La gestión de la emergencia no fue la única actuación nefasta que la Generalitat Valenciana acometió el 29 de octubre de 2024, en pleno desarrollo de la DANA, y en los días posteriores. Las mentiras vertidas desde entonces por los altos cargos del Partido Popular (PP) han agravado el dolor de los familiares y han alterado la correcta investigación de los sucedido, priorizando salvar a Carlos Mazón, todavía diputado autonómico, a costa de lanzar bulos para cargar la inoperancia al malvado Gobierno central. Uno de los más vergonzosos fue la manipulación de una llamada con la AEMET.
Después de que la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, insistiese para conseguir la totalidad de los mensajes intercambiados por el expresident valenciano y su jefe, Alberto Núñez Feijóo, decayeron las mentiras sobre la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la preocupación del presidente del Gobierno, Pedro Sáncehez, y varios ministros. Este lunes, gracias al informe entregado por la Guardia Civil al juzgado, llega el turno de los que pudieron incurrir en un delito para culpar a la Agencia Estatal de Meteorología.
El informe firmado por el Equipo de Investigaciones de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la benemérita, y adelantado por elDiario.es, señala directamente al que fuera mano derecha de Mazón en la Diputación de Alicante y director general de Emergencias el día de la DANA, Alberto Martín Moratilla, y al subsecretario de la Consellería de Justicia, Ricardo García García. Las dos figuras clave de la cartera que pilotaba Salomé Pradas tuvieron acceso a la llamada que se produjo entre AEMET y Emergencias, que posteriormente fue manipulada y difundida a través de medios amigos.
Las cabeceras difundieron, el 12 de febrero de 2025, el corte sin verificar y el propio Mazón y el Partido Popular compartieron el audio alterado a través de sus redes sociales para echar balones fuera y enfangar aún más los acontecimientos. La cutrez de la manipulación permitió que fuese rápidamente desmontando, pero el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, deberá explicar el próximo mes de marzo, cuando ha sido citado como testigo, por qué estas dos personas pudieron tener acceso a la grabación.
Altos cargos de Mazón, señalados
El alto cargo ya ha adelantado a la Guardia Civil que “el acceso a dicha grabación fue por instrucción directa de los órganos directivos de la entonces Consellería de Justicia e Interior", algo sobre lo que tendrá que arrojar más luz ante la jueza. “En dicha entrevista se pudo conocer que sí que existía un acceso y grabación de dicha llamada, la cual habría tenido lugar entre los días 30/10/2024 y 02/11/2024 por D. Ricardo García García, subsecretario de la Consellería de Justicia e Interior de la Generalitat Valenciana y D. Alberto Martín Moratilla, director general de Emergencias y Extinción de Incendios, quienes habrían obtenido copia de dicha llamada en un pendrive”, expone el informe de la Guardia Civil.
Asimismo, la benemérita apunta a la custodia del archivo de audio. La llamada “se encuentra grabada en un sistema que, por su antigüedad y funcionamiento, no registra los accesos concretos al mismo, y debido a que como su acceso es interno, los usuarios no necesitan para su acceso pasar ni siquiera el firewall que lo protege, dado que dichos accesos tampoco quedan reflejados en este”, exponen. “Se pudo saber que a nivel de credenciales este sistema está restringido a unos poco usuarios, aunque cualquier otro usuario interno de la red, que tenga conocimiento de las dichas credenciales, podría acceder al sistema, no quedando reflejado dicho acceso en ningún registro, como se ha mencionado anteriormente”, inciden.
