la fecha inicial de indicación, aunque pueda verse afectada la garantía de tiempo máximo. 

Las comunidades del PP rechazan la reforma y la ministra lo califica de "irresponsabilidad política"

Ante el nuevo voto en negativo de los territorios gobernados por el PP de Alberto Núñez Feijóo, la titular de Sanidad ha tachado esta actitud de “irresponsabilidad política” por haber bloqueado “una medida que era fundamental para los pacientes y los ciudadanos de este país, para tener unas listas de espera que fueran fiables y confiables”, ha lamentado. 

En comparecencia posterior a la reunión del Consejo Interterritorial del que ha emanado esta decisión, García ha reprochado que, de esta manera, sigue sin darse respuesta a “un problema mayor” como es el acceso al sistema sanitario público: “Son dos años trabajando con los técnicos, específicamente sobre cómo traíamos unos nuevos indicadores para homogeneizar la obtención de datos de las listas de espera. Hoy tenían una oportunidad, lo trajimos en julio y votaron que no; lo hemos vuelto a traer, han vuelto a decir que no”, ha condenado. 

Las CCAA del PP vuelven a votar en contra de la reforma de las listas de espera. Mientras sus pacientes esperan meses para ser atendidos, hoy vuelven a bloquear dos años de trabajo de sus propios equipos técnicos para conseguir datos fiables, transparentes y comparables. https://t.co/KiojdRL5rM

— Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 23, 2026

La oposición a sumarse a esta reforma ha venido de la mano de voces del PP territorial, como ha sido el caso de la consejera de Sanidad del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, quien ha acusado a la ministra de prohibirle hablar en la reunión. “Me parece muy grave porque se ha vulnerado un derecho absolutamente no solo constitucional, sino institucional como representante de todos los madrileños”, ha denunciado Fátima Matute. 

Sobre la negativa a apoyar el decreto de las listas de espera, la consejera madrileña ha ahondado en que no ha conseguido una mayoría absoluta de las comunidades autónomas porque “faltan informes oficiales y no es una norma preparada”, pese a los dos años en elaboración que ha mencionado la ministra.