El gobierno de Isabel Díaz Ayuso lleva meses acorralado por el escándalo de los centros de Formación Profesional (FP), una investigación que demuestra que el Ejecutivo de la presidenta levantó durante su anterior legislatura varios centros educativos a través de contratos fraccionados -dividiendo obras faraónicas en documentos menores- que no sacó a concurso. Hasta este martes eran siete los proyectos sobre los que se cernía la sombra de la ilegalidad. A ellos hay que sumar un octavo ya confirmado: el del IES Ignacio Ellacurría.
Se trata de un centro que la presidenta regional presentó por todo lo alto durante lo más duro de la pandemia -en mayo de 2020-, aunque no fue hasta febrero de 2021 cuando la baronesa se desplaza hasta Alcorcón para inaugurar un instituto que iba a ser “pionero y referencia de la educación online en nuestro país”. Un tiempo récord, sin duda, que contaba con un presupuesto inicial de medio millón de euros.
Sin embargó, la realización de este hub de primer nivel tecnológico que desde Sol vendieron a bombo y platillo se llevó a cabo de manera ilegal, saltándose también todos los controles, la Ley de Contratos del Sector Público y repitiendo un modus operandi que, se ha demostrado, era habitual -la fracción de facturas-, una práctica que encaja en el tipo penal de los delitos de corrupción y prevaricación.
Esta gestión va en contra de la Ley de Contratación del Sector Público, que considera contrato menor los que se emplean para aquellas cuestiones que cuestan, como máximo, 40.000 euros. Cualquiera que se encuentra por encima de esa cantidad, debe someterse a concurso público. Nada de esto ocurrió, ya que la Consejería que ahora dirige Emilio Viciana escogió a dedo las empresa que harían la obra y dividió los conceptos para, de esta manera, hacer pasar una obra general por varias más detalladas (pintura, ventanas, baños…)
Desvío de dinero entre municipios
Sin embargo, en el caso que concierne a la redacción de estas líneas hay algo más. Desde el gobierno autonómico se planeó un sistema de transferencia de fondos a otro instituto -ubicado en Móstoles- para que la obra se pudiera hacer fuera del radar de la Intervención y la fiscalización económica, según explica eldiario.es. En concreto, desde Sol se ingresaron más de 200.000 euros al instituto Luis Buñuel, situado en el municipio limítrofe, como si dicha cantidad fuera a parar a él. A partir de aquí, se dio la orden a este centro para abonar las facturas de las constructoras que estaban levantado el edificio en Alcorcón y, una vez que disfrutó de personalidad jurídica propia, asumió los pagos desde sus cuentas hasta alcanzar la cantidad total de la obra con facturas fraccionadas.
Todo es opacidad en este asunto y nadie responde; o no lo suficiente. Ni el dueño de las empresas -que solo admite que hizo obras allí- ni el centro, ni la Consejería, ni el Portal de Transparencia, ni la dirección del Ignacio Ellacurría. No obstante, hay voces conocedoras del funcionamiento del departamento y de estos casos que relatan que fue el subdirector de FP entonces, Alfonso Mateos, quien ordenó el trasvase de dinero entre las localidades del sur de Madrid. Es persona de referencia para los directores de los centros que hicieron obras que ahora se han revelado ilegales, según ha podido confirmar el medio mencionado en documentación por escrito.
La Consejería de Educación cesó a Mateos, considerado responsable primero de la trama, después de que saltara a la luz el escándalo del fraccionamiento de contratos de los centros educativos, allá por el mes de marzo. Previamente, un constructor que no había cobrado una de las obras que hizo envió burofaxes a Sol explicando la situación personal y el caso de otro centro -en esta ocasión de dos millones de euros- situado en el macrocomplejo educativo de Ciudad Escolar, que tampoco se sacó a concurso público y que podría situarse como epicentro de la trama.
Posibles responsables
Mateo parece ser responsable de un escenario que cada vez pone más contra las cuerdas a la dirección de Ayuso, pero es sencillamente imposible que fuera el único involucrado, ya que los hechos alcanzan a ocho centros de cuatro zonas territoriales diferentes, y ni el subdirector de FP ni los directores de los institutos tienen competencias sobre dinero y la financiación, sino que gestionan los fondos que reciben. De hecho, uno de los centros que hasta el momento completan el organigrama ni siquiera era de FP.
Por lo tanto, entre los nombres que generan dudas se encuentra el de Enrique Ossorio, ahora presidente de la Asamblea de Madrid y entonces consejero de Educación, Roció Albert como su número dos entonces y, en el cao concreto del Ignacio Ellacurriía, Manuel Bautista, hoy alcalde de Móstoles y en 2020 director general de Educación concertada.