Este 16 de marzo, el primer día grande de las Fallas, se ha convertido en un día negro para los familiares de las víctimas. Eran pasadas las doce del mediodía cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana emitía el archivo de la exposición razonada de la magistrada de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, en la que pedía la imputación del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón. El mismo día en que estaban invitadas al balcón del Ayuntamiento de Valencia por el PSPV para ver la Mascletà. El mismo día en el que han acudido con una camiseta pidiendo que se le quite el aforamiento a Mazón.
De hecho, la actualidad las ha llevado a que hayan tenido que emitir un comunicado, destinado al TSJCV, en el que afirma que han reiterado su posición contraria a la aplicación del aforamiento a Carlos Mazón en el procedimiento judicial abierto para investigar la gestión de la emergencia.
En dicho comunicado, las tres asociaciones de víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024, la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'octubre de 2024; la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana 29-O; y la Asociación Damnificados por la DANA de l'Horta Sud de Valencia, consideran que Carlos Mazón no debería tener aforamiento en la causa judicial que investiga la gestión de la emergencia.
El comunicado
"No entramos a valorar decisiones judiciales ni a anticipar resultados procesales. Lo que sí hemos defendido desde el primer día es que, como máximo responsable político de la gestión del 29 de octubre de 2024, Carlos Mazón debería haber comparecido voluntariamente ante el juzgado a declarar y asumir responsabilidades por las decisiones y omisiones que marcaron aquel día", comienzan diciendo.
Las asociaciones recuerdan que el principio del juez predeterminado por la ley es una garantía básica del Estado de derecho y que cualquier excepción, como el aforamiento, debe interpretarse de forma restrictiva. Esta interpretación restrictiva ya ha sido aplicada en otras ocasiones por tribunales superiores de justicia, como ocurrió en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, que decidió que un caso debía ser instruido por el juzgado ordinario correspondiente al considerar que el aforamiento no era aplicable.
Los hechos que se investigan, recuerdan las asociaciones, están relacionados con la gestión de la DANA cuando Mazón era presidente de la Generalitat. No tienen que ver con su actividad actual como diputado. "Lo que pedimos es que el caso sea investigado por el tribunal predeterminado por la ley, como ocurre con cualquier otro ciudadano. Las responsabilidades penales se decidirán en sede judicial. Esperamos que la instrucción continúe con el rigor que ha mostrado hasta ahora y que la justicia no nos decepcione", apostillan.
