El gobierno de la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, reformó al menos siete centros educativos sin someterlos a concurso y con facturas troceadas. Al proyecto que desvelaba elDiario.es y del que se hacía eco ElPlural.com hace unas semanas correspondiente al complejo educativo Ciudad Escolar se suman otros cuantos en situación similar a la que la prensa denunciaba por aquel entonces.
Por partes, a principios del mes de julio saltaba a la palestra que el Ejecutivo de la lideresa regional construyó al menos dos centros de Formación Profesional (FP) sin contrato, fuera del presupuesto, sin expediente oficial y sin control económico alguno. De estos dos supuestos, uno de ellos se ha enviado a la Fiscalía, órgano que lo está investigando por indicios de delito de corrupción.
Lo que se conoció en ese momento fue que la Consejería de Educación, dirigida ahora por Emilio Viciana, edificó al menos dos centros sin contrato, fuera de presupuesto y sin expediente público, incumpliendo con ello la Ley 9/2017 de contratos del sector público. Lo que es lo mismo, el departamento público no sacó a concurso unas obras que sí lo requerían al tratarse de reformas con un coste superior a los 40.000 euros más IVA y se llevaron a cabo a dedo.
Para saltarse el proceso sin levantar sospechas se troceó el coste de las obras en varias facturas de un precio inferior al mencionado justo arriba de estas líneas, haciéndolas pasar de esta manera como documentos independientes -que podrían ser perfectamente de procesos distintos- llegados desde diversos institutos y centros públicos de los que salía dinero a distintas filiales de la misma empresa.
El escándalo afectaba en principio a dos de los centros educativos más grandes de Madrid, aunque ahora se ha sabido que el proceso llevado a cabo por la Consejería de Educación fue el mismo en al menos otros cinco. Por partes, el primero que se conoció fue el relativo al complejo escolar de Ciudad Escolar, donde se levantó un hospital escuela para que los alumnos de la vertiente de FP sanitaria hicieran prácticas con un presupuesto de 2,4 millones de euros. La operación se realizó en 2021 con la finalidad de que en caso de pandemia pudiera hacer las veces de hospital. En concreto, tanto el director de los institutos que conforman este complejo -el Ciudad Escolar y el instituto Hotel Escuela- pusieron más de 700.000 euros de sus cuentas y dejaron a deber más de 1,6 millones de euros.
El proyecto de uno de estos centros se encargó “desde arriba” al empresario y dueño del grupo Virelec, Gabriel Navarro. En el portal de contratación de la región no aparecía absolutamente nada de la obra ya que, como se ha especificado, se utilizó la vía del contrato menos a pesar de que el presupuesto inicial se disparaba hasta los 2,46 millones de euros, lo cual, recordamos, obligaba a sacar el proyecto a concurso público.
En este escenario es la Fiscalía la que deberá ahora dirimir de qué manera se saltaron los controles durante al menos tres años, cuál es el origen del dinero y quién es fue el encargado de apañar el proyecto.
Por el momento, del informe oficial se desprende el nombre del que fuera subdirector de Formación Profesional del Ejecutivo autonómico Alfonso Mateos, que fue cesado precisamente por este caso, y quien a priori concertó y organizó los pagos.
Al poco de este procedimiento -ya en 2022- se llevó a cabo uno similar con la Escuela de Arte Alcalá para pagar 1,2 millones de euros. En su caso, se levantó un centro de diseño y arte también de FP después de demoler una planta de más de mil metros cuadrados. Los pagos se realizaron desde el Instituto Antonio Machado, el Conservatorio Profesional de Música y la propia Escuela de Arte, también de manera fraccionada.
Cinco casos más
Ahora se ha conocido, según acredita elDiario.es, que hay al menos otros cinco centros educativos, algunos de ellos de secundaria, en los que se llevaron reformas al margen de la ley.
Los contratos a los que se hace referencia constan de cientos de miles de euros que se trocearon en facturas de, por lo menos, 40.000 euros más IVA para hacerlos pasar por un contrato menos y evitar de esta manera todos los controles económicos a los que la legislatura de la Comunidad de Madrid obliga con aquellas obras de superiores a este coste.
Personal de los centros y constructores, además de documentos, vendrían a confirmar el escándalo. En otro orden de cosas, obedece al mismo delito por el que la líder de Junts, Laura Borrás, fue condenada a cuatro años de prisión por prevaricación