El "negocio pirata" del alcalde de Vilanova

El frente judicial y económico que cerca al incombustible alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán (PP), acaba de abrir un nuevo capítulo escandaloso que engloba presuntamente delincuencia fiscal, administración desleal del patrimonio familiar (el copropietario es su hermano J.J Durán), apropiación indebida y una total desobediencia a los mandatos de la justicia.

Según una batería de documentos exclusivos a los que ha tenido acceso ElPlural.com, que ya forman parte de la demanda civil interpuesta por su hermano J.J. Durán Hermida ante el Juzgado de instrucción Nº5 de Santiago, el regidor 'popular' lleva años explotando de forma clandestina y con fines turísticos una de las joyas inmobiliarias de la herencia de sus padres en pleno corazón de Santiago de Compostela.

Se trata de una vivienda: “Ubicado a pocos minutos a pie de la Catedral de Santiago (5 min)” como podemos leer en el anuncio donde se oferta en la plataforma AIRBNB, donde continúa señalando: “El apartamento está rodeado de supermercados, cafeterías, y servicios, en una zona tranquila y bien comunicada, perfecta para disfrutar de la ciudad cómodamente” Dispone de 2 dormitorios, 2 camas, y un baño donde pueden convivir, según el anuncio, hasta 6 personas.

Nos seguimos fijando en el anuncio, poniendo el foco en el precio. Elegimos al azar 6 noches, del 1 al 6 de junio, y ¿Cuánto nos cobrarían? 750 euros. Por lo que, si hacemos el cálculo de 125 euros por 30 noches que tiene un mes, el alcalde de Vilanova y su hija mayor estarían cobrando unos 3.750 euros.

Una cifra que no merma al llegar a su cuenta bancaria porque al ser una vivienda de uso turístico ilegal, que carece de licencia y de los permisos necesarios para ofertarse como tal, Gonzalo Durán no la declara, no paga impuestos ni retenciones, por lo que los 3.750 euros entrarían directos a la cuenta, lo que supondría un fraude fiscal.

Y es que las tarifas que el clan del regidor del PP impone en el mercado vacacional resultan del todo prohibitivas e injustificables para el estado real del inmueble. Exigir un desembolso de 750 euros por una estancia de apenas seis días en una vivienda clandestina roza la indecencia comercial si se analiza el rastro de quejas y demoledoras evaluaciones que los huéspedes van dejando al final del anuncio tras toparse con la realidad.

ElPlural.com ha puesto el foco en la última reseña, publicada hace escasamente tres semanas por un usuario experto con más de 12 años de experiencia en la plataforma, quien califica la VUT ilegal del alcalde con la puntuación mínima de una estrella y bajo un encabezado dantesco: “Sucio y asqueroso. Nuestra peor experiencia en un Airbnb. Nos fuimos a un hotel”.

El testimonio describe cómo la supuesta anfitriona, Marta (que es Julio, la hija mayor del alcalde), era plenamente consciente de que en el grupo viajaban dos niños pequeños que, al llegar, se toparon con un panorama insalubre y peligroso: “Telas de araña, pelusas, el suelo pegajoso, humedades y desconchones en las paredes… Y el colmo fue cuando la niña, gateando por el suelo, se encontró un clavo allí mismo”. Ante la evidente falta de seguridad para los menores, la familia huyó a un establecimiento hotelero tras advertir a la gestora del estado lamentable del piso.

Fiel al patrón de opacidad de los Durán, la respuesta de la propiedad fue la callada por respuesta: “Marta ni escribió preocupándose por la situación, ni se interesó por saber qué había pasado. Directamente dejó de contestarnos y no quiso saber nada más del tema. Nuestra peor experiencia con una anfitriona y en un alojamiento con diferencia”. Una prueba inequívoca de que el regidor y su entorno exprimen un negocio deficiente y potencialmente peligroso para los usuarios, mientras desatienden por completo la dignidad y el mantenimiento mínimo del patrimonio que explotan.

Un negocio "pirata" gestionado a espaldas de su propia familia que no solo carece de los permisos legales obligatorios, sino que ha arrastrado a la propiedad al borde de la subasta pública por el impago sistemático de sus obligaciones.

Un mismo patrón para exprimir el legado: el 'modus operandi' en las 14 viviendas

Para entender la gravedad de lo que está ocurriendo en los juzgados de Santiago, es necesario analizar la radiografía completa del patrimonio familiar de los Durán. La masa hereditaria está compuesta por un total de 14 inmuebles situados en ubicaciones estratégicas de la capital gallega. Hasta el fallecimiento de la matriarca, María Dolores Hermida, en enero de 2025, el reparto de la propiedad era claro: un 90% pertenecía a la madre y un 5% a cada uno de los dos hermanos, Gonzalo y J.J. Durán.

Mientas que 13 de estas propiedades han estado destinadas históricamente al régimen de alquiler convencional de larga estancia, el alcalde decidió desgajar la decimocuarta vivienda para armar su propio negocio vacacional en la sombra. Sin embargo, el comportamiento de Gonzalo Durán ha sido exactamente el mismo en las 14 casas, trazando una línea de conducta que su hermano ha denunciado por vía judicial como una presunta administración desleal y apropiación indebida:

• Caja limpia e impago absoluto: Tanto en las 13 viviendas de alquiler tradicional como en el piso turístico ilegal, el alcalde y su entorno captaban la totalidad de las rentas mensuales. Sin embargo, ese dinero jamás se utilizaba para cumplir con las obligaciones básicas de mantenimiento. Gonzalo Durán dejaba las facturas en el cajón, generando deudas masivas por cuotas comunitarias impagadas que han provocado el colapso de servicios básicos en los edificios, como el parón de ascensores o la aparición de goteras desatendidas.
• El vacío fiscal y el "cajero automático": Las rentas de los inquilinos tradicionales de los 13 pisos ingresaban en una cuenta a nombre de la madre que, según la documentación judicial, era vaciada casi de inmediato por el alcalde mediante transferencias a sus cuentas personales bajo el falaz concepto de "nóminas". Con el piso turístico, la operativa fue aún más opaca: al ser una actividad clandestina, los ingresos se desviaban directamente a sus manos, sorteando cualquier control y abriendo la puerta a un presunto delito de fraude fiscal al no declarar cantidades que el sector inmobiliario estima en un mínimo de 30.000 euros anuales.

De hogar familiar a VUT clandestina: la metamorfosis del engaño

Durante décadas, la vivienda cumplió una función estrictamente familiar. A partir de los años noventa, se destinó al mercado de alquiler convencional de larga duración, generando unas rentas estables. Sin embargo, el punto de inflexión definitivo se produjo tras el confinamiento de la pandemia, a finales del año 2020.

Apenas doce meses antes, Julia Durán, la hija mayor del alcalde de Vilanova, había abierto las puertas de su propia agencia inmobiliaria. Fue el momento en el que el piso familiar desapareció del mercado tradicional para emerger reconvertido, de la noche a la mañana, en un boyante apartamento turístico en la principal plataforma vacacional en Internet AIRBNB.

El negocio parecía redondo, pero escondía una ilegalidad de raíz: el inmueble jamás ha dispuesto de la licencia de Vivienda de Uso Turístico (VUT) ni de las autorizaciones pertinentes exigidas por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y la Xunta de Galicia. Gonzalo Durán dio el salto al negocio turístico por las bravas, de forma totalmente unilateral, sin el consentimiento de su madre y sin informar en ningún momento a su hermano J.J. Durán, copropietario legal del activo.

El hermano contra la espada y la pared:

J.J. Durán, copropietario al 50%, se ha visto arrastrado a un colapso financiero del que es responsable legal ante terceros, pero del que fue, y sigue siendo, excluido como gestor y como beneficiario.

La demanda que interpuso el pasado verano busca frenar una "sangría" donde el dinero de los inquilinos antes, y los turistas ahora, que pasan por allí nunca llega a pagar la luz de la escalera o el ascensor de los vecinos del edificio porque el alcalde de Vilanova, lleva años sin pagar la cuota que le corresponde de la Comunidad de propietarios, ni las obligaciones fiscales correspondientes.

2. Una herencia de cristal convertida en un nido de deudas

Mientras el alcalde de Vilanova se preocupaba de que el dinero de los inquilinos acabara en sus bolsillos, las obligaciones más básicas de los inmuebles quedaban en el olvido. La deuda acumulada asciende a los más de 15.000 euros en cuotas impagadas de una comunidad de vecinos a lo que hay que sumar el impago sistemático del IBI y las tasas de basura al Ayuntamiento de Santiago

Detrás de esas cantidades se señala directamente a los actos, omisiones y decisiones de Gonzalo Durán Hermida —y, en muchas ocasiones, de su hija Julia— como causa principal del impago sistemático de las cuotas durante los últimos años de vida de la madre y el período inmediatamente posterior a su fallecimiento.

Los retrasos en la respuesta a los requerimientos, la ausencia de acuerdos de pago, la desobediencia a los mandatos judiciales y la falta de una administración diligente de las rentas del alquiler de larga estancia en el caso de los otros 13 pisos que forman parte de la masa hereditaria, y de muy corta estancia en el caso de la vivienda turística, han agravado una situación que ahora amenaza con convertirse en un serio quebradero de cabeza para la masa hereditaria, es decir, J.J Durán.

El juego del despiste en Airbnb y el rastro de un presunto fraude fiscal

Explotar una VUT sin licencia en una ciudad monumental y fuertemente inspeccionada como Santiago de Compostela exige una estrategia de camuflaje constante. Y eso es, precisamente, lo que la investigación de ElPlural.com ha constatado que se viene realizando en portales como Airbnb. A día de hoy, el anuncio del apartamento sigue completamente activo, pero sus gestores juegan permanentemente al despiste para burlar los radares de la inspección municipal y autonómica.

La operativa de camuflaje detectada incluye las siguientes maniobras de distracción:

            •         Cambios constantes en el nombre de la anfitriona: Aunque es Julia, la hija mayor del alcalde, la gestora de la propiedad, el perfil va mutando el nombre de la anfitriona periódicamente. En la actualidad, el anuncio sitúa a una misteriosa "Marta" como la encargada de recibir a los turistas. Pero la persona que atiende al otro lado del teléfono es Julia.

            •         Mutación del título del anuncio: El encabezado y las palabras clave de la oferta se modifican de forma recurrente en el algoritmo de las plataformas para evitar que una denuncia vecinal o una inspección de oficio localice el código de registro inexistente.

Toda esta ingeniería digital tiene un único objetivo: blindar un canal de ingresos opacos. Fuentes del sector inmobiliario compostelano estiman que, por su ubicación estratégica y características, este piso turístico clandestino genera un rendimiento mínimo de 30.000 euros anuales.

Un dinero que, según consta en la demanda civil, iba a parar de forma íntegra y exclusiva a los bolsillos del alcalde de Vilanova y de su hija mayor. Ni la madre en vida ni el hermano legítimo percibieron jamás un solo céntimo de los cuantiosos beneficios de la explotación.

Peor aún: al tratarse de una actividad clandestina y sin declarar, estas rentas ocultadas a la Hacienda Pública sitúan al regidor del Partido Popular ante la sombra evidente de un delito de fraude fiscal y alzamiento de bienes.

El "Lunes Negro" de J.J. Durán: cinco demandas ocultas y un embargo registral

La impunidad del alcalde de Vilanova comenzó a desmoronarse en enero de 2025, coincidiendo con el fallecimiento de su madre. Fue en ese momento trágico cuando J.J. Durán descubrió la cruda realidad del patrimonio que compartía con su hermano. No lo supo por boca del alcalde, sino a través de una llamada de alerta de la administración y la propia comunidad de propietarios del edificio de Santiago.

La sorpresa se tornó en absoluta indignación. La comunidad de vecinos le comunicó oficialmente que el piso no solo estaba siendo explotado como un hotel ilegal que generaba molestias constantes, sino que acumulaba hasta cinco demandas judiciales por el impago sistemático de los recibos ordinarios y extraordinarios de la comunidad.

Gonzalo Durán había calcado la misma estrategia de abandono que aplicó en el resto de los 14 inmuebles de la masa hereditaria: embolsarse los ingresos turísticos netos y dejar que las deudas corrientes de luz, agua, mantenimiento, IBI e impuestos de basuras se amontonaran en los juzgados.

La gravedad del asunto radica en que estas demandas judiciales terminaron provocando el dictado de una ejecución de embargo registral. El juzgado ordenó embargar la propiedad ante el silencio y la rebeldía de los deudores.

¿Por qué J.J. Durán no se personó antes en la causa? La respuesta judicial es demoledora: Gonzalo Durán se encargó personalmente de interceptar y ocultar todas las notificaciones del juzgado a su hermano. El alcalde se había comprometido formalmente a gestionar la correspondencia legal y las obligaciones de la masa hereditaria, utilizando esa posición de confianza para esconder las alertas rojas judiciales a su hermano y evitar que descubriera el pastel de la VUT ilegal.

Ante la amenaza inminente de que el piso de sus padres fuera subastado públicamente por los acreedores para cobrar las deudas acumuladas por el regidor, J.J. Durán se vio obligado a actuar de urgencia. En un acto de responsabilidad y supervivencia patrimonial, ingresó de su propio bolsillo más de 6.000 euros en sede judicial, logrando emitir el Mandamiento de Cancelación de Embargo ante el Registro de la Propiedad de Santiago, liberando la vivienda de cargas y salvándola "in extremis" del desahucio comercial.

“Mientras J.J. ponía el dinero para tapar los pufos, Gonzalo Durán seguía disfrutando de los miles de euros limpios que el piso dejaba cada mes en su cuenta corriente”

Desobediencia reincidente: la nueva deuda supera los 15.000 euros

Cualquier ciudadano común, tras ver cómo su hermano le salva una propiedad de un embargo judicial, habría cesado la actividad ilegal o, al menos, habría comenzado a pagar los gastos corrientes. Pero Gonzalo Durán juega en otra liga, la de la supuesta impunidad que otorgan tres décadas consecutivas portando el bastón de mando municipal, sin rendir cuentas a nadie El alcalde y su hija Julia no solo han mantenido activo el anuncio clandestino en AIRBNB, sino que han vuelto a provocar una situación de colapso financiero en la vivienda.

A día de hoy, según ha podido confirmar ElPlural.com, el piso turístico ilegal vuelve a acumular una deuda viva que supera los 15.000 euros. La comunidad de propietarios, asfixiada por los impagos del clan del alcalde, se vio obligada a interponer una nueva demanda judicial. El procedimiento civil avanzó con rapidez, recayendo una sentencia firme que condenaba a Gonzalo Durán y a su hija mayor a abonar las cantidades adeudadas.

La respuesta de los gestores de la VUT ilegal ante la justicia ha vuelto a ser un ejercicio de soberbia institucional:

            1. Rechazo al acuerdo extrajudicial: La administración de la comunidad ofreció un plan de pagos fraccionado para liquidar la deuda de forma amistosa. El alcalde y su hija se negaron por completo.

            2. Plante a la ejecución de sentencia: Ante la negativa a negociar, la comunidad instó formalmente el Juicio de Ejecución de Sentencia. El juzgado notificó los requerimientos de pago a Gonzalo y Julia Durán, quienes han ignorado voluntariamente el mandato judicial, negándose a abonar los 15.000 euros.

Como consecuencia directa de esta rebeldía y desacato, el juzgado ya está tramitando la segunda orden de embargo registral sobre el inmueble. Una segunda "alerta roja" que amenaza con devolver la vivienda familiar al circuito de las subastas forzosas por la avaricia de un regidor que prefiere exprimir el piso de forma ilegal antes que cumplir con la ley común que obliga a todos los ciudadanos.

Reflexión íntima: la profanación moral de una herencia sagrada

Más allá de los códigos legales, de las infracciones urbanísticas por carecer de licencia turística, y de las contingencias fiscales por ocultar ingresos a Hacienda, el caso de la VUT clandestina del alcalde de Vilanova encierra un profundo debate moral.

Los catorce pisos y locales comerciales ubicados en Santiago de Compostela no cayeron del cielo ni fueron el resultado de la especulación rápida; fueron el legado tangible de unos padres que trabajaron durante décadas con sacrificio, honestidad y privaciones para asegurar el futuro de sus hijos.

Observar hoy cómo el hijo pequeño valiéndose de su condición de alcalde todopoderoso y de una red de complicidades familiares, ha convertido ese legado en un tablero de juego pirata produce una profunda tristeza al copropietario a partes iguales de esa masa hereditaria.

Ver que Gonzalo Durán consiente sin el menor remordimiento el embargo judicial de la casa de sus padres, mostrando una absoluta indiferencia ante la posibilidad de perderla en una subasta pública si en el camino ha logrado "forrarse" exprimiendo sus estancias en Airbnb, describe a la perfección la talla ética del personaje.

Para el regidor de Vilanova, el dinero rápido y obtenido de forma ilícita ha primado sobre la memoria, el respeto a sus padres y el derecho legítimo de su hermano J.J. Durán, quien hoy sigue batallando en los tribunales en busca de una rendición de cuentas que el alcalde, parapetado en su Mercedes de lujo, se niega a entregar. El próximo paso de la justicia promete ser un "jaque mate" definitivo a treinta años de impunidad.