Las corridas de toros, el control de la población de jabalíes y el lobo son las tres batallas que la Xunta de Galicia y el Gobierno del PP presidido por Alfonso Rueda mantiene con organizaciones ecologistas y naturalistas.
En el caso del lobo, el Ejecutivo autonómico acaba de recibir un varapalo judicial en forma de sentencia.
En concreto, la resolución dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia supone la denegación a la administración regional de una autorización para llevar a cabo batidas de control de esta especie en los términos municipales de Cerdedo-Cotobade, Curtis y Ferrol.
La sección segunda de la Sala de Contencioso-administrativo del alto tribunal señala que no se ha demostrado un "cambio de circunstancias" que justifique la modificación de las medidas cautelares ya adoptadas; entiende el TSXG según sus argumentos que las razones de la petición basada en un supuesto aumento de ataques de lobo en las áreas determinadas "no están respaldados por pruebas técnicas suficientes". Este es el principal motivo del que se sirve para desestimar la contracautela presentada por la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático.
De igual modo, el auto también deja claro que, un incremento de este tipo de batidas solicitadas por la Xunta tendrían "evidentes consecuencias letales para los ejemplares de la especie de cuya conservación se trata, omitiendo el análisis previo que el propio plan de gestión del lobo obliga a realizar".
La primera de las organizaciones que se ha felicitado ha sido la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, Adega, que a su vez ha trasladado su enhorabuena a otros colectivos como la Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC) y “a todas las demás entidades promotoras del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico” por esta sentencia.
"Prevención e investigación"
Según su balance, el tribunal gallego determina que lo que pide la Xunta “no está sustentada en datos científicos y, en consecuencia, refrenda las medidas cautelares adoptadas en su día por el Tribunal Supremo”.
Desde Adega recuerdan que a esta resolución judicial se llega “gracias al Fondo para la Protección del Lobo Ibérico” y que propició que se impugnara hace cerca de un año la resolución de la Xunta de volver a autorizar las batidas de lobos. La medida del Gobierno presidido por Alfonso Rueda se produjo justo después de que esta especie fuese excluida del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.
Explica la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia que este fallo, si bien “no se opone a que, en determinadas condiciones, pueda controlarse la especie”, sí insta a que antes se agoten “todas las medidas necesarias para evitar o paliar los daños o riesgos”.
A lo anterior suma el hecho de no estar razonadas las medidas de control, continúa Adega, a lo que agrega el hecho de que controlar lobos puede tener consecuencias en forma de daños más graves.
“Esta sentencia del TSXG pone de relieve la gran irresponsabilidad de la Xunta de Galicia, al igual que lo hizo el Tribunal Supremo hace tres semanas”, indican los ecologistas. Por ello, invitan a la administración autonómica a que tomen nota de esto y “reoriente toda su política sobre el lobo, para poder así ofrecer soluciones efectivas e inmediatas a las explotaciones ganaderas”.
Para Adega, es precisa más inversión en “prevención e investigación”, para llegar a una solución que debe apoyarse en “un diagnóstico científico y no sobre medidas drásticas basadas en un relato tergiversado y oportunista, que responde más bien a intereses electorales cortoplacistas que llevamos décadas viendo que no conducen a ningún sitio”.