Uno de los temas que la oposición más afea al Gobierno del PP en Galicia se refiere no solo a la trama de contratos a dedo -sin someter a concurso público y muchos de ellos haciéndolos la Xunta pasar por menores- sino lo difícil que resulta acceder a esta y otra información que debiera ser pública.

Solo una de estas cuestiones es la que tiene que ver con los contratos que publicó este periódico y que corresponden a los acuerdos que la administración pública cerró con Eulen, de la que la hermana de Alberto Núñez Feijóo, Micaela Núñez Feijóo, es responsable para la zona noroeste. Los documentos a los que ha tenido acceso este periódico están en la plataforma de contratos de Galicia. Sin embargo, estos quedan fechados entre 2018 y 2023. De aquí hacia detrás no es posible encontrar nada relativo a la cuestión. Barrido absoluto. No aparece y con ello el PP estaría vulnerando la Ley de Transparencia de 2013.

Los partidos de izquierda en Galicia (BNG y PSdeG) lamentan el cerrojazo informativo en este y otros temas que podrían poner en apuros a Feijóo y su sucesor al frente de la Xunta, Alfonso Rueda, pero que son imposibles de conseguir. La formación de Ana Pontón, impulsora de la comisión de investigación contra los ‘populares’ afean que el PP se jacte de pedir transparencia en Madrid y opere contra ella en Galicia. “Pide explicaciones en Madrid, pero se niega a darlas en Galicia”, emiten fuentes de la formación, que tachan de “odisea” encontrar datos.

De hecho, era uno de los aspectos que la propia portavoz de los nacionalistas echaba en cara a Rueda en la sesión en la que hace unos días intervenía él. “¿Por qué oculta los contratos menores del gobierno del PP entre 2013 y 2018 vulnerando así la Ley de Transparencia 19/2013?; ¿Por qué el PP veta el acceso a documentación de los contratos de urgencia durante la pandemia?; ¿Por qué se niega a enviar documentación de los contratos a la empresa (de la que forma parte el cuñado de Feijóo) al Parlamento?”, fueron algunas de las cuestiones planteadas por la diputada y que no obtuvieron respuesta alguna del presidente.

"Si no tienen nada que ocultar, ¿por qué vetan?"

Ahora la propia Pontón añade, en declaraciones a ElPlural.com que el PP "mantuvo una actitud totalmente obstruccionista desde el primer minuto". "Empezaron vetando la creación de comisión, veto que fue posible superar gracias a los 25 diputados y diputadas del BNG, una representación que nos permitió impulsar esa comisión pese a la oposición del PP", recuerda. "Una vez que el PP non pudo impedir la comisión concentró sus esfuerzos en boicotearla, llegando hasta el punto de rechazar todos los comparecientes y toda la documentación solicitada por el BNG y aprobando unilateralmente su plan de trabajo.  Es como si en un juicio sólo se admitiesen los testimonios y las pruebas que presenta una de las partes, precisamente la que es objeto de investigación así de disparatado", añade mientras recuerda que es precisamente esto lo que ha motivado a su partido a presentar un recurso ante el Tribunal Consitucional. 

Pontón enfatiza en que el partido "vetó la comparecencia de Feijóo, pese a que es el principal responsable de los hechos investigados, empezando por los 1.600 contratos a dedo por valor de 7 millones de euros a la empresa que dirige en su hermana en Galicia". "Y esto es solo una parte, porque el PP incumple la Ley de Transparencia de 2013 y oculta los contratos menores entre 2013 y 2018", dicta recordando los acuerdos con la compañía de la que es directivo el cuñado del líder del Partido Popular. "Pide explicaciones en Madrid, pero se niega a darlas en Galicia por los contratos a dedo a empresa de familiares(...)  Y tampoco quiso venir a explicar porque el Hospital de Vigo tuvo un sobre coste de 470 M€ tras decidir Feijóo privatizar su construcción, un hospital que además tiene 700 camas menos de las previstas, menos metros cuadrados y menos plazas de aparcamiento", apostilla.

Con todo, el BNG asegura que el partido de la derecha ha hecho "todo lo posible por boicotear la comisión porque le tiene pánico a una investigación, porque la pregunta es muy clara; si no tienen nada que ocultar, por quçe se veta la comparecencia de Feijóo para explicar miles de contratos a dedos a empresas de sus familiares mientras era presidente de Galiza". "En todo caso, el BNG seguirá sacando a la luz todos los chanchullos que el PP quiere esconder, con o sin comisión, porque lo que está en juego es la gestión de los recursos públicos, el dinero que los gallegos y las gallegas pagan con sus impuestos, y lo que vemos es a un gobierno del PP, antes con Feijóo y ahora con Rueda, que se han dedicado a enriquecer a las empresas de familiares e cargos del partido a costa del dinero de todos y de todas", solventa.

"Opacidad absoluta"

Otros diputados nacionalistas como Oscar Insua denunciaba y mostraba en la comisión miles de contratos a dedo que la Xunta había cerrado con Eulen desenrollando un listado eterno y dejando una imagen para el recuerdo. En sus palabras, dirigidas al responsable de compras del Servicio Galego de Saúde (Sergas), Alberto Baz, incidía en que los contratos que mostró “son de los señores Feijóo y Rueda” y, en consecuencia “tienen que estar en esta comisión, para poder extraer conclusiones acordes a la documentación real que hay en la Xunta”. Así las cosas, el Bloque apuntaba que, en lugar de los expedientes, los ‘populares’ solo estaban ofreciendo los listados de contrataciones.

Por su parte, el PSdeG incide en que "la falta de transparencia de la Xunta en relación con los contratos menores es preocupante". "Llevamos denunciando desde hace años (...) La opacidad absoluta en este tema dificulta incluso el acceso a la información, con una web que complica intencionadamente su localización...", explican. Y lo dejan miu claro: "Este tipo de prácticas no solo genera desconfianza, sino que también plantea dudas sobre la gestión y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos".

La relación de adjudicaciones en los últimos años existen al menos 69.452 para “material de laboratorio” por valor de 297 millones de euros; 72.423 para “otro material sanitario” por 600 millones, 271.656 contratos por valor de 1.600 millones bajo el concepto de “productos farmacéuticos y material sanitario” o unos 8.000 contratos por 11,2 millones y “otra suministración” como concepto. “Incluso hay 12.000 contratos menores por valor de 31 millones de euros donde pone simplemente otros' y hacen referencia a contratos do Sergas”, añadía el diputado.