Desde el pasado viernes 31 de julio hasta el mismo día de 2027 Galicia es un territorio libre para ir contra el jabalí, tras la declaración de Emergencia Cinegética temporal en toda la región. Esta especie no ha dejado de generar problemas debido al aumento notable de su población.
Esta circunstancia ha permitido ver imágenes inverosímiles, como la de ejemplares nadando en las rías gallegas en busca de comida o deambulando por las calles de aldeas y ciudades por el mismo motivo.
La medida adoptada por el Gobierno autonómico afecta a “todo el territorio de la Comunidad ante la presencia y los daños ocasionados por el jabalí” e incluye “los Tecores y zonas libres donde se podrán desarrollar estas medidas extraordinarias y excepcionales”, con la novedad de incorporar “las explotaciones cinegéticas comerciales de caza mayor”.
Hasta aquí todo normal, o eso es lo que la Xunta trata de justificar. La opción elegida, sin embargo, choca frontalmente con lo que dicen expertos y organizaciones ecologistas y animalistas. Para estos colectivos esta declaración, lejos de disminuir la población de jabalíes, provoca su incremento.
Como ejemplo citan las seis veces anteriores en las que el Ejecutivo que preside Alfonso Rueda recurrió a esta medida (2019, 2021, 2023, 2024 y 2025), siempre bajo el pretexto de ser un instrumento “provisional y extraordinario”, que persigue “agilizar la aplicación de medidas dirigidas al control de las poblaciones de esta especie, a través de distintas modalidades y procedimientos de captura”.
No tiene en cuenta la Xunta el fracaso de sus aplicaciones anteriores, y argumenta que todo lo que sucede en relación con esta especie hacía necesario “articular una declaración excepcional de este tipo en la búsqueda de eliminar el riesgo y reducir el tamaño de las poblaciones”, a través de decisiones que “ayuden a prevenir en lo posible futuros daños”.
No obstante, las justificaciones del Gobierno gallego no convencen a entidades como la Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galicia, Adega, para cuyos representantes la medida no es más que una “grave irresponsabilidad en la gestión pública de la problemática de las poblaciones de esta especie”, por parte de la administración autonómica.
"No fue suficiente para controlar la plaga"
En este sentido, recuerdan que todas las veces anteriores en las que se optó por esta maniobra dio resultados que la Xunta “reconoció como insuficientes”. Según los datos facilitados por Adega, en esas temporadas de 'mancha ancha' fueron abatidos decenas de miles de ejemplares, “más de 40.000 en conjunto en algunos periodos y cerca de 19.000 en la temporada 2024-2025”. A pesar de estas cifras, el Ejecutivo de Rueda “admitió que no fue suficiente para controlar la 'plaga'”.
Sin embargo, a pesar del fracaso, se insiste en el mismo sistema que pasa por “abatimiento sin límite, ampliación de periodos, medidas auxiliares” sin que se lleve a cabo “una evaluación independiente y exhaustiva de su eficacia real sobre la dinámica de las poblaciones, ni un plan de gestión integral con aval científico que ordene medidas ecológicas, gestión de los animales con criterios demográficos y seguimiento poblacional estandarizado”.
Al final, la conclusión a la que llegan los responsables de la Asociación es que esta Emergencia Cinegética “es más un ejercicio de apariencia política que una medida de gestión eficaz y responsable”, que supone “una peligrosa renuncia de la gestión pública por parte de una Consellería en favor del lobby de la caza”.
A lo anterior, además, Adega añade otro elemento de suma importancia que tiene que ver con las autorizaciones para medidas complementarias como las aguardas o esperas en terrenos de régimen cinegético especial, incluso por terceros y con simples autorizaciones administrativas. Hablan de “riesgo inaceptable para la seguridad de las personas que hacen uso del monte sin estar vinculadas a la actividad cinegética”, citando desde “senderistas hasta el vecindario que transita por caminos rurales, e incluso para los propios ganaderos”.
Además, la declaración abre la posibilidad del uso de dispositivos tecnológicos “como visores con amplificadores electrónicos de luz, detectores automáticos de paso y cebaderos colocados en cultivos, herramientas propias de la caza nocturna, práctica no autorizada por la Ley de Caza de Galicia salvo en supuestos muy específicos y que supone una autorización encubierta de la ilegal caza nocturna”.
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