La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada mantiene abierta una investigación por la adjudicación de miles de contratos exprés durante la pandemia en la Junta de Andalucía.
La instrucción afecta de lleno a Elías Bendodo, actual coordinador general del Partido Popular nacional, debido a que fue su Consejería en Andalucía (la de Presidencia, Administración Pública e Interior), la que emitió unas normas de contratación de personal que no habrían respetado los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.
La investigación de la Fiscalía, desvelada inicialmente en exclusiva por ElPlural.com, abre la puerta a la existencia de delitos penales.
‘Funcionarios a golpe de clic’
Los hechos se remontan a marzo de 2020. Entonces, el actual coordinador general del PP Nacional y número 3 del equipo de Alberto Núñez Feijóo, lideraba la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, desde donde se ideó un modelo de contratación que permitía -tras la publicación de la oferta de empleo en la web de la Junta y sólo con la presentación de emails por parte de los concurrentes en un plazo de 24 horas-, otorgar plazas interinas en la administración andaluza.
Eran una especie de ‘funcionarios a golpe de clic’, siempre, eso sí, que los demandantes de empleo tuviesen la suerte de haberse enterado de la convocatoria de empleo durante las 24 horas escasas que estaba abierta.
Las contrataciones, que superaron las 3.400 plazas, incurrían además en otro tipo de discriminaciones, como eran las de género, edad o discapacidad, ya que excluían a mujeres que estuvieran en periodo de lactancia o embarazadas, enfermos oncológicos o crónicos, como diabéticos, portadores de VIH o mayores de 60 años. Por si fuera poco, hubo ofertas en las que la Consejería presidida por Bendodo no se especificó ni siquiera el número de puestos a cubrir.
A tiempo pasado, y analizando el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se supo que los trabajos que se ofertaban eran muy diversos y que el sistema de personarse mediante el envío de un mail dentro del plazo de 24 horas y responder a la llamada de la administración constituían la pauta común para convertirse en interino para puestos de toda índole.
De hecho, las ofertas de empleo incluían a médicos y enfermeros, pero también a arquitectos técnicos (12 plazas) y superiores (14 plazas), ingenieros industriales (26) o de minas (10), gestión financiera (43), administrativos (204), archiveros (2), gestores de patrimonio (10), informáticos (15), ingenieros técnicos agrícola (62), trabajadores sociales (11) o veterinarios (8).
La investigación sigue abierta
En su día, la justicia ya tumbó estas contrataciones en el orden contencioso-administrativo, declarando que no respetaban los más mínimos principios que rigen la selección para la función pública, incluso llegó a calificarlas de “groseras”.
Sin embargo, en abril de 2022, el PSOE formuló una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción que abrió Diligencias de Investigación el 6 de mayo de 2022, a la vez que las remitía a la delegación de Sevilla. La investigación permanece abierta desde entonces.
La versión de Bendodo, la Junta de Andalucía y el equipo de Moreno Bonilla
En abril de 2022, el propio Elías Bendodo explicó que solo un 20% de las contrataciones realizadas había salido de la bolsa de contratación y que todos los interinos exprés habían finiquitado su relación laboral el 31 de diciembre de 2020. Aseguró entonces que el método de contratación no fue solo en función a la entrada de emails a cada convocatoria, pero no ofreció prueba alguna de que hubiera ninguna otra garantía.
Por su parte, el Gobierno andaluz, desde que ElPlural.com desveló esta investigación, siempre ha restado importancia a la investigación abierta, llegando incluso a sostener que se trata de una "investigación paralizada" que achacan al PSOE de Andalucía.
En cuanto al equipo actual de Juan Manuel Moreno Bonilla, fuentes oficiales sostienen que “la Fiscalía Anticorrupción no investiga a Elías Bendodo. Investiga los contratos, pero no a él”.
