El Gobierno central lo tiene claro: no habrá ayudas públicas de la administración del Estado para Altri. Hace algunas semanas, desde el Partido Popular de Galicia, a través de senadores y diputados en las Cortes Generales, se trató de lanzar una especie de bomba de humo dejando entrever cierta discrepancia entre lo que señalaba el PSdeG y lo asegurado por Moncloa a propósito del proyecto de macrocelulosa que la multinacional Altri quiere levantar en el municipio lucense de Palas de Rei.
La intención de los representantes 'populares' no era otra que vender la existencia de posiciones encontradas entre los socialistas gallegos y Ferraz. Ya entonces, a pesar esta estrategia, algunas voces despejaron dudas en este sentido, incluido el propio ministro de Industria, Jordi Hereu. A esto se sumó el primer rechazo de ayudas, a lo que siguió la negativa de la propia compañía portuguesa a seguir adelante con estas subvenciones.
Por si existía alguna duda, en las últimas horas, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha insistido sobre este asunto durante su visita a Galicia. Y así ha garantizado que el proyecto de Altri "no va a contar con ayudas por parte del Estado".
Precisamente, a preguntas de los periodistas, Aagesen no dudó en afirmar, a raíz de la exclusión de la planta de las ayudas correspondientes al Perte de Descarbonización, que esta circunstancia es "una señal clara de que ese proyecto no va a contar con ayudas por parte de la Administración General del Estado". Uno de los aspectos en los que parece suspender la macrocelulosa de Altri es el del medio ambiente, tal y como han denunciado diferentes colectivos sociales, vecinales y económicos, y esto también se refirió la ministra al indicar que "entendemos que tenemos que siempre abogar por proyectos que tengan garantías ambientales".
Cabe recordar que Altri cuenta con un importante aliado para su proyecto como es la Xunta de Galicia. En un primer momento, se especuló con la posibilidad de que, si desde el Gobierno central no se destinaban ayudas, de estas podría hacerse cargo el Ejecutivo que preside Alfonso Rueda. Esto no está claro, todavía, aunque el asunto del dinero público es fundamental, según explicaron los responsables de Altri en su momento, cifrando la inyección económica de procedencia de las arcas del Estado en alrededor de 250 millones de euros.
Sin embargo, a pesar de los varapalos en forma de negativas que recibe desde Moncloa, Altri se mantiene firme a la hora de asegurar que el proyecto sigue adelante.
En este sentido, a través de un comunicado, la multinacional lusa ha confirmado la "solidez ambiental", de su proyecto, así como su "encaje normativo". Del mismo modo, la empresa portuguesa extiende la mano y muestra su "disponibilidad" para dialogar con las instituciones.
"Proceso exhaustivo y riguroso"
Las declaraciones de la ministra para la Transición Ecológica, a pesar de la mano tendida, no han sentado bien a los impulsores de la macrocelulosa. Así, en un comunicado, han señalado que el proyecto cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental favorable, emitida por la Xunta tras un "proceso exhaustivo y riguroso", para el que elaboraron y analizaron "más de una treintena de informes sectoriales".
"Con la actual DIA favorable, Gama -denominación del proyecto- ya demostró ser un proyecto técnicamente conforme a una normativa autonómica reconocida por su alto nivel de exigencia, superior en muchos aspectos a la normativa estatal y europea, lo que implica que cumple con los más exigentes estándares medioambientales vigentes a nivel mundial", han añadido desde Altri.
Como respuesta concreta a la exclusión a través de la resolución provisional del Perte de descarbonización, la compañía ha dicho que el proyecto "en ningún caso" contempla el uso de gas natural durante el primer año, "como se interpretó erróneamente". Sobre esto también ha agregado que el proceso "será 100% libre de combustibles fósiles" desde el inicio y las menciones al gas natural "únicamente se refieren a escenarios puntuales de arranque permitidos por la normativa".
En alusión directa a lo afirmado por Sara Aagesen, desde la compañía lusa se ha puntualizado que no se han solicitado ayudas del Estado, sino el acceso a fondos europeos mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
Cabe recordar que el proceso para la implantación de la planta en Palas de Rei continúa quemando etapas. No obstante, a pesar de las bondades que desde la Xunta y la propia compañía portuguesa tratan de 'vender', sigue muy activa la oposición social al proyecto por los perjuicios que, desde diferentes puntos de vista, según los críticos, puede provocar en el entorno.
Ahora mismo, el siguiente trámite es la consecución de la avanza de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), requisito imprescindible para iniciar la fase constructiva y que nadie duda que la administración autonómica va a conceder, de ahí que la esperanza de los detractores se sitúe en el ámbito judicial.
La compañía, ante su exclusión de estas ayudas públicas, ya ha adelantado que estudian un modelo financiero definitivo que incluiría la identificación de nuevas fórmulas de financiación pública compatibles con las características del proyecto.