La cita con las urnas de la ciudadanía extremeña inaugurará el próximo 21 de diciembre el nuevo ciclo electoral que batirá a Partido Popular (PP) y PSOE y en el que Vox espera tener mucho que decir y la izquierda más allá de los socialistas resistir. El movimiento de María Guardiola, actual presidenta de la Junta, ha colocado a la autonomía en el ojo del huracán, cargado de vientos de corrupción. Todo territorio dominado por los conservadores parece gozar de un chiringuito público en el que colocar a sus allegados y Extremadura, con su GPEX, no iba a ser menos.

Guardiola ni siquiera lleva una legislatura al frente del Gobierno, pero las acusaciones de favoritismo y enchufismo se acumulan a las puertas del Conventual Santiaguista. La Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEX), sociedad anónima de capital 100% público y que emplea a 1.300 personas, es la principal señalada. Después de que el anterior director general abandonase su puesto para cubrir la vacante del consejero con currículum falso destapado por ElPlural.com, el ascenso de una exconcejal y exdiputada del PP, Eva Pérez Zamora, después de obtener una polémica plaza en el propio organismo un año antes, ha reavivado las críticas.

La oposición clama ante el proceder de la presidenta de Extremadura y acusa a su Ejecutivo de utilizar el GPEX como una “agencia de colocación del PP”. Al más puro estilo Madrid Network, chiringuito creado por Esperanza Aguirre en la capital y del que salió Isabel Díaz Ayuso, los socialistas aseguran que, desde que llegó Guardiola al poder, en la empresa público no para de contratarse a familiares, amigos y personalidades cercanas a su formación. “Está permitiendo que se coloque en empresas públicas a gente de su partido”, denuncian en conversaciones con ElPlural.com.

Un proceder que podía verse venir cuando PP y Vox se aliaron para eliminar el mínimo control al que se sometía a los altos cargos. Concretamente, los de Guardiola y la extrema derecha eliminaron nada más llegar al poder las comparecencias a la que estas personalidades tenían que asistir antes de asumir su puesto de responsabilidad y en las que, sin capacidad de veto, únicamente se presentaba sus currículums y se daba la posibilidad a las formaciones políticas de realizar preguntas. Una auditoría que a Guardiola resultaba excesiva.

Por esta razón, Pérez Zamora, la nueva directora general del GPEX, no tendrá que defender sus capacidades para ocupar su nuevo puesto ni tendrá que dar cuenta de las preguntas que la oposición pudiera realizarle. El acceso a su puesto como asesora del departamento de Recursos Humanos, a través de una convocatoria que el PSOE califica de “traje a medida”, su relación con el PP después de ser concejal y diputada del partido o el reconocimiento de haber copiado en una oposición son algunas de las cuestiones que podrían haberse planteado.

La directora y más colocados en el GPEX

“El proceso de contratación, lejos de ser una competición limpia, parece haber sido un traje a medida para recolocar a un perfil afín al PP en el corazón de una empresa pública clave”, denuncian desde el PSOE. “Entró porque era del Partido Popular”, resumen una suerte de proceso de selección. “Estamos ante un caso de manual de traje a medida, que no responde al mérito ni a la capacidad, sino a una estrategia de colocación política dentro de la estructura pública”, añaden, asegurando que esto “alimenta las sospechas de una gestión cada vez más opaca y partidista de Guardiola”.

Sin embargo, esto no parece haberse quedado en un caso aislado. Las raíces del GPEX se extienden mucho más allá de la Dirección General y diferentes voces apunta a este periódico otros supuestos en los que personalidades afines al PP han llegado a puestos indefinidos de alto grado. Es el caso del cuñado de uno de los pesos pesados de la formación en Badajoz, Pilar Gómez de Tejeda; de un exmiembro del PP de Guareña; una amiga persona del anterior director y actual consejero; o de una exconcejala de Arroyo de Luz.

Este y otros movimientos son vistos por el resto de formaciones políticas de Extremadura como un “uso de una empresa pública como GPEX” y la “instrumentalización del sistema de contratación laboral pública con fines partidistas”. Especialmente grave, consideran, es el caso de Pérez Zamora. “No estamos ante un nombramiento político legítimo ni ante un proceso transparente, sino ante una contratación dirigida, ejecutada desde una posición de poder y con una finalidad política: colocar a una persona afín al Partido Popular dentro de la estructura de la Junta de Extremadura”, zanjan.

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