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Marea Blanca Andalucía ha protagonizado este martes una jornada de movilizaciones frente al Parlamento andaluz para exigir un giro radical en las políticas sanitarias de la comunidad y rescatar del cajón la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en defensa de la sanidad pública, un texto respaldado por cerca de 60.000 firmas en septiembre de 2025, que pedía recuperar los niveles de calidad de la sanidad pública y que decayó la pasada legislatura por la convocatoria electoral. Ahora, las Mareas esperan que se reinicie su debate en el Parlamento. Por lo pronto, en esta misma jornada esta iniciativa se ha debatido en la Comisión de Sanidad.
La protesta ciudadana, que ha coincidido con el inicio de los debates parlamentarios sobre la ILP, ha arrancado al mediodía con un recorrido reivindicativo desde el Instituto Anatómico que ha incluido una llamativa acción teatralizada bajo el lema "Entierro de la sanidad". Con este acto simbólico, portavoces y colectivos sociales han querido denunciar la precariedad extrema del sistema y la urgencia de proteger un servicio público esencial frente a lo que consideran un proceso de deterioro continuado. La jornada se completa por la tarde con una concentración a las puertas del Parlamento andaluz.
Esta premisa, acompañada de un 'tipo' de cura, nace como un doble sentido; tanto al "entierro" a causa de las políticas del Gobierno PP-Vox como al recuerdo al acuerdo alcanzado entre el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y los obispos en Andalucía, a través del que se transfieren hasta 7,8 millones de euros a la dióceses andaluza durante los próximos cuatro años para prestar asistencia espiritual en los hospitales.
En total, el acuerdo permite contratar a 117 capellanes católicos, que percibirán un salario bruto anual de 18.8496,72 euros, la mitad para los que trabajen media jornada. Tras el acuerdo, los obispos tendrán garantizada la entrada a los recintos sanitarios sin sujeción a horarios estrictos, únicamente para cuando los enfermos así lo soliciten. Además, los hospitales tendrán que garantizar un espacio adecuado dentro de sus instalaciones obligatoriamente, que estará reservado a la oración y al culto.
La protesta
Durante la movilización, los portavoces de la plataforma han alzado la voz para reprochar al Gobierno de la Junta de Andalucía de PP y Vox que desestime las demandas sociales tachándolas de meras "consignas políticas".
Teresa Almagro y Luis González, representantes de Marea Blanca, han defendido que su postura no responde a ideologías, sino a datos contrastados y evidencias científicas irrefutables. En este sentido, han advertido de una realidad alarmante: en Andalucía se están produciendo muertes evitables derivadas de la tardanza en los diagnósticos. Según han señalado, los estudios evidencian que los pacientes andaluces diagnosticados de cáncer mueren antes y en mayor proporción que en el resto del Estado debido a los colapsos asistenciales y a las demoras intolerables, como meses de espera para pruebas críticas o biopsias.
Uno de los ejes principales de la denuncia de Marea Blanca radica en el destino de los recursos públicos. Aunque el Ejecutivo andaluz presume de contar con los presupuestos sanitarios más elevados de la historia, la plataforma denuncia que una parte sustancial de esos fondos públicos termina fluyendo hacia centros, entidades y aseguradoras privadas, cuya finalidad primordial es la obtención de beneficios económicos.
Desde la plataforma insisten en que la salud es un derecho fundamental y no una mercancía sujeta a las leyes del mercado. Advierten de que la proliferación exponencial de hospitales y clínicas privadas en las grandes urbes andaluzas, como Sevilla y Málaga, no responde al azar, sino a la certeza empresarial de que el desvío de fondos públicos y el crecimiento de los seguros privados garantizan un retorno lucrativo a costa de debilitar la red asistencial pública.
La ILP
La Iniciativa Legislativa Popular que esta semana (re)inicia su trámite parlamentario se sitúa en el centro de un intenso debate en Andalucía. Avalada por el respaldo masivo de decenas de miles de firmas y el sostén de plataformas, colectivos sociales y organizaciones de pensionistas, la propuesta exige un rescate urgente de la red sanitaria autonómica. El texto busca blindar la Atención Primaria mediante una inyección presupuestaria y de personal que garantice la accesibilidad y devuelva la capacidad preventiva a los centros de salud, al tiempo que plantea frenar en seco la dinámica de privatizaciones y conciertos para priorizar la gestión directa de los recursos públicos. Asimismo, la ILP exige la puesta en marcha de un plan de choque contra las listas de espera que prevenga diagnósticos tardíos en patologías graves y reclama estabilidad laboral para retener el talento de los profesionales sanitarios en la comunidad. Pese a la amenaza latente de que la mayoría parlamentaria tumbe el texto en comisión, Marea Blanca ha advertido a las instituciones de que mantendrá la presión en las calles bajo la premisa de que la defensa de la salud pública trasciende a las siglas políticas.
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