La Generalitat Valenciana ordena de forma oculta no emitir certificados a migrantes para la regularización

El Partido Popular (PP) está boicoteando la regularización de migrantes en aquellos territorios en los que gobierna. La dirección nacional de la formación y los presidentes regionales lo niegan, pero las diferentes actuaciones y filtraciones muestran las trabas que los conservadores están poniendo a las personas que solicitan documentación o intentan acceder a trámites necesarios para beneficiarse de la medida. La Generalitat Valenciana es una de las administraciones que está desplegando esta estrategia, tal y como se ha destapado este jueves durante la sesión de control.

El director general de Atención Primaria, Carlos Momparler, ha enviado una circular interna en la que ordena al personal sanitario que no emita certificados que podrían ser de utilizada para los procesos de regularización. Un documento que el responsable de sanidad se ha preocupado mucho en ocultar para que no fuese de dominio público: “Se recuerda expresamente que la circular adjunta tiene carácter exclusivamente interno, dirigida únicamente a responsables y personal autorizado, por lo que no debe ser difundida externamente, fotocopiada o entregada a terceros”.

El Consell de Juanfran Pérez Llorca está implantando el racismo institucional

El ocultismo que pretendía Momparler ha fracasado y el sindic del PSPV-PSOE, José Muños, ha revelado la circular en Les Corts. “Se informa que a los Centros de Salud están acudiendo ciudadanos solicitando certificación para la justificación de su permanencia en España durante los cinco meses anteriores al momento de presentación de la solicitud de autorización de residencia (contemplada en el Real Decreto de regularización)”, arranca el correo enviado por el director general, antes de mandatar al personal sanitario que no emita estos documentos.

“Los justificantes o certificados que se pueden emitir desde los sistemas de información sanitaria de la Conselleria de Sanidad, como pueden ser el certificado de alta en SIP o el registro de asistencias, no tienen validad legal a efectos de esta regularización”, apunta Momparler, pese a que estos documentos sí que puede servir a los migrantes para complementar su solicitud o demostrar arraigo en caso de que no encuentren otra forma de hacerlo. A continuación, llega la orden de no ayudar a estas personas.

“Desde el mostrador de los Centros de Salud se debe informar a los usuarios que soliciten este tipo de documentos de su ausencia de validez legal y, por tanto, la necesidad de obtener justificación de su permanencia en España por otros medios”. Es decir, no otorgarles los documentos que legalmente les pertenecen y que la ley salvaguarda poder solicitar. El directo general de Atención Primaria llama a “unificar criterio y ofrecer una respuesta homogénea”, la de no colaborar, para “no saturar los servicios”, situación que no se ha producido.

Racismo institucional

Los socialistas valencianos, que han destapado la circular internar, han anunciado que llevarán a la Fiscalía estas órdenes dadas a los centros de salud “para boicotear el proceso de regularización. “El Consell de Juanfran Pérez Llorca está implantando el racismo institucional en la Comunitat Valenciana”, aseguran ,exigiendo a la Generalitat que “diga quién ha dado esta orden”. “Si ha sido Pérez Llorca, que asuma la responsabilidad y, si ha sido Sanidad, que cese a toda la cúpula de sanidad por racista”, reclaman desde el PSPV.