La semana pasada, a priori, se dio un paso histórico en relación con la autopista de peaje AP-9, que cruza Galicia de norte a sur, con el traspaso de su competencia a la Xunta, un movimiento que puede desembocar en la gratuitad de una vía que, ahora mismo, es de las más caras de España.

A esta situación se ha llegado tras un consenso extraño por su unanimidad en el Parlamento autonómico, entre las fuerzas políticas con representación. Sin embargo, el trámite en las Cortes se vio salpicado por todo lo contrario, es decir, el disenso entre los partidos que dieron el visto bueno total en Galicia, puesto que se dispersaron entre los votos conjuntos en contra de PP y VOX frente al resto de formaciones.

Todo salpicado por el cruce de acusaciones entre PP por un lado y PSOE y BNG por otro. Esta misma semana, el Gobierno gallego con su presidente a la cabeza fue más allá al anunciar que el Consello de la Xunta solicitará la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia. El objetivo de esta petición es, según explicaron desde el Ejecutivo regional, “abrir una negociación sobre la Ley Orgánica 3/2026, de transferencia de la titularidad y competencias de la AP-9” para, como indicó el propio Rueda, “clarificar y resolver las diferencias que existen entre Galicia y el Estado sobre esta ley”.

Argumenta el Gobierno 'popular' gallego que la decisión se justifica porque “la redacción finalmente aprobada de la norma incorpora modificaciones sustanciales respecto de la proposición de ley aprobada por unanimidad por el Parlamento de Galicia”, hablando incluso de “dudas de constitucionalidad”, tal y como recoge el informe jurídico elaborado ex profeso .

La clave de todo este proceso es financiera. En este sentido, la propia Xunta reclama esa negociación en el marco de la Comisión Estado-Galicia “con el objetivo de alcanzar una transferencia completa, jurídicamente segura y financieramente suficiente”. Recuerdan también en un comunicado que el Ejecutivo autonómico “siempre ha defendido que la AP-9 debe transferirse libre de cargas, asumiendo el Estado los costes derivados de decisiones adoptadas durante el período en que ejerció la titularidad”.

Desde el PsdeG, por el contrario, el balance que se hace es muy positivo y se ha llegado a la transferencia a pesar de la actitud del Partido Popular.

Que se deje “de excusas”

En este sentido, la secretaria de Transportes y Movilidad Sostenible de la formación, Patricia Otero, no dudó en criticar ese acuerdo del Consello con la petición de la Comisión Bilateral. A su juicio, este movimiento del PP no es más que “una maniobra dilatoria”, de ahí que haya reclamado al Gobierno gallego que se deje “de excusas” y se ponga “a negociar, porque las condiciones están claras en la ley”.

Lamentó la también diputada socialista el posicionamiento mantenido por los 'populares' en Madrid, a lo que ha pedido que no traten de “retrasar la reunión de la Comisión Mixta solo para justificar sus mentiras”, al tiempo que ha insistido en que “ahora existe un texto legal que permite este traspaso”, aunque el PP haya votado en contra “de la mano” con VOX.. Sobre esto ha asegurado que esta norma “fue aprobada con un amplio consenso de la Cámara, salvo la derecha y la ultraderecha, después de que durante los gobiernos de Rajoy, con Ana Pastor como presidenta del Congreso, se vetara su tramitación”.

Cabe recordar que esta autopista AP-9 está salpicada de polémica, incluidas investigaciones, debido a las prórrogas concedidas a la empresa adjudicataria y a la propia privatización de la vía. Sobre esto, como ha recordado Patricia Otero, esta carretera mantiene unos peajes que pagan los gallegos y que “el Gobierno central compensa a través de bonificaciones que llegan hasta el 75 % del precio”.

En cuanto al PP le ha espetado que “ya que no se opusieron en su día a la prórroga de la concesión que hizo el Gobierno de Aznar, y tampoco a la privatización de la autopista que también hizo el Partido Popular, es el momento de que se pongan del lado de la ciudadanía y no bloqueen la Comisión Mixta de Transferencias”.

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