Una huelga docente no se sostiene durante semanas por capricho. Nadie pierde salario, altera el calendario de su alumnado y se expone al desgaste público porque sí. Cuando miles de profesoras y profesores llegan a ese punto, conviene dejar de mirar la protesta como una molestia y empezar a preguntarse qué está pasando dentro de las aulas.
Y lo que está pasando en la educación pública valenciana no se arregla con comunicados, ni con frases solemnes, ni con reuniones que acaban igual que empiezan. Se arregla escuchando, cediendo y poniendo recursos encima de la mesa. Justo lo que el Consell de Juanfran Pérez Llorca no ha sabido —o no ha querido— hacer.
La huelga indefinida del profesorado valenciano comenzó el 11 de mayo y ha alcanzado ya su cuarta semana, con protestas, concentraciones y una acampada en la plaza de la Virgen de València para exigir una negociación seria. No hablamos, por tanto, de una protesta simbólica ni de una queja pasajera. Hablamos de un conflicto enquistado que la Generalitat ha dejado crecer hasta convertirlo en una crisis educativa y política.
La Generalitat ha tratado esta huelga como un pulso. Y ese ha sido el gran error. La consellera María del Carmen Ortí Ferrer y el secretario autonómico Daniel McEvoy Bravo han actuado como si el objetivo fuera aguantar más que los sindicatos, no resolver el conflicto. Pero una administración pública no gana cuando consigue cansar a quienes protestan. Una administración gana cuando soluciona un problema antes de que se pudra.
El profesorado no pide privilegios. Pide algo bastante más básico: poder trabajar en condiciones dignas. Menos ratios, más plantilla, menos burocracia, mejores salarios, infraestructuras decentes, climatización, atención real a la diversidad y una defensa seria del valenciano. Dicho de otra forma: pide que la escuela pública pueda funcionar sin depender permanentemente de la vocación, el esfuerzo extra y la paciencia infinita de sus trabajadoras y trabajadores.
Porque esa es una de las grandes trampas del discurso oficial. Se habla mucho de vocación, pero muy poco de medios. Se da por hecho que las maestras y los profesores siempre acabarán compensando lo que falta: la baja que no se cubre a tiempo, el aula saturada, el papeleo absurdo, la atención individual que no llega, el calor insoportable, el centro deteriorado, la falta de especialistas, la sobrecarga emocional. La vocación no puede ser la excusa barata para sostener un sistema educativo tensionado.
El rechazo del profesorado a la propuesta de Educación ha sido contundente. En la consulta impulsada por STEPV, CCOO y UGT, con más de 30.000 docentes participantes, el 91% rechazó la propuesta global de la Conselleria y el 80% se manifestó a favor de mantener la huelga. El dato no es menor: cuando una mayoría tan amplia dice que no, quizá el problema no es que el profesorado no haya entendido la oferta. Quizá el problema es que la oferta no responde a la realidad. Y la realidad es tozuda. No se puede hablar de calidad educativa con aulas masificadas. No se puede presumir de inclusión sin personal suficiente. No se puede exigir innovación mientras se ahoga a los centros en burocracia. No se puede defender la igualdad de oportunidades si hay centros que arrastran problemas de infraestructuras durante años. No se puede decir que se respeta al profesorado mientras se le pide que haga cada vez más con menos.
El Consell ha intentado vender como avance una subida salarial progresiva de 200 euros brutos mensuales hasta 2028, repartida en 75 euros en 2026, otros 75 en 2027 y 50 en 2028. Pero el conflicto no se resuelve solo con una cifra, y menos aún con una cifra diferida en el tiempo. El profesorado reclama salario, sí, pero también ratios, plantillas, burocracia, condiciones de trabajo, valenciano e inversión real. Reducirlo todo a una oferta económica parcial es una forma cómoda de esquivar el fondo del problema.
Pérez Llorca debería haber entendido desde el principio que este conflicto no era un asunto menor de Conselleria. Era, y es, una crisis política. Porque la educación pública no es un departamento más: es uno de los pilares de cualquier sociedad democrática. Cuando las aulas se paran durante semanas, cuando hay acampadas, concentraciones, familias movilizadas y malestar acumulado, el president no puede limitarse a mirar desde la distancia. Presidir también es hacerse cargo de los conflictos incómodos.
Ortí Ferrer tampoco puede salir indemne de esta gestión. Una consellera de Educación no está para ganar titulares ni para administrar el desgaste de una huelga. Está para cuidar el sistema educativo. Y cuidar el sistema educativo significa escuchar a quienes lo sostienen todos los días, no tratarlos como un problema de orden interno. El profesorado no es el obstáculo para que la escuela funcione; es precisamente lo que evita que la escuela se venga abajo.
Daniel McEvoy Bravo, como secretario autonómico, ha tenido también un papel clave. Y cuando una negociación se alarga, se rompe, se reabre, vuelve a encallarse y termina generando más indignación que confianza, alguien debe asumir responsabilidades. No basta con convocar mesas. Hay que llegar a ellas con margen real para negociar. Si todo está decidido de antemano, no es diálogo: es escenificación.
El inmovilismo ha sido el peor mensaje posible. Porque cada día sin acuerdo no solo desgasta al profesorado. Desgasta también a las familias, al alumnado y a la confianza en la administración. El Consell parece haber pensado que resistir era una muestra de autoridad. No lo es. Resistir por resistir, cuando el conflicto afecta a la educación pública, no es firmeza: es irresponsabilidad.
Y luego está la imagen que nadie debería normalizar: una profesora jubilada de 68 años empujada por la espalda durante una protesta educativa en València. La mujer presentó denuncia y la Policía Nacional abrió expediente disciplinario al agente implicado. Según las informaciones publicadas, los hechos ocurrieron en el entorno de la Conselleria de Educación, en plena movilización docente. Esa escena no es una anécdota incómoda que pueda pasar de puntillas. Cuando una maestra jubilada acaba en el suelo por defender la escuela pública, algo se ha roto mucho antes en la gestión política del conflicto.
Una huelga educativa no debería acabar convertida en un problema de orden público. No se resuelve con tensión policial, ni con puertas cerradas, ni con calculadoras electorales, ni con la esperanza de que el cansancio haga callar a la gente. Se resuelve con política. Con política de verdad. De la que escucha, reconoce errores y firma compromisos verificables.
También conviene decirlo claro: intentar enfrentar a docentes y familias sería una salida miserable. Las familias pueden estar cansadas, preocupadas o molestas, claro que sí. Pero muchas saben perfectamente que esta huelga no va contra sus hijas e hijos. Va por ellos. Va por aulas donde se pueda aprender mejor, por centros con más recursos, por profesorado menos agotado, por una atención más humana, por una educación pública que no funcione al límite de sus fuerzas.
La escuela pública valenciana no necesita parches. Necesita compromisos concretos. Calendario, presupuesto y garantías. Si se habla de reducir ratios, que se diga cómo, cuándo y con qué plantilla. Si se promete menos burocracia, que se eliminen cargas reales, no que se cambien formularios por otros formularios. Si se anuncian mejoras salariales, que no se presenten como una limosna diferida. Si se habla de infraestructuras, que se pongan fechas. Si se defiende la inclusión, que se contrate personal. Si se habla del valenciano, que se haga con respeto y con políticas claras, no con ambigüedades calculadas.
El profesorado ha hecho algo que incomoda al poder: ha obligado a mirar donde el poder no quería mirar. Ha puesto sobre la mesa que la educación pública no se sostiene sola, que detrás de cada centro hay profesionales agotadas, equipos directivos sobrepasados, familias preocupadas y alumnado que merece más que discursos. Y esa incomodidad explica, en parte, la reacción fría del Consell.
Pero gobernar no consiste en esperar a que pase el temporal. Gobernar es saber cuándo toca moverse. Y aquí toca moverse ya. Pérez Llorca, Ortí Ferrer y McEvoy Bravo todavía pueden elegir entre dos caminos: convertir este conflicto en una derrota colectiva o asumir que rectificar también es gobernar.
La huelga docente no ha creado el problema. Lo ha hecho visible. Lo ha sacado de los claustros, de los pasillos, de los despachos de dirección y de las reuniones eternas. Lo ha colocado en la plaza pública. Y ahora ya no vale mirar hacia otro lado.
Porque si quienes enseñan tienen que gritar durante semanas para que quienes gobiernan escuchen; si una docente jubilada acaba empujada en una protesta por defender la escuela pública; y si aun así el Consell sigue pensando que el problema es la huelga, entonces el diagnóstico es claro: no falla el profesorado. Falla quien gobierna. Y cuando falla quien gobierna la educación, quien paga las consecuencias es todo un país: cada aula, cada familia, cada niña y cada niño que merece algo mejor.
Antonio J. Rodríguez Soler
Miembro de la Ejecutiva del PSOE en Elche
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