Los contrarios a la macrocelulosa no se fían y, si es necesario, acudirán a los tribunales

Unos días después de que la Xunta anunciara el fin del proyecto de macrocelulosa en Palas de Rei (Lugo) desde un punto de vista administrativo, las entidades que más han luchado para impedir que Altri se hiciera realidad no las tienen todas consigo en relación con la actitud e intenciones del Gobierno presidido por Alfonso Rueda.

Así lo han puesto de manifiesto en las últimas horas los responsables de las plataformas Ulloa Viva, en Defensa da Ría de Arousa y la Vecinal Mina de Touro-O Pino Non, que en una comparecencia ante los medios de comunicación han explicado sus argumentos.

Un claro ejemplo de las dudas que existen es que, entre otras cuestiones, han anunciado que ya han solicitado a la Xunta de Galicia “el acceso a toda la documentación del expediente de Altri”, anunciando que “estamos vigilantes y somos conscientes de la necesidad de comparecer en el procedimiento que se derive”.

Para el presidente de Ulloa Viva, Juan Pedro Sánchez, la resolución de archivo del proyecto hecha pública este mismo julio “es una resolución sin soluciones”; por ello, como ha adelantado, no cesarán las movilizaciones y “estamos alerta”.

Sin restar importancia al archivo administrativo que ha atribuido al “éxito de la movilización social”, también ha informado de que “presentaremos recurso contra la resolución”.

Estos colectivos sospechan que el argumento utilizado por el Ejecutivo gallego del PP para archivar el proyecto basado en la falta de conexión eléctrica podría ser una maniobra de cara al futuro. Para las plataformas, que han anunciado que se recurrirán esa resolución, no tiene sentido justificar el cierre de proyecto por parte de la administración autonómica en el tema eléctrico cuando existen “informes solventes de técnicos y profesionales que advierten de los riesgos medioambientales y para la salud y la economía de la zona, que por sí solos ya deberían haber llevado a la Xunta de Galicia a poner fin hace años a este proyecto”.

Por su parte, el presidente de la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa, Xaquín Rubido, ha recordado que, aunque la decisión del Gobierno de Rueda es “un triunfo”, esto no significa que se cierre definitivamente el procedimiento, puesto que “deja ventanas abiertas y requiere vigilancia y seguimiento por parte de la movilización social”.

A la hora de valorar acudir a los tribunales, en forma de recurso, Rubido ha includo la vía contencioso-administrativa en caso de que así proceda, teniendo en consideración lo que vaya a hacer la propia multinacional portuguesa. Asimismo, tal y como ha subrayado, “seguimos en la línea de utilizar todos los instrumentos legales posibles para hacer realidad que decaiga la DIA y también la solicitud de captación de aguas”.

Cabe recordar que otro aspecto que reclaman desde hace meses tanto los partidos de la oposición en el Parlamento gallego, como estas mismas entidades, es el pacto secreto firmado hace años por la Xunta bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo y Altri. Esta petición se ha realizado en diferentes instancias, obteniendo siempre una respuesta negativa. Por ello, se pregunta qué esconde el Gobierno autonómico del Partido Popular y quien era su máximo responsable y hoy líder de los 'populares' a nivel nacional para no querer hacer público ese acuerdo con la compañía lusa.

Al margen del proyecto de Altri, los representantes de los colectivos mencionados también han abordado la problemática de la Mina de Touro – O Pino, que el Ejecutivo de Alfonso Rueda quiere potenciar.

La portavoz de la Plataforma Vecinal Mina de Touro-O Pino Non, Che Cancelo, ha mostrado su satisfacción por la buena noticia, aunque no definitiva, sobre Altri, asegurando que las movilizaciones sociales la han propiciado. Según sus palabras, el “buen camino” por el que discurre la macrocelulosa, quieren que se traslade también al proyecto de la Mina porque, curiosamente, “ya tuvo una Declaracion de Impacto Ambiental de la Xunta” en su momento.

“Tenemos pruebas muy visibles” del impacto de la mina sobre el territorio, ha indicado Cancelo, como la “escasez de agua que sufrimos a estas alturas del año y el hecho de que el Ayuntamiento de Touro ya se ha visto obligado a comprar al Ayuntamiento de Boqueixón 850 bañeras de agua potable al día para el consumo humano”. A esto se une el “deterioro de los ríos del entorno de la mina”.