La sucesión de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana se depositó la pasada semana, tras el designio de Génova, sobre la espalda de su número dos y hombre de confianza, Juanfran Pérez Llorca. Sin embargo, ocho días después del designio, el Partido Popular (PP) todavía no ha registrado su candidatura, movimiento que previsiblemente se realizará este miércoles, coincidiendo con la finalización del plazo. El alargamiento de los plazos responde a las negociaciones sostenidas con Vox, que presiona para introducir sus políticas negacionistas, racistas, machistas y clasistas en el pacto.

Los de Alberto Núñez Feijóo necesitan el apoyo de la extrema derecha más que nunca, dado que la opción de convocar elecciones podría suponer un duro golpe; mientras que la formación capitaneada por Santiago Abascal no ha dudado en presentarse a la negociación con las máximas por delante, a sabiendas de que el PP aceptará casi cualquier cosa y sin miedo a abocar a la Comunitat a unos comicios si no se cumplen sus exigencias. Del acuerdo que se está construyendo con esta relación desigual todavía no han transcendido detalles.

El PP quiere dejar el mínimo rastro posible de su claudicación ante Vox. Pérez Llorca aprendió de su predecesor y busca evitar una acto de firma, con sus derivadas fotografías afectuosas, como el que certificó el pacto de 2023. Es más, el secretario general del PP de Valencia, que también sucederá a Mazón en la presidencia orgánica de la formación, ni siquiera pretende dejar por escrito los acuerdos derivados de la negociación con los ultraderechistas, algo que no parece que estos últimos vayan a permitir.

Vox renegaba de dejar caer a Mazón, que estaba funcionando como su mejor baza electoral, y tampoco está entre sus planes acudir ya a las urnas, dado que considera que puede ir sumando más apoyos mientras el proceso judicial de esclarecimiento de la gestión del día de la DANA daña al PP valenciano. No obstante, no van a permitir que los conservadores se desembaracen ni un mínimo de sus ataduras y en las últimas horas han deslizado que la presentación de la candidatura no otorga directamente a Pérez Llorca los apoyos necesarios.

Los 13 diputados de Vox en la Comunitat son indispensables y la dirección nacional ya ha advertido que no permitirá que el PP vuelva a saltarse los acuerdos firmados, algo que aseguran que ha sucedido en el pasado. Es más, la dirección de extrema derecha no olvida la crisis que derivó en el abandono de todos los gobiernos autonómicos. La presentación de la candidatura se producirá este miércoles y los socios tendrán aún entre tres y siete días, plazo en el que puede convocarse el pleno de investidura, para seguir acercando posturas.

Negar el cambio climático y atacar a migantes

Las líneas máximas de los ultras pivotan en torno al rechazo de las políticas verdes, poco más de un año después de que un fenómeno climatológico extremo, que cada vez es más habitual y furibundo en la Península, acabase con la vida de 229 personas. Construir presas y diques sin mucho sentido, dado que estas no evitan tragedias, sino que pueden llegar a agravarlas, como pudo llegar a suceder con la presa de Forata, apuntalan la política al estilo franquista de los de Vox.

Como no podía ser de otra manera, el grupúsculo extremista quiere aprovechar su fuerza negociadora para atacar directamente a las personas migrantes. Y el PP, según el propio Vox, por el momento no ha trasladado ningún impedimento para asumir estas tesis. Aunque desde la dirección nacional ya marcan distancia y traspasan toda la responsabilidad a Pérez Llorca, rechazando adelantar o valorar los puntos acordados que van trascendiendo. "Parece ser que ya se ha anunciado que hay un acuerdo", ha reconocido la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz.

“Debe ser el próximo presidente de la Generalitat en su investidura quien determine cuál ha sido ese acuerdo programático", ha pateado el balón hacia delante. "Yo creo que le corresponde a él decidir y decir en qué ha consistido el acuerdo para ser investido presidente", ha añadido, trasladando lo mismo con otras palabras. A esto ha sumado la excusa preventiva de las trágalas que pueda asumir el PP, apuntando que ni el racismo, ni el machismo, ni el negacionismo climático son un problema de la magnitud de “un Gobierno de izquierdas”, que “sería un desastre”.

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