La Generalitat Valenciana ha aprobado una serie de cambios legales para flexibilizar la concesión de subvenciones públicas, permitiendo con ello que se reactive una ayuda de 1,5 millones de euros que el Gobierno de Carlos Mazón dio en 2024 a la Cámara de Alicante.
Los cambios se centran en diferentes apartados del artículo 165 de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones y del 166 de contenido de la convocatoria. Todo ello en el seno del decreto del segundo Plan Simplifica.
Según adelante elDiario.es, una de las transformaciones más llamativas pasa por esa reactivación de millón y medio de euros que hace un par de años el equipo de Mazón dio a la Cámara de Comercio de Alicante para la reforma de su sede, ubicada en el edificio Panoramis, en el puerto.
Dicho edificio responde a un inmueble, como informó asimismo el medio de comunicación mencionado en su momento, alquilado a una empresa cuya concesión, otorgada por la Autoridad Portuaria de Alicante, tiene vinculaciones con el empresario condenado por la trama Gürtel, Enrique Ortiz. El coste total del proyecto es de 3 millones de euros, por lo que la Generalitat estaría financiando la mitad del mismo.
La ayuda no se va a perder
El Ayuntamiento alicantino ordenó paralizar estas obras porque carecían de la pertinente licencia y, aún por el momento, no se han podido reactivar al no haberse solucionado todavía este tema. En la práctica, esto implica que la transferencia de 1,5 millones de euros no ha podido hacerse efectiva, a pesar de que se incluyó en el presupuesto de 2025 aprobado el pasado mes mayo.
Con la prórroga de las cuentas, si bien la ayuda ha desaparecido, no se va a perder, dado que el cambio normativo aprobado recientemente se refiere al apartado sobre el plazo y forma de justificación de la persona beneficiaria o de la entidad colaboradora, del cumplimiento de la finalidad para la que se concedió la subvención, así como de la aplicación de los fondos recibidos.
La cuestión es que hasta ahora, la norma relacionaba una posible prórroga de los plazos de realización y justificación siempre que el proyecto o la actividad previstas no se pueda llevar a cabo “por causas debidamente justificadas previstas”.
El cambio conduce, sin embargo, a que la convocatoria pueda traer consigo “una ampliación de plazos de realización material, pago y/o justificación cuando el proyecto o actividad subvencionadas no pueda realizarse en el plazo previsto por causas debidamente justificados”, elimina el término “previstas”, lo que hace que cualquier ‘contratiempo’ no impida llevar a cabo ayudas como la de la Cámara de Comercio.
Los cambios aprobados en la ley 1/2015, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones implican la eliminación de los apartados L y P del artículo 165. El primero de estos apartados establecía la aportación de “medidas de garantía que, en su caso, se considera preciso constituir a favor del órgano concedente, medios de constitución y procedimiento de cancelación”.
El segundo señalaba que “siempre que el objeto de la subvención de la naturaleza del beneficiario así lo permitan, se incorporará la exigencia de un compromiso -que requería de desarrollo normativo- de no incurrir en deslocalización empresarial”.
Choque de opiniones
La Conselleria de Hacienda explica a preguntas del periódico que ha publicado la información que “los cambios del Simplifica no eliminan controles, sino que reordenan el sistema de subvenciones”, de manera que “las bases reguladoras fijan el marco general y las convocatorias concretan aspectos como cuantías, requisitos o compatibilidad de ayudas”.
Mientras tanto, la oposición ha lamentado la decisión. Los socialistas valencianos contemplan que la ley supone un blindaje que permite rescatar la ayuda de 1,5 millones de euros en cuanto se solvente la situación con la licencia de obra. “Es un traje a medida” en favor de “su hermano” -como llamó Carlos Baño, el director de la Cámara de Comercio, a Mazón-, considera el diputado en las Corts, José Díaz. “El Consell se apunta al sistema Montoro”, definía en sus declaraciones.
La diputada de Compromís en las Corts, Aitana Mas, apuntaba la sesión de control del pasado jueves 30 de abril que tras la aprobación del segundo Plan Simplifica el Consell “ya se ha encargado de que puedan cobrar la ayuda de 1,5 millones de euros a pesar de la infracción urbanística”.
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