Los frentes abiertos de la Xunta de Galicia con el medio ambiente en el centro de la polémica no dejan de crecer. A las suspensiones de licencias para parques eólicos y la controversia generada en torno a la posible instalación de una macrocelulosa, como así la han definido quienes se posicionan en contra, de la empresa Altri, se suma de nuevo otro conflicto alrededor de la mina de Touro, en A Coruña.
La noticia que se acaba de conocer y que no es más que la continuación de una denuncia previa tiene que ver con la apertura, por parte de la Fiscalía, de investigaciones a la empresa pública dependiente de la administración autonómica, Augas de Galicia.
El origen de esto se encuentra en la denuncia presentada en su momento por Ecoloxistas en Acción, que trasladó a la justicia la petición para determinar si hubo delito penal en la actuación de los organismos de la Xunta encargados de fiscalizar la actuación de la empresa propietaria de esta explotación y, en concreto, en los vertidos realizados por la mina.
A raíz de esto, la Fiscalía ha instado a la Consellería de Economía e Industria que le traslade, “en un plazo no superior a dos meses”, el informe relativo a “la situación actual de la explotación de la mina de Touro, copia de la autorización ambiental vigente, control y seguimiento de la misma y copia de las actas, inspecciones y sanciones” que, en su caso, se llevaran a cabo, según ha informado hoy mismo Ecoloxistas.
La organización, al hilo de esto, ha recordado que denunció la posible contaminación porque, “a pesar de años de interponer continuadas denuncias, la Xunta de Galicia no consideró acabar con los drenajes contaminantes de esta mina”.
Precisamente, ante esta inacción por parte de Augas de Galicia, “estos vertidos contaminantes afectan ya a los ríos Pucheiras, Portapego, Felisa, Ameneiro- Lamas, Burgo, que vierten a los cauces del Lañas y Brandelos”, y esto está provocando “daños en la calidad de las aguas de estos afluentes directos del rio Ulla”.
El movimiento dela Fiscalía provincial de A Coruña se produce tras la mencionada denuncia y supone la apertura de diligencias “de investigación preprocesal”, como ha informado los ecologistas, para a partir de aquí y en el marco de “una investigación penal, indagar si hay indicios de delito en la forma de proceder de Augas de Galicia”.
Posibles sanciones
En este sentido, el ministerio público ya reclamó al Gobierno regional la documentación correspondiente en relación con los vertidos de la mina y la propia actuación de la Xunta “ante esta contaminación ambiental”, en este caso a la Consellería de Economía e Industria y Augas de Galicia.
En un comunicado, Ecoloxistas en Acción ha informado de que las pesquisas iniciadas por la Fiscalía se refieren a las denuncias presentadas en el último trienio que consten en el Seprona.
En caso de ir adelante, “podrían ser sancionados las autoridades o funcionarios públicos que, a sabiendas, hubieran informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autorizaran el funcionamento de actividades contaminantes, hubieran silenciado las infracciones u omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio”.
El colectivo naturalista no tiene dudas acerca de la responsabilidad de la explotación minera en la contaminación detectada en los citados ríos, recordando que este “grave impacto ambiental” ya quedó recogido en la “revisión del Plan Hidrológico Galicia-Costa 2021-2027”.
Es en este argumento en el que apoyan su denuncia contra los propietarios que explotan la mina, que son “perfectamente conocedores de que tenían la obligación” de restaurar la zona y del “cese de la contaminación de las aguas”; pero también hacen responsable a la Xunta por “ponerse del lado del agresor ambiental y proteger los intereses del infractor”.
Una vez más, Ecoloxistas en Acción insta a Aguas de Galicia a que paralice el permiso para llevar a cabo “vertidos encubiertos” que concedió a la empresa Explotaciones Gallegas. Para la organización, esta autorización “le permite achicar aguas tóxicas de la balsa de lodos mineros del Vieiro al río Pucheiras”, caso sobre el que la propia administración tiene abierto otro expediente.
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