La AP-9 es la autopista de peaje que vertebra por carretera la comunidad gallega de norte a sur, de A Coruña a Vigo. Tiene como unas de sus características, por una parte, ser una de las más caras a nivel estatal para los usuarios y, por otra, haberse convertido en saco de boxeo entre las formaciones políticas de la región.
De titularidad estatal pero gestionada por una empresa privada, tras rechazarse, por ahora, su gratuidad, en los últimos meses la discusión se centra en torno al traspaso de su competencia a la Xunta de Galicia. Esta vía y la polémica que la acompaña desde que en 2003 (las elecciones fueron al año siguiente) durante su último mandato José María Aznar decidió concederle una prórroga a la empresa privada para su gestión hasta 2048, es recurrente en procesos electorales.
Para muestra el último celebrado en febrero, con promesas de algunos partidos de convertirla en gratuita en caso de ganar.
Precisamente, hace seis días el asunto llegó al Congreso de los Diputados. Allí se debatió sobre el traspaso de la AP-9 a la Xunta, con críticas contundentes del Partido Popular acusando al Gobierno de Pedro Sánchez y al ministro de Transportes, Óscar Puente, así como a su formación de “incongrutente”.
Insistieron en su argumento los 'populares' que, incluso, no dudaron en mencionar las radiales construidas en Madrid en época de Esperanza Aguirre y con Aznar de presidente que han tenido que ser rescatadas por el Ejecutivo central, con Sánchez ya en la Moncloa. Su coste fue de cientos de millones de euros, que se sumaron a los más de 2.000 millones de dinero público que requirieron para su puesta en marcha (incluidas las expropiaciones).
Desde el Ministerio del ramo se ha tasado la recuperación de la AP-9 en alrededor de 6.000 millones de euros, una cantidad que consideran inasumible.
El PP de Galicia, en sus declaraciones, ha echado en cara a los socialistas el agravio comparativo con el rescate de las radiales de Madrid, obviando que se idearon y abrieron con su partido gobernando en Madrid y España y ante las críticas de muchos sectores que consideraban el proyecto sumamente arriesgado e, incluso, en algunas de esas autopistas, innecesario.
Ahora, la autopista de peaje que recorre la región, vuelve a ser noticia, a causa de un hecho ocurrido hace más de dos décadas y cuyas consecuencias se pagan ahora.
En concreto, la Comisión pone en entredicho la privatización impulsada por José María Aznar hace 21 años. Así lo recoge una carta que ha desvelado Ser Galicia y que puede elevar a categoría de escándalo lo sucedido con la AP-9 y romper toda la dinámica del PP a nivel autonómico y estatal en relación con esta importante vía.
Tal y como se pone de manifiesto, el paso de la gestión de la autopista a manos privadas es considerado por parte del comisario de Mercado Interior un elemento clave en el cuestinamiento de la prórroga que el Gobierno de Aznar dispuso a favor de Audasa (empresa todavía pública en ese momento) aquel año con una vigencia de 25 años más (hasta 2048).
En 1999 se planteaba ya la privatización
La misiva revelada por Ser Galicia fue remitida al Gobierno central y en ella avisaban de que, ya cuatro años antes, es decir, en 1999 Aznar y su equipo planteaban la privatización de Audasa y, lo que es más grave, que “la prórroga era un mecanismo para aumentar su valor de mercado”.
En el escrito, el alto cargo comunitario deja bien claro que el razonamiento utilizada como argumento por parte del Gobierno español con el que trataban de justificar la modificación y la prórroga sobre la autopista favorable a Audasa por un cuarto de siglo más. Ese argumento del ejecutivo de Aznar pasaba por la denominada excepción In House, relativa a que la administración central defendía y se apoyaba en la titularidad pública de la AP-9 en el año en que se decidió la ampliación del contrato con la concesionaria, es decir, en el 2000.
Este es la leitmotiv de lo que bien podrían ser las 'cartas marcadas' con las que jugaba el Ejecutivo español y que la Comisión Europea considera al señalar como incoherente la posición del Gobierno presidido por José María Aznar en el momento de la prórroga del contrato porque ya había hasta dos contratos de concesión.
Según asegura Ser Galicia tomando como referencia la carta en cuestión, Bruselas expresa la existenica de no uno sino de diferentes elementos que demuestran que la decisión de ampliar la concesión se hizo a sabiendas de que se iba a producir la privatización de Audasa.
Y este es el motivo por el que el comisario de turno afirma que se trata de elementos que invitan a pensar en que “el verdadero objetivo de la prórroga” era simplemente un movimiento estratégico encaminado a incrementar “sustancialmente su valor para hacerlas más atractivas con vistas a conseguir una venta futura, pero ya prevista, más rentable".
En la misma carta, se deja claro que casi un año antes de la controvertida prórroga, ya los Ministerios de Hacienda y Fomento habían abierto “conversaciones con vistas a la venta”, algo que sería muy grave desde un punto de vista legal.
A raíz del conocimiento de esta misiva, los grupos de la oposición, Bloque Nacionalista Galego y PSdeG, han pedido ya explicaciones a la Xunta y la apertura de una comisión de investigación.
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