Hace unos días, la secretaria general del sindicato nacionalista CIG, Laura Arroxo, aseguró que “estamos ante un Gobierno del PP, liderado por Rueda más reaccionario todavía que el de Feijóo, algo que considerábamos imposible, y que está continuamente lanzando el mensaje de que nos puede apretar hasta que nos ahogue”. De fondo, las nuevas directrices del Ejecutivo de la Xunta de Galicia en materia educativa. De ahí que “el profesorado tiene que decir no, por lo que consideramos fundamental la asistencia a la concentración” que tendrá lugar el próximo 25 de este mes de junio.
Según adelantó entonces Arroxo, cuyo sindicato es el mayoritario entre los docentes, si la respuesta es mayoritaria entonces “serviría de detonante para llevar a cabo movilizaciones más contundentes que en este momento no descartamos de cara al próximo curso”.
Esta semana la sección de educación de la misma organización sindical ha reiterado su exigencia para que se retiren las instrucciones publicadas en el Diario Oficial de Galicia hace tan solo unos días de aplicación en el curso 2025-2026. Según estas “los centros educativos deben dar cuenta a la Inspección educativa de cualquier actividad que no esté aprobada en la Programación Anual General”, algo que como denuncia la CIG “no figura en los Reglamentos Orgánicos de los centros ni en las ordenes que los desarrollan”.
La queja de CIG-Ensino va más allá y acusa a Alfonso Rueda de “pretender controlar las actividades y colaboraciones externas” de los centros a través de unas instrucciones que “afectan de forma directa a las condiciones laborales del profesorado y a la autonomía pedagógica de los centros”.
En resumen, consideran que las citadas instrucciones “introducen un nivel de control sin precedentes”.
¿Neutralidad ideológica?
Cuando la Xunta presentó estas novedades, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, las destacó como una herramienta para garantizar lo que denominó la “neutralidad ideológica” en las actividades escolares.
Sin embargo, para el sindicato no es más que “una maniobra política destinada a utilizar la inspección educativa como elemento de control, en lugar de promover una colaboración con el profesorado para mejorar el sistema educativo. La conclusión es que, con esta decisión, el Gobierno autonómico “envía un mensaje claro de advertencia y fiscalización a las direcciones y al profesorado, poniendo en cuestión su profesionalidad”, agregan desde CIG-Ensino.
El sindicato ha recibido el apoyo en las últimas horas del Bloque Nacionalista Galego. Su portavoz de Educación, Cristina Fernández, tras reunirse con representantes de la CIG afirmó que “lejos de querer implementar medidas reales de convivencia más democráticas, estamos ante una pretensión del Gobierno del PP en la Xunta que quiere imponer una mordaza a la enseñanza y censurar todas las actividades organizadas dentro de los centros”.
Para tratar de dar la vuelta a estas órdenes, el BNG presentó por la vía de urgencia este lunes una iniciativa con el propósito de que incluya en este próximo pleno para cuestionar si se van a retirar las “medidas amordazantes” que se incluyen en las instrucciones mencionadas de la Consellería de Educación.
Cristina Fernández aseguró que detrás de lo que define la Xunta como “neutralidad ideológica” no es más que “un nuevo paso” del Ejecutivo que preside Alfonso Rueda en la “deriva a las órdenes del partido en Madrid”, preparando un “acercamiento aún más intenso al ideario de la ultraderecha”.
