Varapalo que posibles consecuencias jurídicas contra altos cargos de la Xunta de Galicia, tras la decisión del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Santiago de incoar diligencias penales para investigar presuntos delitos de prevaricación en relación con una explotación minera en A Gudiña, en la provincia de Ourense.
En el punto de mira de este movimiento judicial se encuentra Pablo Fernández Vila, director general de Planificación Energética y Minas de la Consellería de Economía e Industria, tal y como ha informado este miércoles Ecoloxistas en Acción, organización que presentó una denuncia penal contra este alto cargo de la administración autonómica y Roberto García, administrador de Eurobattery Minerals y de su filial ourensana Tungsten San Juan S.L.
El motivo de la denuncia son los presuntos delitos de prevaricación, desobediencia y contra el medio ambiente, aclarando que estos últimos serán investigados de forma separada en los juzgados de Ourense.
Como ya explicaron en su momento y han ratificado en el juzgado, Ecoloxistas informó de que sobre el proyecto minero de San Juan pesan dos sentencias firmes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y del Tribunal Supremo; en ambas se determina que cualquier prórroga debía someterse a una nueva evaluación de impacto ambiental.
En su denuncia que ahora da un nuevo paso en el ámbito judicial, la entidad naturalista aseguraba que Fernández Vila, “con la presunta participación de funcionarios de la delegación territorial en Ourense, habría autorizado la prórroga sabiendo de su ilegalidad con el objetivo de prescindir de la preceptiva evaluación de impacto ambiental”.
Además de esto, se da la circunstancia de que la mina se halla a únicamente 2 kilómetros de la frontera con Portugal, hecho que obliga a que fuese sometida a “evaluación de impactos transfronterizos, que no se realizó ni en 2014, con la tramitación inicial, ni en la actualidad”. Precisamente, en diciembre pasado, como recuerda hoy Ecoloxistas en Acción, desde el Ministerio de Medio Ambiente y Energía del país luso se reconoció que “las autoridades españolas en ningún momento notificaron a las portuguesas” sobre este proyecto, por lo que se dio instrucciones a la Agencia Portuguesa del Ambiente para que “solicitara explicaciones formales a Madrid por la situación”.
La explotación ourensena, además de situarse a escasos kilómetros del país vecino, se ubica inmediatamente aguas arriba de la frontera y del Parque Natural de Montesinho, apenas a 2 kilómetros. Este espacio natural forma parte de la Red Natura 2000 integrado además en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza de la Meseta Ibérica, y a tan solo 1.000 metros de la ZEC Pena Maseira, también de la Red Natura, “siendo evidente que la actividad afectará a ambos espacios”.
Petición de paralización cautelar
Ante estas condiciones, y una vez que los juzgados inician las investigaciones, la organización ecologista reclamará la “paralización cautelar de los trabajos de explotación iniciados por la empresa sueca en los últimos meses, dado que la mina tendría impactos severos sobre el río Rabaçal”.
Cabe recordar que el Gobierno gallego le dio el visto bueno a este proyecto en 2015, bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo. Ahora, ya con Alfonso Rueda al frente, la Xunta había aprobado una prórroga para “explotar unas 50.000 toneladas de material en cinco cortas a cielo abierto durante 10 años empleando a 11 trabajadores”.
Ecoloxistas pone de relieve que, por el contrario, para ganarse el respaldo vecinal, Eurobattery Minerals “viene desarrollando en las últimas semanas una intensa campaña de propaganda en la que promete crear 130 empleos”, lo que suponer una contradicción clara del proyecto aprobado. Así, “en una fiesta organizada por la empresa sueca en A Gudiña a comienzos de diciembre, la cifra de empleos anunciada era 12 veces mayor que la contemplada en la realidad”.
Los contratiempos judiciales para la compañía nórdica no son nuevos puesto que ya 2020 “tuvo que enfrentarse a un procedimiento sancionador en 2020 cuando intentó abrir una mina a cielo abierto de níquel entre Santa Comba y Coristanco”, en la provincia de A Coruña. Esos sondeos, según ha informado la entidad ecologista, no tenían “ningún tipo de autorización”.
En la actualidad, y a pesar de la decisión del juzgado de Santiago, en la mina San Juan de A Gudiña se están realizando “enormes movimientos de tierra” y ello a pesar de “haber caducado hace años la declaración de impacto ambiental otorgada en 2014. Además, el proyecto de 2015 indicaba que el mineral sería enviado a la mina de San Finx, en Lousame”, un explotación rodeada de gran controversia y que, ahora mismo, se encuentra inoperativa “después de que el año pasado se declarase la caducidad de esas concesiones mineras y se revocase la autorización de vertidos de la mina por la contaminación continuada con metales pesados de un río próximo”.
Una vez más, dado que, de prosperar las pesquisas del juzgado compostelano, la Xunta presidida por Alfonso Rueda volvería a chocar con la defensa del medio ambiente y, por lo tanto, se repetiría el bochorno político en la materia, su equipo ha tratado de respaldar la petición de la empresa de buscar en Bruselas la declaración del proyecto como estratégico, cuyo plazo finaliza mañana. Dadas las condiciones en las que se encuentra la mina, con “el hecho de que la concesión estuviese caducada y sin una declaración de impacto ambiental vigente”, para Ecoloxistas en Acción, son circunstancias que, a todas luces, “restarían posibilidades a la empresa sueca” para lograr esa consideración por parte de la Comisión Europea.
Para los denunciantes, este paso y el apoyo de la Xunta al mismo son “artimañas”, anunciando que no permitirán que “una mina totalmente ilegal” se sirva de ellas “para operar al margen de las obligaciones que establece la legislación europea y los convenios internacionales”, en palabras de Cristóbal López, portavoz de Ecoloxistas.