Hace tan solo unos días, el Bloque Nacionalista Galego, a través de su viceportavoz en el Parlamento autonómico, Olalla Rodil, ponía voz al malestar que existe en su formación y que comparten otros partidos y entidades sociales por los cambios que el Servizo Galego de Saúde, Sergas, quiere impulsar en la sanidad gallega. 

Los nacionalistas hablan de una "estrategia de demolición" de Atención Primaria por parte del Gobierno presidido por Alfonso Rueda, algo que se plasma en la reforma que plantea en este nivel de la sanidad pública. 

A principios de semana, Rodil adelantaba que la líder de su formación, Ana Pontón, planteraría a Rueda si pensaba tomar alguna decisión "para frenar el deterioro de la Atención Primaria que suscita tanta movilización social".

Además, la dirigente del BNG también resaltó que el Ejecutivo gallego había conseguido algo "bien difícil" como es "poner de acuerdo a todo el mundo contra su reforma, desde los colegios médicos hasta las organizaciones sindicales y de pacientes".

A pesar de los amagos de marcha atrás, la realidad le da la espalda a Rueda y a su conselleiro de Sanidade a propósito de los cambios que pretende introducir en Atención Primaria. El ejemplo más claro, además de los paros celebrados estas semanas atrás, es el anuncio de esta misma mañana del Sindicato de Médicos de Galicia, SIMEGA, que ha anunciado que rompe las negociaciones con el Sergas por "mantener el Plan de Contingencia de Atención Primaria". 

Asi lo ha comunicado a través de un escrito en el que, del mismo modo, informa de la convocatoria de una huelga en Atención Primaria para el próximo día 26 de este mes de noviembre. 

Según el Sindicato, la actitud del responsable autonómico en la materia, Antonio Gómez Caamaño, es "instransigente", al tratar de mantener una propuesta ante el mantenimiento de una propuesta que "toda la profesión médica de Atención Primaria, las centrales sindicales y colegios médicos rechazan". Asimismo, esa propuesta de la Consellería de Sanidade y del Sergas denominada Plan de Contingencia "empeora notablemente las condiciones laborales de los facultativos, al querer hacer más con los mismos recursos humanos".

En su relato para justificar el abandono de las negociaciones, los responsables de Simega califican de "injusticia" la "imposición de guardias de 24 horas a los nuevos profesionales porque opta por la vía de la voluntariedad". Además, también critica la desaparición de "la categoría Facultativo Especialista de Atención Primaria (FEAP) para que se cree una única tipificación denominada Médico de Familia, en la que todos los facultativos cuenten con las mismas condiciones de trabajo".

Frente a esto, el Sindicato de Médicos de Galicia, tras denunciar que el Sergas "ignore" su propuesta del pasado día 3, insiste en las "seis grandes líneas de trabajo para reestructurar la Atención Primaria"; entre otras, subrayan la importancia de la unificación de recursos, la eliminación de la obligatoriedad, la transformación de los PAC en Servicios de Urgencias Extrahospitalarias de Atención Primaria (SUAP) y garantizar la adecuada formación y titulación de los facultativos.

También quejas de enfermería

A las quejas de esta organización sindical se suma también la del Sindicato de Enfermería, SATSE, que denuncia que el Gobierno gallego del PP "apuesta más por la privatización de la formación universitaria de Enfermería que por incrementar las plazas necesarias en las facultades públicas".

La alusión de SATSE es a la universidad privada, la primera de la región, impulsada por la entidad financiera Abanca y que ya en su momento generó numerosas críticas en contra y que, con el paso del tiempo, se han incrementado debido al incumplimiento de algunos de los criterios. 

Ahora, es esta entidad sindical la que muestra su "preocupación" ya que la citada universidad ha anunciado que implantará una nueva titulación privada de Enfermería.

Para el Sindicato, la decisión avalada por la administración autonómica "no responde a las necesidades reales del sistema sanitario público, ni garantiza el acceso universal a los estudios universitarios de Grado de Enfermería".

La organización sindical recuerda que Galicia sufre una notable carencia de profesionales de Enfermería, especialmente en los hospitales y centros de Atención Primaria, que “no puede abordarse mediante iniciativas privadas que, lejos de democratizar el acceso a la titulación, limitan la oportunidad de formación a quien pueda pagar por ella”, apunta.

SATSE es contundente a la hora de criticar a la Xunta y subraya que la decisión de la universidad de Abanca es "una clara barrera discriminatoria para una parte de la población universitaria", algo que se solucionaría con una suficiente oferta en el ámbito público. Además concluye que no se puede permitir  que "cientos de potenciales enfermeras no puedan acceder a estudiar la carrera universitaria que desean por no tener el dinero suficiente para costeárselo”.