El sistema de atención a la dependencia en Galicia está herido de muerte. Esta es la conclusión a la que ha llegado el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas que hace tiempo y advirtió de la deriva de un sistema crucial en el actual estado del bienestar.

Hace unos días, representantes de este colectivo denunciaron públicamente lo que denominaron “el grave deterioro” del sistema de atención a la dependencia. Recuerdan desde el Sindicato que en los últimos momentos del Gobierno de Alberto Núñez Feijóo al frente de la Xunta, en concreto en mayo 2021, los medios de comunicación afines al Ejecutivo del ahora líder del PP a nivel nacional afirmaban que “la Xunta prevé reducir a la mitad el tiempo de valoración de la dependencia”.

En esta línea, unos meses antes de que Feijóo emprendiera su viaje a la calle Génova de Madrid, el proyecto que preveía ese paso adelante en la materia entraba en el Consello Galego de Benestar Social; ya entonces, a finales de ese mismo año, desde el Sindicato Labrego Galego-Comisións Labregas advertían de que aquello que alguna prensa 'vendía' los positivo del nuevo proyecto para la tramitación de los casos de dependencia “no solucionaba las listas de espera y recortaba prestaciones”.

“A esos titulares les siguieron muchos más, así como páginas de propaganda en los medios de comunicación sobre los cambios normativos que se fueron llevando a cabo: la unificación del procedimiento de valoración y de aprobación del Plan Individual de Atención (2023), la unificación del procedimiento de valoración de dependencia y discapacidad (2024), la supuesta simplificación de la burocracia…”, añadieron desde Comisións Labregas, para añadir que, no obstante, “los resultados no acompañaron en absoluto a los titulares”.

Tal y como anunciaron entonces, y después de “transcurrido un tiempo prudencial”, la realidad ratifica la situación actual denunciando que “la situación no ha mejorado para las personas dependientes y sus familias. Por el contrario, el sistema ha sufrido un importante deterioro”.

Los cambios que introdujo ese proyecto pasaban por eliminar la obligación de aportar informes sociales y médicos junto con la solicitud de dependencia; la Xunta justificó ese cambio bajo el paraguas de la simplificación de la burocracia.

Según esta organización sindical, sin embargo, lo que provocó “solo supuso un mayor deterioro del sistema, dado que se trata de informes básicos e imprescindibles para una correcta valoración de la persona”. Se da la circunstancia de que, incluso, ahora mismo esos informes “en muchos casos están siendo requeridos por los equipos de valoración, por lo que no existió tal simplificación”.

Medidas que eran solo propaganda

La supuesta unificación de procedimientos que tendría que llegar acompañada de beneficios en forma de mejora de tiempos desembocó, por el contrario, en “más retrasos en el reconocimiento de derechos en el caso de la unificación de la valoración de dependencia y del Plan Individual de Atención, el documento que determina las prestaciones concretas que recibirá cada persona una vez reconocido su grado de dependencia; valoraciones inadecuadas en el caso de la equiparación de la discapacidad, al no valorar, por ejemplo, la movilidad reducida, etc.”, según la denuncia del Sindicato Labrego.

Cabe subrayar que el Gobierno gallego presidido por Alfonso Rueda sigue presumiendo del sistema autonómico de dependencia. La opinión de Comisións Labregas es muy diferente y en Galicia “seguimos esperando casi un año para la valoración de la dependencia”, en concreto, “329 días en 2025, cuando el plazo máximo de resolución es de 180 días”.

Esto significa que ahora mismo, la región es la que tiene menos solicitudes por persona totalmente dependiente y “se sitúa entre los territorios que menos invierten en dependencia, con apenas 1.317 euros por persona”.

Según las cifras hechas públicas por el Sindicato Labrego, en los primeros nueve meses de 2025 “fallecieron 71 personas en Galicia en lista de espera”.

En este marco, y dentro de las deficiencias del sistema, para los denunciantes “tiene especial gravedad” la circunstancia de que la prestación del cuidador “que debería ser una ayuda de carácter excepcional, se ha convertido en los últimos tiempos en la única posibilidad que se ofrece a muchas familias”. La derivada de todo esto, con menos recursos para el Servicio de Ayuda en el Hogar, es “un retroceso en política social a tiempos pasados, en los que la carga de los cuidados recaía exclusivamente sobre las mujeres”.

Al margen de lo anterior, el Sindicato Labrego Galego también denunció el “incumplimiento legal de la Xunta”. Esto es así porque el Gobierno de Rueda no ha convocado el Consello Galego de Benestar Social en el último año, “cuando la ley obliga a hacerlo al menos una vez al año”. Este asunto lo han llevado ya ante la Valedora do Pobo.