La polémica por la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante ha sumado un nuevo capítulo que pone en el centro del debate a la familia del alcalde, Luis Barcala. Según ha publicado elDiario.es, la excuñada del primer edil también consiguió una vivienda de protección oficial (VPO) en el mismo edificio y rellano donde se encuentra la propiedad que obtuvo la mujer del alcalde en 2006, en la promoción conocida como residencial Los Lirios.
Este hallazgo vuelve a provocar distintas preguntas en torno a la concesión de VPO en Alicante y se suman a las que ya habían surgido tras saberse que la esposa de Barcala, político miembro de la ejecutiva del Partido Popular desde 2005, había accedido a una vivienda protegida en un momento en el que no residía en ella y la puso en alquiler con fines lucrativos. La novedad no es menor, la excuñada del alcalde logró su piso puerta con puerta con el de su cuñada, en un rellano donde sólo hay dos viviendas. Un detalle que alimenta la percepción de privilegio familiar en un bien público destinado a quien realmente necesita acceso a una vivienda asequible.
Dos viviendas, una misma promoción
El residencial Los Lirios, situado en Alicante y con zonas comunes como piscina, fue construido entre 2005 y 2006. Al contrario de otras épocas, hacía más de dos décadas que no se levantaba una promoción de vivienda protegida en la ciudad. Fue entonces cuando la esposa de Barcala, Sagrario Martín, acudió a la promoción y obtuvo un piso de cerca de 90 metros cuadrados, una plaza de garaje y un trastero a través de subrogación de un préstamo con Caja Madrid por algo más de 68.000 euros.
Ese mismo edificio, y literalmente en la puerta de enfrente, obtuvo también una VPO, con las mismas ventajas legales y económicas, la entonces esposa de Carlos Barcala, hermano del alcalde. Aunque años después este matrimonio se divorció, fuentes cercanas a la Alcaldía han confirmado a elDiario.es que la vivienda permaneció siempre a nombre de la exmujer del hermano de Barcala. Varias fuentes conocedoras de la situación han asegurado que Carlos Barcala gestionó durante años todos los asuntos relativos a esa vivienda protegida, incluso después de la separación de su exesposa.
Ventajas económicas y condiciones legales
Las condiciones bajo las que se concedieron estas viviendas eran especialmente favorables. La normativa de la época, aprobada por el PP a principios del siglo XXI, permitía adquirir una VPO con obligación de destinarla a alquiler por un periodo de entre 10 y 25 años con un precio tasado por la Generalitat Valenciana, destinado a colectivos con limitaciones de renta. El objetivo, en teoría, era promover viviendas asequibles para quienes más lo necesitan, no ofrecer oportunidades de negocio a quienes podían afrontar la compra con mayor solvencia.
Pasados los 10 años de protección, tanto la excuñada como la mujer de Barcala podían decidir vender sus inmuebles previo permiso de la administración valenciana. Fuentes del sector inmobiliario de elDiario.es han estimado que la vivienda de la excuñada pudo haberse vendido en 2020 por alrededor de 165.000 euros, casi tres veces su precio de adquisición inicial. El propio Ayuntamiento ha insistido en que fue la exmujer de Carlos Barcala la que, como propietaria, vendió el piso tras el divorcio.
En cuanto a la vivienda de la esposa del alcalde, esta todavía está en alquiler y su valor de mercado se ha disparado en dos décadas. Para venderla a precio de mercado, Sagrario Martín necesitaría la autorización de la Generalitat, lo que abre otro terreno de discusión política sobre la gestión de estas autorizaciones cuando están implicados cargos cercanos al poder municipal.
El PP de Alicante y su relación con las VPO
Este caso de Los Lirios se suma al escándalo más amplio de las 140 viviendas protegidas en el barrio de Les Naus que también fueron adjudicadas a personas vinculadas al Partido Popular y a familiares de funcionarios municipales. En ese contexto, la revelación sobre la excuñada del alcalde genera aún más presión política y social.
Las críticas no se han hecho esperar. Grupos de la oposición y asociaciones vecinales han denunciado que estas prácticas erosionan la confianza ciudadana en las políticas de vivienda y alimentan la percepción de que las VPO pueden convertirse en instrumentos de beneficio personal más que en herramientas de justicia social. La falta de transparencia en los criterios de adjudicación también ha sido foco de acusaciones, aunque hasta ahora no se ha aclarado el proceso exacto por el cual se elaboraron las listas de posibles adjudicatarios en Los Lirios.