Una interventora de la Generalitat Valenciana también se benefició de una de las viviendas de protección oficial que adquirieron cargos del Partido Popular en Alicante, un escándalo que ha llegado a provocar las dimisiones en ramo del concejal de Urbanismo de la ciudad, de un alto cargo del Ayuntamiento y del jefe de gabinete de la Consejería de Turismo. Según publicaba elDiario.es, se trata de la que fuera, hasta septiembre de 2025, delegada en servicios territoriales de la Conselleria de Hacienda en Alicante y actual tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, Sira Pérez Ortuño, que en el momento de pedir el acceso a esta vivienda pública percibía un sueldo superior a los 70.000 euros, cantidad por encima del umbral máximo para acceder a estos pisos. Los habilitados nacionales son los funcionarios con mayor retribución de la administración autonómica, ya que ganan el máximo nivel tanto de salario base como de complemento de destino y específico.
Según la información depositada en el Registro de la Propiedad, Pérez Ortuño adquirió por adjudicación un piso de VPP en el residencial Les Naus, en el número 36 de la calle Las Redes de Alicante, el 9 de septiembre de 2025. La vivienda quedó a su nombre el 28 de octubre de ese mismo año, constituyendo un préstamo de 164.000 euros en una entidad bancaria para su adquisición. La vivienda, con una superficie útil de 80,66 metros cuadrados y una superficie construida, con su parte proporcional de elementos comunes, de 104,57 metros cuadrados, incluía en las zonas comunes una piscina, pistas de pádel y un club social. Además, la interventora también se hizo con una plaza de aparcamiento y un trastero.
Pérez Ortuño se desempeñó durante seis años como interventora delegada en servicios territoriales de Hacienda y Modelo Económico en Alicante en la Generalitat. Llegó en septiembre de 2019, bajo el Gobierno de Ximo Puig y abandonó el cargo en septiembre de 2025, con el PP en el Gobierno autonómico y la dimisión de Carlos Mazón a las puertas. En octubre de 2025 regresó a la Tesorería del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, justo un mes después de adquirir la vivienda protegida. El alcalde del municipio, Santiago Román, anunció en redes sociales la vuelta de la habilitada nacional a su puesto de trabajo "tras seis años realizando su labor en la Generalitat". A través de un representante del ayuntamiento donde trabaja, han manifestado que lo que desempeñaba la interventora "no es un cargo público" y que "valorará lo que se publique para ejercer su defensa".
Más de 70.000 euros anuales y, por ende, fuera de los requisitos
El sueldo que percibía esta funcionaria pública cuando se inscribió para acceder al piso de protección pública, y también cuando lo adquirió, superaba los 70.000 euros anuales, por lo que no habría podido figurar en la lista de aspirantes ni resultar adjudicataria de una de estas viviendas, destinadas a rentas inferiores a 54.600 euros, incrementables hasta 66.000 si se cumplen determinados requisitos, como tener a cargo a una persona con gran dependencia. Tras estallar el escándalo, la Conselleria de Vivienda ha suspendido de empleo y sueldo al funcionario de la delegación territorial de Alicante que visó estos pisos. Esta persona, actualmente investigada, habría validado también la compra del piso por parte de Sira Pérez Ortuño.
Con la revelación de esta nueva propietaria ha quedado evidenciado que la promoción de vivienda protegida Les Naus, ubicada en una de las mejores zonas de Alicante y muy cerca de la playa de San Juan, ha acabado en manos de personas con elevado poder adquisitivo como notarios o arquitectos, numerosas personas vinculadas al PP o directamente de personas con ingresos que les habrían impedido legalmente aspirar a estas VPO, ni siquiera con el cambio legislativo impulsado por Carlos Mazón, que elevó el umbral de ingresos para poder ser adjudicatario de estas promociones urbanísticas.
El escándalo ha hecho mucho ruido, y tras ello, se ha aprobado una comisión de investigación en el Ayuntamiento de Alicante y otra en las Corts Valencianes, además de la apertura de diligencias de un Juzgado de Instrucción para investigar el caso. Por su parte, la Fiscalía también ha iniciado pesquisas tras las denuncias del ayuntamiento y de la oposición en Alicante.