Se estrecha el círculo sobre la mano derecha de Feijóo

María del Mar Sánchez Sierra es, sin lugar a duda, el secreto mejor guardado de la calle Génova 13. La mujer que susurra a la oreja de Alberto Núñez Feijóo, la encargada de dictar la estrategia de comunicación, moldear los discursos y vigilar con mano de hierro la imagen del líder de la oposición, siempre ha preferido la penumbra de los despachos. Sin embargo, los papeles oficiales y los registros públicos reflejan una realidad distinta. Son precisamente sus declaraciones institucionales de bienes las que han encendido el debate en el Congreso de los Diputados, donde las formaciones de la oposición fiscalizan con lupa un considerable patrimonio inmobiliario y unos activos financieros que, según los datos registrados, superan el millón de euros.

Mientras el Partido Popular intenta abanderar la regeneración y la transparencia para desgastar al Gobierno, su estratega de cabecera, Mª Mar Sánchez Sierra, ha protagonizado un monumental "apagón" informativo que se ha extendido durante más de dos años.

Desde que cesó como secretaria general de Medios en Galicia para volar a Madrid junto a su jefe político, el Ejecutivo gallego de Alfonso Rueda metió en un cajón su declaración de bienes por cese de actividad, contraviniendo los plazos de la normativa autonómica. Un silencio institucional férreo que pretendía evitar que saltara a la luz pública lo que hoy ya es un secreto a voces: un entramado inmobiliario que supera los 30 inmuebles y un colchón financiero de 1,29 millones de euros en metálico, cuentas bancarias, fondos y acciones en firmas de inversión como Inpronosa o Fincela S.L.

Del pacto sucesorio gallego, al 'olvido' en Madrid: el rastro del piso ocultado a las Cortes

Para comprender el volumen inmobiliario que ostenta Sánchez Sierra es necesario revisar los protocolos notariales de la provincia de A Coruña y su entorno familiar. Su capital no se ha configurado al azar, sino que procede de la actividad mercantil de sus progenitores. La actual parlamentaria consolidó la titularidad de una cuarta parte de un extenso catálogo de fincas, grandes naves fabriles en el municipio de Cambre y locales comerciales en el centro urbano coruñés mediante una figura específica del derecho civil gallego: un "pacto sucesorio de mejora" formalizado a finales de diciembre de 2020, que se ejecutó de forma definitiva tras el fallecimiento de su madre en 2022.

El "pacto sucesorio de mejora", es un mecanismo que permite la transmisión de legados patrimoniales en vida. No obstante, el blindaje de estas propiedades sufrió un contratiempo de imagen cuando la asesora obtuvo su acta en Madrid. En la hoja de bienes requerida por el Parlamento nacional, Sánchez Sierra omitió reflejar una vivienda de 153 metros cuadrados adquirida ese mismo periodo en el ensanche coruñés, ligada a un crédito hipotecario de 300.000 euros.

Al ser desvelada la existencia de este inmueble por investigaciones periodísticas, el entorno del partido argumentó que se trataba de un mero desfase temporal en la validación del Registro de la Propiedad, una justificación burocrática que no consiguió neutralizar los reproches de opacidad formulados por los grupos de la oposición.

Cerco judicial a la intocable de Génova: las claves del dossier remitido a la Sala de lo Penal

Sin embargo, el verdadero dolor de cabeza para la mano derecha de Feijóo se dirime en los pasillos de la más alta instancia judicial. La Fiscalía del Tribunal Supremo tiene sobre la mesa el expediente remitido desde los órganos judiciales de Galicia, tras una denuncia penal por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Al gozar de la condición de aforada por su escaño en el Congreso, el Alto Tribunal es el único órgano competente para decidir si abre formalmente una causa penal contra la intocable asesora.

La oposición y colectivos de transparencia cercan su gestión bajo dos sospechas clave. Primero, denuncian el origen de varios terrenos rústicos familiares revalorizados tras la oleada de incendios forestales de 2012 cuyas escrituras bajo el amparo de la Xunta siguen en el ojo del huracán.

Segundo, colectivos del sector del mar, plataformas vecinales y organizaciones de izquierda ubican el antiguo departamento de Sánchez Sierra en el centro de la transición que dio origen a ABANCA, la corporación financiera comandada por el inversor Juan Carlos Escotet. Las reclamaciones remitidas en diversas fases ante los órganos fiscales describen que, en pleno proceso de privatización de las cajas de ahorros gallegas, la Secretaría General de Medios inyectó partidas presupuestarias millonarias mediante convenios institucionales, para lavar la imagen de la entidad ABANCA y apuntalar su nacimiento, una maniobra de distracción que camufló el desmantelamiento de las cajas públicas gallegas en beneficio del negocio privado. El objetivo final: ir allanando el terreno para el desembarco multimillonario de Escotet.

Aunque en las instancias judiciales ordinarias estas transferencias se enmarcaron en la estricta legalidad del reparto publicitario, el expediente ha adquirido una nueva dimensión institucional: la Fiscalía autonómica ha remitido las actuaciones directamente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo debido a la condición de aforada que protege a la diputada en Madrid. Algo que mantiene en vilo al núcleo duro del PP.

"La estratega de Génova, que acumula un patrimonio financiero de 1,3 millones de euros y más de 30 inmuebles ha sido objeto de debate tras desvelarse que la Xunta ocultó su declaración de bienes durante dos años”

La conexión mexicana: el fiasco de los 'floteles' y la sombra de Pemex

Más allá del ámbito patrimonial y de las herencias familiares —estructuradas legalmente bajo la fórmula del "pacto de mejora" del derecho civil gallego—, las principales dudas de carácter ético y deontológico pivotan sobre la utilización de los fondos públicos durante su prolongada etapa al frente de la Secretaría General de Medios de la Xunta.

Durante más de una década, el departamento de Sánchez Sierra distribuyó alrededor de 45 millones de euros a través de convenios de publicidad institucional firmados sin concurso público. Diversas asociaciones de periodistas y medios independientes denunciaron de manera sistemática que este modelo se utilizaba de forma discrecional como una herramienta de incentivos, destinada a premiar las líneas editoriales afines al Ejecutivo autonómico y a penalizar de forma indirecta la viabilidad económica de las cabeceras críticas.

Su historial internacional tampoco está exento de polémica. Fue precisamente Mar Sánchez la encargada de pilotar la agresiva campaña de propaganda del "milagro Pemex", aquella fallida alianza estratégica de la Xunta que prometía salvar los astilleros gallegos con la construcción de floteles para la petrolera estatal mexicana. Un acuerdo histórico que terminó resultando un fiasco industrial absoluto para Galicia y cuyo interlocutor estrella y firmante de las fotos oficiales, el entonces director de Pemex Emilio Lozoya, acabó entre rejas en México por el mega escándalo de corrupción internacional de Odebrecht. Aunque a Sánchez Sierra nunca se la vinculó judicialmente al cobro de comisiones, su firma profesional quedó ligada para siempre al diseño de una campaña que ligó el prestigio de Galicia a uno de los mayores delincuentes de cuello blanco de América Latina.

Décadas de control absoluto, de tejer redes invisibles y de blindar la figura de un Feijóo al que acompañó desde las oficinas de Correos hasta la cúspide de la política nacional, parecían haberle garantizado un pasaporte de total impunidad mediática. Pero los tiempos han cambiado de forma radical. ¿Cómo es posible que una de las figuras más influyentes de la política española contemporánea haya logrado permanecer oculta y a salvo del escrutinio público durante más de veinte años en la sombra, para acabar viendo cómo, en apenas unos meses, se desmorona su muro de silencio bajo una tormenta de titulares que cuestionan su ética, su patrimonio y la legalidad de su imperio financiero?