En febrero de 2012 Valencia fue testigo de una serie de multitudinarias protestas protagonizadas por jóvenes estudiantes que salieron a las calles para reclamar una mejora de condiciones en las aulas y en el sistema educativo público. Este movimiento, bautizado como ‘Primavera valenciana’, se saldó con múltiples detenciones y numerosas cargas policiales, pero dejó clara una cosa: el empeño y la determinación de cientos de jóvenes que se plantaron ante el Gobierno municipal del PP de Rita Barberá y el autonómico, de Alberto Fabra, en defensa de la educación pública.
Catorce años después de aquellas protestas, y casi 40 de la que fue la última huelga de estas características en 1988, es ahora el profesorado de la escuela pública valenciana el que toma de nuevo la calle en una huelga general indefinida ante una Conselleria de Educación, liderada por Carmen Ortí, a la que acusan de plantear propuestas inasumibles y un Ejecutivo autonómico, dirigido por Juanfran Pérez Llorca, que aboca al abandono y los recortes al sistema educativo de la Comunidad Valenciana. Por ello, pese a que este lunes ya ha tenido lugar la primera jornada de huelga con concentraciones en las tres provincias -Alicante, Valencia y Castellón-, las movilizaciones van a extenderse a lo largo de esta semana, con encierros en centros escolares previstos para este próximo martes. Unas protestas que llegan después de semanas de reuniones con Educación, a quien desde los sindicatos convocantes -STEPV, CCOO, UGT y CSIF- acusan de rechazar una “negociación real”.
En esta línea, el pasado jueves se celebró la Mesa Sectorial de Educación como última oportunidad antes de ir a la huelga. Sin embargo, los sindicatos rechazaron la propuesta arrojada por la Conselleria, entre la que se incluía una subida progresiva de 75 euros brutos al mes hasta 2029, es decir, unos 25 euros más al mes cada año. Lejos de aceptarlo, desde los sindicatos educativos calificaron esta propuesta de “indigna e irrisoria”. De hecho, entre las peticiones de los docentes se encuentra la mejora de sus retribuiones -subidas de entre 4.000 y 6.000 euros anuales-, la bajada de ratios, el refuerzo de las plantillas, la defensa de la lengua valenciana, o la mejora de las infraestructuras, especialmente dañadas por la DANA del 29 de octubre de 2024.
Por todo ello, este martes se llevarán a cabo encierros en centros educativos, donde también se acogerán diferentes actividades, además de puntos de información en colegios, institutos, calles, plazas y mercados. Por su parte, para el miércoles 12 de mayo están previstas diferentes manifestaciones a las 12:00 horas en la plaza de Manises, a las puertas del Palau de la Generalitat (Valencia), a las puertas de la delegación del Consell en la Casa de les Bruixes (Alicante), y en la sede de la delegación del Consell en la Casa de los Caracoles (Castellón).
En lo que respecta al jueves, también hay previstas manifestaciones y concentraciones a las 12:00 horas en las puertas de la Conselleria de Educación, en Valencia; en la Dirección Territorial de Educación, en Alicante; y en la Dirección Territorial, en la avenida del Mar de Castellón. Por último, el viernes 15 de mayo se celebrará una manifestación en Valencia, que arrancará en la Plaza de San Agustín y una Asambles Unitaria a partir de las 18:00 horas.
Los servicios mínimos “abusivos”, ante el TSJCV
Al margen de los motivos que llevan al profesorado de la educación valenciana a volver a salir a la calle, el descontento se vio incrementado aún más si cabe el pasado jueves cuando la Conselleria de Ortí remitió a las familias una carta en la que informaba de unos servicios mínimos que han sido tildados por los sindicatos y familiares de “abusivos”. En la misiva, la Conselleria destacaba que “hay una línea que no podemos cruzar: la evaluación de los alumnos de segundo de Bachillerato no es negociable". "Ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical", defendían.
Unas palabras que provocaron que las organizaciones sindicales hayan llevado estos servicios mínimos al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Asimismo, el sindicato STEPV ha enviado al profesorado de segundo de Bachillerato un modelo de reclamación de concreciones respecto a los servicios mínimos, ante su "indefinición y ambigüedad". En opinión de esta organización, la resolución, "no especifican los 'actos imprescindibles', lo cual genera incertidumbres e inquietud entre el profesorado afectado".
Por su parte, CSIF informó el viernes de que su demanda la realiza a través del procedimiento especial de protección de derechos fundamentales previsto en los artículos 114 a 122 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LJCA), contra la resolución de servicios mínimos de la Generalitat en Educación, a la vez que exigió adoptar medidas cautelares al amparo del artículo 135 de la mencionada ley.
Pese a todo ello, este lunes la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV ha dictado dos autos con los que rechaza suspender los servicios mínimos fijados por la Generalitat para la huelga indefinida convocada en el sistema educativo público no universitario que ha comenzado este lunes. De esta forma, los magistrados han desestimado las medidas cautelarísimas solicitadas por los sindicatos CSIF y CCOO contra la resolución dictada el pasado 7 de mayo por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad.
Según detalla el TSJCV, los magistrados consideran que se dan las razones de urgencia extraordinaria para resolver sobre las peticiones de las dos organizaciones sindicales sin dar traslado previo para que se pronuncien a la Administración demandada y al Ministerio Fiscal, ante el inicio de la huelga.
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