El pasado 29 de octubre quedó grabado en la memoria colectiva como el día de la catastrófica dana que se llevó la vida de 228 víctimas mortales. Aquel día, mientras las torrenciales lluvias atacaban la Comunitat Valenciana provocando desbordamientos y el caos en calles y viviendas, también se reunía, en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), el núcleo de mando encargado de gestionar la emergencia más grave en décadas. En ese espacio cerrado, donde la urgencia debía traducirse en decisiones rápidas y efectivas, se estaban grabando imágenes no solo por la televisión autonómica À Punt, sino también por un cámara de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) según ha confirmado elDiario.es. Este trabajador, que grabó dicho material y estaba vestido con el chaleco rojo oficial del departamento, se ha convertido en un elemento crucial en la investigación judicial
El material que captó el cámara de Emergencias incluía recursos de la reunión del Cecopi, algunas intervenciones previas de los Bomberos y la comparecencia del presidente Carlos Mazón tras su llegada tardía a l’Eliana. Ese material, como se hace siempre en estos casos, se entregó a la Generalitat.
Aunque esta grabación tuviera lugar, el Cecopi de aquel día no dejó constancia oficial en vídeo de sus deliberaciones, provocando que la jueza de Catarroja que instruye la causa asegurara en su momento una “falta de documentación” en autos. Por tanto, en ese vacío de registros, cualquier fragmento de grabación cobra un valor inmenso, no solo para la justicia, sino también para las familias de las víctimas, que buscan algo de verdad y de claridad en medio de tanto dolor.
Y es que las grabaciones de Emergencias, complementando las que grabó À Punt, constituyen en total seis minutos de vídeo que, hasta la fecha, son el testimonio sonoro más largo del Cecopi. Antes de eso, lo único que había era un registro de poco más de un minuto grabado por José Ángel Núñez, jefe de Climatología de Aemet, considerado por la magistrada como “plenamente lícito”.
La productora detrás de la cámara
La Generalitat mantiene desde hace cuatro años un contrato con una productora audiovisual de Castelló que se encarga de dar soporte en situaciones de emergencia.
Según los documentos, el equipo debe estar disponible las 24 horas de los 365 días del año para proporcionar “servicios reales que suceden de forma imprevista”. El operador tiene un máximo de una hora para llegar al lugar, y se ocupa no solo de grabar videos, sino también de entrevistas, declaraciones y de la “atención a medios de comunicación que se personen en el lugar del servicio”. Todo lo grabado se entrega periódicamente a la Generalitat tanto en bruto como editado, pasando a formar parte del archivo audiovisual de la SGISE, la sociedad pública que gestiona estos servicios, “quien podrá reproducirlos, publicarlos y divulgarlos, total o parcialmente”.
En las imágenes de À Punt, que la cadena autonómica emitió sin sonido, puede verse al operador de esa productora hablando con la responsable de prensa del Cecopi, Aurora Roca. Y según los propios contratos, "un interlocutor autorizado de la SGISE decidirá si se distribuyen imágenes del servicio en cuestión y, en su caso, cuáles son las idóneas”.
Aquel 29 de octubre también estaba presente en el complejo de l’Eliana el entonces director gerente de la SGISE, Raúl Quílez. Algunos de las personas presentes en la reunión aseguran que fue uno de los técnicos que más intervinieron en la reunión, y que, por tanto, él como la responsable de prensa están citados como testigos en la causa.
El micrófono que abrió más dudas que respuestas
Casi a las ocho y media de la tarde fue cuando Carlos Mazón llegó al Cecopi, acompañado de su jefa de prensa, Maite Gómez. Poco después, a las 21:20, compareció ante los medios y pidió a la población que buscara refugio en altura, consejos calificados por la jueza de “completamente inútiles”.
En esa comparecencia aparece un micrófono con el logo oficial de la Generalitat, unas imágenes que fueron publicadas en la página web de Presidencia y difundidas a los medios. Pero la gran incógnita sigue en pie: si el equipo audiovisual de Presidencia grabó algo más, que pueda ser clave para la investigación.
La acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha pedido que se requiera a Presidencia de la Generalitat todo el material, incluido el bruto sin editar. Su escrito señala: “Un operador de cámara, con chaleco rojo de emergencias, graba a los participantes en la reunión desde posiciones y ángulos diferentes a los de la grabación que efectuó el canal oficial de la emergencia, À Punt”. Dicho material es calificado como de “extraordinario interés”.
La jueza también planteó a À Punt la entrega voluntaria del vídeo bruto que se grabó en la reunión y que se difundió sin sonido, escudándose la cadena en el código deontológico después de que la responsable de prensa de Emergencias pidiera expresamente que no se difundiera con audio.
Fue Televisión Española quien destapó la existencia de ese vídeo. Un documento que contradice las declaraciones de la exconsellera Salomé Pradas, actualmente investigada, y que recoge palabras de testigos clave, como el exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset.