En Génova lo tienen claro: Extremadura no puede quedarse a medias. La dirección nacional del Partido Popular ha fijado un objetivo concreto para María Guardiola en las elecciones autonómicas adelantadas: superar la barrera de los 30 escaños y dejar el camino despejado hacia la mayoría absoluta. La presidenta extremeña decidió adelantar los comicios para reforzar su liderazgo y gobernar sin ataduras, pero la recta final de la campaña ha convertido ese plan en una carrera llena de obstáculos.
La apuesta de Guardiola fue arriesgada desde el primer momento. Tras romper con Vox y quedarse sin apoyos parlamentarios suficientes para aprobar los Presupuestos, la presidenta optó por devolver la palabra a los extremeños con una idea clara: capitalizar su imagen de firmeza, presentarse como única alternativa de estabilidad y obtener una mayoría suficiente para gobernar en solitario. En el PP nacional, la jugada fue bien recibida. Extremadura aparecía en el mapa como una de las comunidades donde los populares podían consolidar poder territorial y enviar un mensaje de fortaleza de cara al ciclo electoral que se avecina.
Desde Génova, el listón se colocó pronto en una cifra simbólica: 30 escaños. No es la mayoría absoluta, situada en 33 diputados, pero sí un resultado lo suficientemente sólido como para gobernar sin sobresaltos y sin depender de pactos incómodos. El mensaje interno fue claro: quedarse por debajo supondría un aviso, no solo para Guardiola, sino para la estrategia nacional del partido. Extremadura debía ser un ejemplo de que el PP sabe gestionar y ampliar poder cuando gobierna.
El relato del control salta por los aires
Sin embargo, lo que comenzó como una campaña de consolidación se ha transformado, en sus últimos días, en un escenario marcado por la polémica. Las acusaciones que han salpicado a María Guardiola han cambiado el clima electoral y han obligado al PP a replegarse, justo cuando aspiraba a proyectar solvencia y control.
Uno de los golpes más duros ha llegado por el flanco del enchufismo y los familiares implicados. La revelación de que un primo de la presidenta fue contratado como chófer oficial nada más llegar al cargo ha desatado una tormenta política. La polémica se ha agravado al conocerse que ese familiar cuenta con una condena por violencia machista, un dato que ha colocado a Guardiola en una posición especialmente delicada. La presidenta había basado buena parte de su ruptura con Vox en la defensa de las políticas contra la violencia de género y en la exigencia de ejemplaridad institucional. La contradicción entre el discurso y los hechos ha sido explotada sin descanso por la oposición.
El PSOE y otras formaciones han acusado al PP extremeño de convertir la administración autonómica en una red de colocación para afines, señalando a empresas públicas y organismos dependientes de la Junta. Más allá de la veracidad judicial de los casos, el impacto político ha sido inmediato: la imagen de regeneración y rigor que Guardiola intentaba consolidar ha quedado erosionada en plena campaña.
A esta controversia se ha sumado otra aún más sensible: la ocultación de un presunto caso de acoso sexual que afecta a un alto cargo del PP incluido en las listas electorales, tal y como apunta 'eldiario.es'.. Las acusaciones de que se ofrecieron puestos de trabajo a cambio de favores sexuales y de que la dirección regional del partido miró hacia otro lado durante meses han golpeado directamente el relato de tolerancia cero que Guardiola había defendido. Aunque el dirigente implicado niega los hechos y anuncia acciones legales, la polémica ha colocado al PP a la defensiva y ha obligado a la candidata a dar explicaciones incómodas en los últimos días de campaña.
Como si no fuera suficiente, la ley electoral se ha convertido en otro frente abierto. Diversas resoluciones y advertencias de las juntas electorales han señalado actuaciones del Gobierno extremeño que podrían vulnerar la neutralidad institucional. Anuncios de ayudas, visitas oficiales con tono propagandístico y mensajes difundidos desde canales institucionales han sido denunciados por la oposición como uso partidista de recursos públicos en plena campaña. Aunque el PP minimiza estas advertencias, el goteo de reproches ha contribuido a instalar la idea de una candidata dispuesta a tensar las normas para conservar el poder.
La campaña cambia de guion
Todo ello ha provocado un vuelco en la campaña. Donde el PP esperaba hablar de gestión, estabilidad y futuro, se ha visto obligado a responder por escándalos, denuncias y expedientes. La agenda mediática ha cambiado y, con ella, el estado de ánimo interno del partido. En Génova se sigue confiando en la victoria, pero ya no se habla con la misma seguridad de un resultado arrollador.
El PSOE, por su parte, ha encontrado en esta recta final un terreno fértil para movilizar a su electorado. Los socialistas han centrado su discurso en cuestionar la ética del gobierno de Guardiola y en advertir de los riesgos de otorgar una mayoría absoluta a un proyecto que, aseguran, ha mostrado ya sus costuras. La izquierda confía en que la suma de polémicas frene el crecimiento del PP y mantenga abierto el tablero parlamentario.
Para María Guardiola, las elecciones se han convertido así en algo más que una disputa por el poder autonómico. Son también un plebiscito personal sobre su forma de gobernar y sobre la decisión de adelantar los comicios. Si supera con holgura los 30 escaños, podrá presentar el resultado como un aval ciudadano y cumplir con los deberes marcados desde Génova. Si se queda corta, las explicaciones no solo se pedirán en Mérida, sino también en Madrid.