“Nuestro objetivo es seguir reduciendo la temporalidad y reforzar las plantillas con un empleo más estable”. Así de orgulloso se mostraba este fin de semana el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, durante su visita al concello pontevedrés de Silleda. En el Recinto Ferial de esta localidad se dieron cita miles de aspirantes a alguna de las 1.980 plazas de enfermería ofertadas por el Servizo Galego de Saúde, Sergas.
La afirmación, de nuevo, confirma un mal hasta ahora endémico del sistema gallego de salud: la precariedad y la enorme temporalidad que arrastra desde hace años. Esta circunstancia ya le ha valido una llamada de atención por parte de Europa, así como algún que otro varapalo judicial.
Caamaño durante su estancia en Sillleda aprovechó, según destacó la Xunta en un comunicado, “para poner en valor las 2.476 plazas que ofertó esta primavera el departamento sanitario gallego en las diferentes especialidades de enfermería y en la categoría de personal de servicios generales”.
Quizás adelantándose a las críticas que le iban a llegar también adelantó que “queremos seguir en esta línea, consolidando el empleo público de calidad, reforzando los equipos asistenciales y ofreciendo más oportunidades a los profesionales que quieren desarrollar su carrera en Galicia”.
Sin embargo, su visión positiva choca con la realidad que el sindicato de enfermería SATSE subrayó a propósito de esta convocatoria.
Esta organización, para empezar, indicó que son necesarias muchas más plazas de enfermería para la comunidad gallega, puesto que se cuenta ahora mismo con “una ratio de tan sólo 3,8 enfermeras por 1.000 habitantes”. Este dato lo corrobora el hecho de que a una de las poco menos de 2.000 ofertadas se presentaron casi 7.900 personas.
Los cálculos de SATSE apuntan a que serían necesarias alrededor de 6.000 plazas de enfermeras, siendo las provincias de A Coruña (2.070) y Pontevedra (2.618) las que presentan mayor déficit en este sentido.
Desde hace años, sobre todo las formaciones de la oposición y colectivos de profesionales y pacientes se quejan de que las privatizaciones y los recortes se ceban, sobre todo, con el personal que trabaja en la sanidad pública gallega.
Por ello, el sindicato reclamó coincidiendo con la oposición de Silleda “un incremento significativo de profesionales que permita garantizar una atención sanitaria de calidad, adaptada a las necesidades reales de la población y que contribuya a reducir la sobrecarga asistencial que afecta a numerosos servicios”.
Supuestas mejoras que generan malestar
Pero las críticas este fin de semana también le llegaron al Gobierno que preside Alfonso Rueda del Bloque Nacionalista Galego. Su diputada, Montse Prado, anunció ayer que su formación registró ya varias iniciativas en el Parlamento autonómico “para dejar constancia del profundo malestar del colectivo de PSX (Personal de Servicios Generales) y auxiliares administrativos de Atención Primaria, tanto en centros de salud como en los PAC”.
Prado indicó que el origen de este descontento entre estos profesionales se encuentra en la implantación “unilateral y precipitada” de la nueva aplicación de gestión de la tarjeta sanitaria.
Mientras el conselleiro de Sanidade se mostraba satisfecho por la convocatoria celebrada en Silleda, estos cambios respecto a la tarjeta sanitaria fueron comunicados “mediante correo electrónico el mismo día de su puesta en marcha, eliminando la aplicación anterior y entrando en funcionamiento inmediato en pleno puente del 1 de mayo, sin ningún tipo de formación previa ni planificación”, explicó la parlamentaria nacionalista.
A su juicio, esta implantación sin previo aviso y casi de un día para otro ha traído graves consecuencias, de manera que una gestión sencilla y rápida lleva con el nuevo sistema “15 o 20 minutos por desconocimiento del nuevo programa, lo que incrementa la presión asistencial y administrativa”.
Precisamente, la Oferta de Empleo Público del Sergas incluye también plazas relativas a servicios generales, porque, como aseguró este domingo Montse Prado citando el último informe del Consello de Contas, el colectivo de PSX (personal administrativo) “en Atención Primaria está formado por 2.000 personas y que, a pesar de la enorme carga de trabajo que soportan, hay un 32 % de plazas vacantes, es decir, 640 puestos sin cubrir”.
Por eso, la diputada del Bloque no dudó en añadir a la afirmación de que hacen falta más médicos en Atención Primaria, “como el único problema” que para el PP tiene este nivel de la sanidad gallega, que también se precisan más PSX para contratar, pero no lo hacen porque “el único plan que tiene el PP para la plantilla del Sergas es que menos profesionales hagan el trabajo de todos los que no están, y en peores condiciones”, añadió Prado.
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