Según una información publicada por El País, el Gobierno municipal de Valencia, formado por PP y Vox, atraviesa uno de los momentos más delicados desde el inicio de la legislatura. Las investigaciones abiertas por la Fiscalía sobre varios miembros del Ejecutivo local han situado al Ayuntamiento en el centro de la polémica política y judicial, mientras la oposición ha denunciado una gestión marcada por la falta de transparencia, el presunto enchufismo y posibles irregularidades en contrataciones públicas.
La última controversia ha estallado después de que la Fiscalía Anticorrupción abriera diligencias preliminares contra la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y las concejalas del PP Paula Llobet y Rocío Gil por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La investigación gira en torno a la posible recolocación irregular de trabajadores procedentes del extinto Consorcio Valencia 2007, la entidad pública creada para gestionar la Copa América y la Marina de Valencia.
Denuncia de la oposición
La denuncia, presentada inicialmente por Compromís y ampliada posteriormente por el PSPV-PSOE, sostiene que varias plazas públicas fueron diseñadas “a medida” para facilitar la incorporación de antiguos empleados del consorcio a diferentes organismos municipales y a la Autoridad Portuaria de Valencia. Según la oposición, se ha producio una “subrogación encubierta” para garantizar la continuidad laboral de determinadas personas tras la liquidación de la entidad pública.
El caso ha adquirido mayor dimensión tras conocerse que extrabajadores del consorcio llegaron incluso a levantar un acta notarial antes de que finalizaran los procesos selectivos, indicando los nombres de las personas que finalmente obtuvieron las plazas convocadas. Dos de esos puestos correspondían a la Fundación Deportiva Municipal y otro a Visit València. Además, un informe de la Intervención General del Estado cuestionó algunos de los procedimientos de selección realizados en la Autoridad Portuaria, mientras que el sindicato UGT denunció públicamente que se trataba de convocatorias “a medida”.
La investigación también ha salpicado al concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, después de que se difundieran unos audios en los que supuestamente ofrecía salidas laborales a trabajadores del consorcio antes de su liquidación definitiva. La oposición ha considerado que estas conversaciones demostrarían que existía una planificación previa para recolocar a determinados empleados en organismos públicos.
Compromís ha solicitado este jueves la creación de una comisión de investigación municipal para esclarecer los hechos, aunque la propuesta fue rechazada por el Gobierno local. Desde el PP, el portavoz municipal Juan Carlos Caballero ha acusado a la oposición de intentar convertir el pleno “en un tribunal político” y defendió que todo el proceso se desarrolló dentro de la legalidad.
Nuevos casos
Sin embargo, este no es el único frente judicial que afecta al Ejecutivo valenciano. El concejal de Vox Juanma Badenas también continúa siendo investigado por posibles irregularidades en contratos realizados cuando dirigía la fundación municipal Valencia Activa, encargada de políticas de empleo. Las sospechas llevaron incluso a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a personarse en el Ayuntamiento para recabar documentación relacionada con varios expedientes. Meses después del escándalo, la fundación fue liquidada.
A ello se suma la situación judicial de Cecilia Herrero, también concejala de Vox, investigada por mensajes publicados en redes sociales contra inmigrantes, personas LGTBI y personas con discapacidad. La Fiscalía ha solicitado para ella hasta tres años de prisión por un posible delito de odio.
La acumulación de investigaciones ha provocado un fuerte desgaste político en el consistorio valenciano. Mientras la oposición ha acusado al Gobierno de actuar con opacidad y de utilizar las instituciones con fines partidistas, la alcaldesa María José Catalá ha insistido en defender la legalidad de todas las actuaciones municipales y ha asegurado que la apertura de diligencias por parte de Anticorrupción forma parte de un procedimiento “normal”.
Catalá ha sostenido además que el proceso de recolocación de trabajadores del Consorcio Valencia 2007 fue “transparente” y ha recordado que la oposición había pedido soluciones para esos empleados tras la desaparición de la entidad. No obstante, desde Compromís y el PSPV han rechazado esa versión y consideran que el Ejecutivo local ha confundido el interés general con intereses particulares.
Choque político
La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha considerado que Catalá tiene “una concepción partidista de la institución”. “Si eso lo vinculas a la falta de transparencia y cómo ha bunkerizado todo el Consistorio, se entiende todo”, ha afirmado la concejala valencianista, que además ha recordado las numerosas resoluciones del Síndic de Greuges instando al Gobierno local a facilitar la información solicitada por la oposición. “Es lo mismo que hizo Rita Barberá”, ha censurado Robles, quien también ha puesto en el foco en el silencio de Vox, socio de Gobierno del PP, tras los distintos escándalos que afectan al consistorio. “Tienen un pacto de no agresión. Tengo que recordar que hace un año la UCO entró al consistorio para recabar papeles de la fundación municipal Valencia Activa (que dirigía Vox). No hay un pacto de gobierno, solo la sensación de que cada uno va por su lado”, ha sostenido la portavoz municipal de Compromís.
Robles también ha respondido a las declaraciones de Catalá, quien ha asegurado que fue la oposición la que pidió soluciones para recolocar a los trabajadores del Consorcio Valencia 2007. “No, nosotros lo que queríamos es que la Marina fuera una entidad pública, gestionada desde lo público, cuando en realidad lo que ha hecho Catalá es privatizarlo, regalárselo al puerto y quedarse los trabajadores que le interesan”, ha zanjado.
Por su parte, la líder socialista Pilar Bernabé ha considerado “demencial” comparar la petición pública de buscar soluciones legales para los trabajadores con las supuestas reuniones privadas para ofrecer puestos concretos en la administración. En medio de este escenario, el Gobierno municipal intenta transmitir una imagen de normalidad institucional, aunque las investigaciones abiertas por la Fiscalía y el creciente enfrentamiento político han colocado al Ayuntamiento de Valencia bajo una presión constante.
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