Valencia vive un nuevo episodio de tensión judicial y política alrededor de Carlos Mazón, cuyo papel en la gestión de la devastadora DANA que azotó la Comunidad Valenciana en octubre de 2024 continúa generando polémica casi un año y medio después. Este lunes, el expresidente de la Generalitat y actual diputado autonómico ha movido ficha de forma inesperada, puesto que ha presentado un escrito para personarse en la causa que instruye la magistrada Nuria Ruiz Tobarra en Catarroja, después de que ésta le citara como testigo tras el rechazo de su imputación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
La solicitud, a priori técnica, tiene efectos prácticos y estratégicos, ya que si la jueza acepta este movimiento, Mazón y su defensa obtendrán acceso a gran parte del procedimiento, incluidas diligencias y documentación hasta ahora inaccesibles para él. Su entorno defiende que el objetivo no es, de momento, recurrir automáticamente, sino conocer con precisión en qué términos se investiga su actuación, para evitar que la magistrada “vuelva a insistir en cuestiones que ya fueron resueltas por el TSJ”.
La medida se ampara en el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y se realiza como compareciente, según el escrito presentado ante el Tribunal de Instancia de Catarroja al que ha tenido acceso Levante-EMV. La causa sigue activa contra la exconsejera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso, mientras Mazón solicita que se le conceda la condición de personado en las diligencias previas abiertas en el procedimiento.
Según la representación procesal del expresident, desde el inicio del procedimiento ha mantenido una actitud de “máximo respeto” hacia la instrucción y las resoluciones adoptadas tanto por el juzgado como por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Su decisión de no personarse anteriormente, afirman, respondía a una “prudencia procesal” y no a falta de actuación.
No obstante, tras el reciente pronunciamiento del TSJCV que descartó responsabilidad penal en su caso, Mazón considera que ha llegado el momento de ejercer formalmente su derecho a intervenir en el procedimiento. Según el escrito, esto le permitirá conocer las diligencias en curso, acceder completo a la causa y defender sus intereses de manera directa.
