Otro parque eólico parado a causa de la “chapucera” gestión administrativa de la Xunta

La Xunta de Galicia acaba de volver a recibir otro varapalo de la justicia a propósito de un nuevo proyecto de parque eólico. La decisión la ha adoptado el Tribunal Superior de Xutiza de Galicia que ha acordado la paralización cautelar del recinto Estivada impulsado en los concellos de Agolada y Antas de Ulla, con lo que da la razón a la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, Adega.

No es una decisión baladí, puesto que, tal y como han recordado los denunciantes, se trata de “la tercera paralización cautelar por riesgos ambientales adoptada por la sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo tras el traslado forzoso de los magistrados Luís Villares y Dolores López a la sección 4ª y después de que la Xunta atribuyera la paralización del sector a su supuesta parcialidad”.

Tal y como señalan los jueces, en el caso de Estivada “constan indicios racionales de posible daño ambiental en el informe técnico aportado por la parte demandante”, según ha informado Adega, a lo que añaden que “las afecciones ambientales identificadas abarcan un grave impacto sobre la conectividad ecológica y la biodiversidad de la zona”.

Esto significa que, una vez más, la Xunta suspende en la concesión de una Declaración de Impacto Ambiental favorable a pesar de que presentar esos condicionantes. De hecho, el alto tribunal gallego asegura en su recolución que los argumentos de empresa y administración en la DIA “no logran neutralizar la incertidumbre sobre el posible daño ambiental”, de ahí que su decisión trate de “priorizar la salvaguarda provisional del sustrato ecológico persistente”.

En este sentido, la sala afirma que, a partir de lo anterior, es preciso actuar “antes de que una eventual sentencia estimatoria quede reducida a papel mojado por la consumación de hechos irreparables”.

Cabe recordar que este parque eólico fue autorizado en 2023. El proyecto propone la instalación de hasta 8 aerogeneradores de 200 metros de altura en montes próximos a la Serra do Careón, espacio de la Red Natura y en su área de ampliación. A juicio de la Asociación, esta explotación presenta “importantes déficits en la evaluación de sus impactos sobre la biota e ignora la presencia de taxones amenazados como las rapaces esteparias, nidificantes en zonas próximas”.

Graves déficits

No obstante, Adega va más allá porque, en su denuncia, también habla de una “posible fragmentación artificiosa” con el parque eólico Zamorra, que ya fue suspendido en año pasado por el TSXG tras la petición de la organización ecologista. Esta entidad ha insistido en que “ambos polígonos eólicos bordean sospechosamente dos espacios de la Red Natura 2000 y sus áreas de ampliación, y conforman en conjunto una auténtica barrera para la avifauna entre los dos espacios naturales protegidos”.

Se da la circunstancia de que esta paralización provisional llega después de que en otras decisiones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia se diera el visto bueno definitivo a varios parques cuya situación se encontraba judicializada. Estas medidas, en palabras de Adega, provocó que “la Xunta y la patronal eólica se felicitaron por el desbloqueo del sector”.

Sin embargo, a la vista de ocurrido tanto con el proyecto de Estivada, como con los de Fial das Corzas y Pena do Pico, con las paralizaciones cautelares es evidente a que hay “graves déficits” en las autorizaciones ambientales concedidas por la Xunta.

Además, ha sido de nuevo la Sección 3ª del TSXG, la que ha adoptado esta medida, un órgano envuelto en la polémica tras la sustitución de los magistrados Luís Villares y Dolores López, “señalados por la Xunta como causantes del parón eólico”.

La conclusión para la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza es que estas decisiones judiciales ponen de relieve “la chapucera tramitación administrativa de la Xunta”, con lo que, a su vez, “queda demostrado que el actual caos eólico no se debe a las decisiones judiciales ni a la actuación del ecologismo”, sino que es el resultado de “una planificación caduca y de la incompetencia de una administración” cuya máxima preocupación no es el interés público.

Para Adega, uno de los colectivos más activos en este sentido, todo este “caos normativo” que ha llevado a la situación actual se remonta a una de las primeras normativas aprobadas por Alberto Núñez Feijóo cuando accedió por vez primera a la presidencia de la Xunta. Se trata de la ley eólico que aún hoy está vigente y que “acumula a estas alturas más modificaciones que artículos: fueron 105 cambios a través de 14 leyes consecutivas. Todo un ejemplo de seguridad jurídica”, en opinión de la Asociación.