Hoy parece que el tiempo concede cierta tregua a los gallegos tras semanas de lluvias, borrascas y temporales. El humor se ha convertido en la mejor arma para luchar contra unas condiciones meteorológicas que han acabado con la paciencia de muchos y han provocado numerosos problemas.

En Galicia, como ocurre con los incendios, parece que la lluvia, sea cual sea su calibre o el fenómeno meteorológico al que acompañe, es el pan nuestro de cada día. Sin embargo, esos fenómenos con nombre de persona son la diferencia entre usar solo paraguas o suspender actividades al aire libre, cortar carreteras o activar alertas por inundaciones.

La Xunta parece que, como en el caso de los fuegos forestales, también en esto suspende. Lo dice el Bloque Nacionalista Galego que acusa al Gobierno presidido por Alfonso Rueda de “pasividad” y “pasotismo”. Así ha definido la gestión de estas semana el portavoz del BNG en materia de Medio Ambiente, Luís Bará.

En concreto, el diputado nacionalista ha criticado la actitud del Ejecutivo autonómico al fijar las ayudas por las “graves consecuencias, no solo de los temporales, sino también ante el riesgo al que se enfrenta la costa gallega por fenómenos más permanentes derivados del cambio climático como la erosión y la subida del nivel del mar”.

En este sentido, ha asegurado que “llama poderosamente la atención la pasividad y el pasotismo de la Xunta en relación con todos los daños que sufre nuestra costa”. A su juicio, esta manera de actuar por parte del Partido Popular es “irresponsable” y “negligente”; su afirmación se refiere a la falta de información, por “no dar a conocer, cuatro años después, el convenio alcanzado con las tres universidades gallegas”. El acuerdo no es menor, puesto que su objetivo debería ser el estudio del “impacto, los daños y los riesgos de la subida del nivel del mar y de la erosión”. A pesar de que la principal formación de la oposición lo ha solicitado en el Parlamento autonómico, “la Xunta lo tiene secuestrado”.

Luís Bará no ha dudado en reprochar a Rueda y su equipo que “no haya llevado a cabo ninguna actuación para paliar los efectos del cambio climático”. Se da la circunstancia de que, como ha recordado el diputado nacionalista, estas iniciativas se contemplan en el Plan Estratégico nacional para la Protección de la Costa Española, de 2022, de ahí que haya afirmado que “mucho presumir de que tienen las competencias en materia del litoral, pero en realidad la Xunta no actúa en aquellas cuestiones que son absolutamente fundamentales y centrales”, en referencia a la controversia que el Gobierno gallego mantiene con Mocloa a propósito de las competencias sobre el litoral.

"Indocumentada por desconocer"

Sobre esto, el dirigente del Bloque ha criticado que Alfonso Rueda “sí presume de tramitar cientos de expedientes”, pero la mayoría se reifere a “autorizaciones de eventos festivos, deportivos o culturales y también de chiringuitos”, añadiendo que el “gran problema es que la competencia sobre el litoral, es decir, sobre el dominio público marítimo-terrestre y también sobre la zona de servidumbre, sigue siendo estatal”. En este punto, tal y como ha venido defendiendo, el BNG insiste en reclamar a la Xunta que haga una “gestión responsable de sus competencias en el litoral y defienda el interés público frente a particulares”.

No se ha centrado solo en el presidente gallego. Luís Bará también ha arremetido contra la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, por el comienzo de la tramitación del nuevo Reglamento de Costas del Estado, surgido tras una exigencia europea “y que será más protector y conservador”. Ha recordado el parlamentario que Vázquez “puso el grito en el cielo hablando de ‘asalto a la propiedad privada’ y de ‘tramitación por la puerta de atrás’, sin que se conozca el texto del reglamento”, a lo que ha agregado que es “para nota” que el Ejecutivo autonómico que “tramita por la puerta de atrás, sin participación, sin información y sin debate público”, hable en esos términos.

Ante esta situación, Bará ha calificado a la conselleira de “indocumentada por desconocer (o, de lo contrario, actuar “de mala fe”) que, tal y como se hace también en la Xunta, cualquier reglamento requiere una consulta previa con agentes y colectivos para que puedan presentar alegaciones”.

Ha llegado, incluso, de llamar a la responsable gallega de Medio Ambiente de terraplanista”, porque cada vez que hace una declaración “ignora lo que es un gravísimo problema que tiene nuestra costa: las consecuencias del cambio climático, la erosión costera y la subida del nivel del mar”.

Frente a esto la ha acusado de defender “a capa y espada la ocupación permanente de la costa por parte de numerosas instalaciones y construcciones que no deben estar en el litoral y cuyo traslado debería planificarse”. El ejemplo más evidente de esto es la fábrica celulosa que Ence tiene en plena ría de Pontevedra y contra la que, desde hace años, luchan el Ayuntamiento de la capital pontevedresa, asociaciones ciudadanas y organizaciones y colectivos ecologistas en los tribunales, hasta ahora sin obtener buenas noticias.