El Ministerio Público considera, por lo investigado hasta ahora, que existen hechos que “pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa” y, por ello, ha asignado el caso a una fiscal para que estudie si lo eleva a un juzgado de lo penal. Concretamente, el caso que está siendo analizado es el relativo a la anulación de las sanciones laborales interpuestas por el Ministerio de Trabajo a distintas empresas públicas valencianas, sobre las cuales cayeron distintas multas que ascendieron hasta los 60.000 euros al considerar que se puso en peligro a sus profesionales durante la DANA.
Esta se trata de una información que ha dado a conocer elDiario.es, relatando que la Fiscalía Provincial de Valencia ha señalado directamente al director general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo durante el Gobierno de Carlos Mazón. El Ministerio Público apunta a Andrés Lluch Figueres como sospechoso de haber tomado la decisión de proceder a la anulación de las sanciones interpuestas por el Ministerio de Trabajo.
La actuación de la Inspección fue sobre las empresas UTE Conservación Valenciana, À Punt, Baxter SL y Plastic 7A SL. La investigación de la Fiscalía se viene extendiendo durante meses y, según ha apuntado el mencionado diario digital, en el proceso ha solicitado a la Conselleria que entregue los expedientes del proceso de sanción y derogación de multas de hasta 60.000 euros. De hecho, el Ministerio Público ya habría apuntado en un decreto que la decisión de la Generalitat de anular estas sanciones podría suponer una infracción del artículo 404 del Código Penal.
El origen de las diligencias se encuentra en la petición del Ministerio de Trabajo a la Fiscalía General del Estado para que analizara si la decisión de la Generalitat podía constituir un delito de prevaricación. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, llegó a calificar la actuación del Gobierno valenciano como “corrupción, política y moral” después de conocer la anulación de las sanciones impuestas por la Inspección durante la DANA. A partir de esa petición, la Fiscalía Provincial de Valencia acordó incoar diligencias de investigación preprocesales para determinar la posible tipicidad de los hechos.
Entre los expedientes analizados se encuentra el de À Punt, que recibió una multa de 50.000 euros después de que la Inspección de Trabajo considerara que se había cometido una infracción “muy grave” en materia de seguridad y salud laboral. La denuncia había partido de sindicatos a petición de varios trabajadores de la radiotelevisión pública, que entendían que su seguridad se había puesto en riesgo durante la cobertura de la catástrofe. La Dirección General de Trabajo terminó anulando la sanción al considerar que, aunque las autoridades habían enviado alertas y recomendaciones por las fuertes lluvias, la información disponible no permitía prever la “virulencia” ni los efectos extraordinarios que acabaría provocando la DANA.
Otro de los casos examinados afecta a la UTE Conservación Valenciana, dedicada a la conservación de carreteras, cuya sanción estaba relacionada con el fallecimiento de uno de sus trabajadores. Según la denuncia presentada por el Ministerio de Trabajo, el empleado habría sido obligado a trabajar durante la alerta roja, fuera de su horario laboral y en unas circunstancias que habrían puesto en riesgo su vida antes de fallecer cuando regresaba a casa.
La Fiscalía deberá determinar ahora si las decisiones adoptadas por la Generalitat fueron ajustadas a derecho o si, por el contrario, pudieron constituir la resolución arbitraria que contempla el artículo 404 del Código Penal. Frente a las acusaciones, fuentes del Ejecutivo valenciano muestran a elDiario.es su rechazo a cualquier “insinuación de actuación arbitraria” y han defendido que las anulaciones se produjeron tras seguir el procedimiento legal establecido, con informes técnicos y análisis jurídicos individualizados para cada expediente.
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