La Casa Cornide es un palacete histórico del caco antiguo de A Coruña, construido en la segunda mitad del siglo XVIII por el ingeniero militar Francisco Llobet. Debe su nombre a la familia Cornide, quien la reformó en este siglo y la donaron al Ayuntamiento de A Coruña. Durante décadas, el palacete albergó las dependencias municipales y una escuela hasta que, en 1962 ―en plena dictadura franquista― fue transferida de forma irregular a manos privadas.
Desde entonces la Casa Cornide ha permanecido en propiedad de los herederos de Francisco Franco, sirviendo incluso para guardar obras de arte y objetos de valor que el dictador expolió durante el franquismo. Con un valor artístico e histórico excepcional, era hasta hace unas décadas un lugar público. Un estudio de los historiadores Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo documenta que el régimen franquista montó una “compleja operación administrativa” para favorecer a Franco y su esposa, Carmen Polo, en la adquisición del palacete. Para ello concentraron una permuta de inmuebles con el Estado, luego lo subastaron restringiendo la venta por diez años, y finalmente, el único postor ―el banquero y simpatizante del régimen Pedro Barrié de la Maza― transfirió inmediatamente el edificio a Carmen Polo. Incluso una carta oficial del secretario de Franco revela que la maniobra se diseñó “para que de esta forma no se haga una adjudicación directa de bienes que fueron del Estado al propio Caudillo”. El plan fue supervisado desde el primer momento por Franco y su esposa. Al día siguiente de la subasta, el de agosto de 1962, con Franco veraneando en el Pazo de Meirás, comenzaron obras financiadas con fondos públicos, y no hay constancia de que la familia pagara de su bolsillo por aquella compra fraudulenta.
Bien de Interés Cultural pero en manos privadas
Para noviembre de 2023, la Xunta de Galicia, presidida por el Partido Popular desde hace décadas, declaró la Casa Cornide como Bien de Interés Cultural (BIC). Esta figura de protección legal conlleva obligaciones estrictas: por ley un inmueble de esta categoría debe estar abierto al público al menos cuatro días al mes durante cuatro horas diarias, según establece la Ley de Patrimonio Histórico de Galicia ―y el régimen general del Patrimonio Cultural―. Es decir, al ser declarada BIC, la Casa Cornide quedó sujeta a ese calendario de visitas obligatorias.
Desde su valoración como BIC hace más de año y medio, las autoridades gallegas han exigido en vano a los Franco que permitan el acceso público. La Conselleria de Cultura notificó oficialmente a los herederos la obligación de abrir la casa gratuitamente cuatro días al mes. Los Franco, sin embargo, han resistido el cumplimiento de esta norma. Alegaron en un primer momento que la Casa Cornide era “la vivienda habitual de uno de los propietarios”, por lo que supuestamente quedarían exentos de abrirla. Por su parte, los técnicos de Patrimonio rechazaron ese argumento: la casa se comprobó “prácticamente vacía, sin muebles”, por lo que parece ser una residencia habitable. Con esos datos, la Xunta reiteró que el BIC debe aplicarse: el inmueble ha de permitir las visitas de manera regular, como cualquier bien cultural protegido.
Una sanción insuficiente
En el incumplimiento de la obligación de apertura, la Xunta de Galicia impuso una sanción económica de 3.000 euros a los herederos del caudillo. Esta multa corresponde al nivel medio de infracción leve previsto en la ley autonómica ―entre 300 y 6.000 euros.
La familia Franco intentó impedir la sanción presentando un recurso administrativo de alzada, que fue rechazado. Según confirmaciones de la Xunta y reportes de agencias, la resolución de la multa ya es firme. Una nota del Gobierno gallego explicaba que se notificó la “negativa” al recurso este mismo mes de junio, lo que significa que el expediente administrativo ha concluido y la multa queda confirmada. A partir de este momento, solo cabe agotar la vía judicial: los Franco pueden acudir al contencioso-administrativo, pero por ahora han perdido en la primera instancia.
Esta multa de 3.000 euros ha sido ampliamente criticada por las instituciones del Consistorio y las asociaciones de memoria histórica la han tildado de insuficiente. En palabras de la alcaldesa socialista de A Coruña, Inés Rey, es apenas un “paso” en la estrategia dilatoria que la familia sigue, y por ello exige sanciones más severas. Rey recordó ante los medios que “todos somos iguales ante la ley y no están exentos, como estuvieron durante 40 años, del cumplimiento de la misma”. Con la resolución administrativa confirmada, la multa fija pondría fin a la vía administrativa, pero los Franco aún podrían recurrir por vía judicial.
La resistencia de los Franco
Desde la polémica por el Pazo de Meirás, los Franco han demostrado un patrón de desobediencia democrática similar con la Casa Cornide. Tanto El País como El Ideal Gallego comparan explícitamente ambos casos. En Meirás, la familia retrasó casi tres años las visitas tras declararlo BIC, hasta que el Gobierno central llevó el caso a los tribunales y logró revertir la propiedad en 2020. Ahora, en A Coruña, vuelven a recurrir a tribunales e informes favorables propios: el conselleiro de Cultura admitió que los herederos primero alegaron que la Casa Cornide era “una vivienda” y llegaron a pedir plazos extra al inicio del expediente sancionador. Solo cuando la Xunta recogió documentación en una visita ―7 de marzo de 2023― se constató que el palacio está “sin muebles” y, por tanto, no puede considerarse domicilio habitual.
La actuación de la familia Franco ha sido el objeto de numerosas críticas, tanto de políticos como de la sociedad civil y los grupos de memoria histórica. La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de Galicia ha pedido a la Xunta que adopte “medidas coercitivas más severas, incluida la penal”, calificando de “contumaz resistencia” la negativa de los Franco a cumplir la ley. Su portavoz ha señalado que “una sanción de 3.000 euros por cuatro años de incumplimiento, además de ser de escasa cuantía, no resuelve la realidad de un BIC que sigue cerrado al acceso público”. De hecho, colectivos coruñeses han reiterado que la familia usa su poder económico y un “gran equipo de abogados” para dilatar sistemáticamente sus obligaciones legales. El activista Manuel Monge lo resumió con crudeza: “Los Franco siempre lo retrasan todo porque tienen un gran equipo de abogados y mucho dinero”.
Por su parte, los socialistas coruñeses han mostrado unidad crítica contra la inacción de la familia Franco. Inés Rey ha abogado por agotar todas las vías legales para recuperar el inmueble. Además de exigir multas mayores, avanzó que el Ayuntamiento prepara un “recurso de oficio” para anular los acuerdos municipales de 1962 que permitieron la venta del edificio al dictador. Con esa anulación, el gobierno municipal podrá demandar civilmente la reversión del palacio al patrimonio público. También en la Xunta la conselleira de Cultura, el nacionalista José López Campos, ha confirmado que seguirá recordando a los Franco la “obligatoriedad de la apertura” y que, “de seguir negándose a cumplir con la ley, habrá sanciones y multas” adicionales. Incluso desde el BNG coruñés se han pedido medidas firmes: en 2024 su portavoz solicitó al Gobierno gallego que inste jurídicamente a los Franco a abrir la casa, y denuncia la “pasividad” de la Xunta ante la situación.
Mientras, los representantes de la familia Franco no han ofrecido declaraciones públicas. Su actuación oficial se limita a los recursos legales presentados. Sólo hay constancia de que argumentan legitimidad en la titularidad. Como recuerda la investigación citada, los Franco sostienen que la compraron “legalmente” a través de Barrié de la Maza, y por tanto no tienen deber de apertura. Pero la documentación histórica refuta esa versión. En definitiva, en el debate actual sus argumentos se reducen a considerarse privados de una “propiedad familiar”, mientras las autoridades y la sociedad les demandan abrir sus puertas por ser patrimonio común.
La batalla con los Franco continúa
La situación de la Casa Cornide enfrenta a dos posturas contrapuestas: por un lado, el Ayuntamiento de A Coruña, y asociaciones de memoria que insisten en el cumplimiento inmediato de la ley; y por otro, los descendientes de Franco que rehúsan voluntariamente abrir la mansión, sumando la tibieza de las sanciones de la Xunta de Galicia. La alcaldesa Rey recuerda que, tras 40 años de impunidad, ahora “todos somos iguales ante la ley” y exige eficacia jurídica. La Xunta ha actuado imponiendo la multa e instando a los Franco a cumplir el calendario de visitas; la CRMH pide incluso acción penal. El Ayuntamiento, por su parte, prepara reclamaciones formales para que el edificio regrese al patrimonio público, pues considera nulos los acuerdos franquistas de venta de 1962.
Los Franco, en cambio, han mantenido silencio público y continuado su estrategia legal. Según fuentes del Gobierno gallego, han propuesto incluso un plan propio de visitas ―grupos reducidos los lunes y jueves― que ha sido autorizado sin que la familia aporte un convenio de gastos. Pero ese gesto no condiciona su responsabilidad principal: hasta ahora no han abierto la casa según exige la declaración BIC. Mientras la vía administrativa se ha cerrado con la una simple multa, la vía judicial permanece abierta. El Ayuntamiento ha advertido que, si prosperan las reclamaciones, los Franco podrían verse obligados a devolver la finca al dominio público, de la misma forma que sucedió con el Pazo de Meirás.
Expertos y afectados consideraban que la sanción actual es prácticamente simbólica frente al empeño de los Franco por retener el inmueble. Como ha señalado la propia prensa, “la tibieza punitiva” permitió a la familia sortear hasta ahora su obligación. La alcaldesa Rey confía en que se intensifiquen las multas “incluso de mayor cuantía” si persiste el incumplimiento, y asociaciones de memoria exigen instrumentos como la incautación del BIC cerrado. Más allá de lo económico, está en juego el valor patrimonial y democrático de la Casa Cornide: que un palacio ilustrado donado a la ciudad siga cerrado es un golpe a la memoria histórica colectiva.