El martes se dio a conocer la lista completa del equipo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para la Comunidad de Madrid. El nombramiento de Pedro Balbín pese a su vinculación en Púnica saca los colores a Ciudadanos que, pese al paroxismo con el que prometió luchar contra la corrupción, prefiere mirar hacia otro lado: "No está investigado, ni procesado, ni imputado, por lo que son presuntas acusaciones", alegan fuentes internas del partido a ElPlural.com.

La formación naranja siempre ha sacado pecho por ser un adalid contra la corrupción y sus anhelos por la limpieza y transparencia de las instituciones. Sin embargo, en esta ocasión, cuando se trata de su gobierno de coalición con el Partido Popular, los liberales han enterrado esos preceptos en un cajón y lanzado la llave al Manzanares.

Ignacio Aguado, en los prolegómenos de la sesión de investidura, aseguró que su lucha contra la corrupción iba a ser implacable y que exigirían dimisiones ante “cualquier atisbo de corrupción”.

Balbín y Púnica

Ayuso ha designado a Balbín como nuevo director General de Comunicación del Ejecutivo regional al que fuera máximo responsable de la Comunicación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte durante la etapa de Íñigo Méndez de Vigo. Pero antes, el flamante fichaje de la dirigente popular, ya desempeñó un cargo en la Comunidad de Madrid.

Durante los años 2008 y 2015, Pedro Balbín Seco ejerció de Delegado de Medios en el Gobierno de Esperanza Aguirre. Pero también desempeñó la labor de jefe de prensa de la Consejería de Educación de la Comunidad, con Lucía Fígar a la cabeza. Fue durante estos años cuando, según la Guardia Civil, se vio involucrado en la trama Púnica.

Es cierto que, en el caso de Pedro Balbín no existe rastro de imputación, sino que es la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil la que le atribuye delitos de fraude, malversación y tráfico de influencias en el marco del caso Púnica.

La UCO explica que los informes que elaboraba la empresa EICO para mejorar la reputación de la exconsejera de Educación, Lucía Fígar, eran sufragados con dinero público. “Se entregaban directamente por empleados de EICO a Pablo Balbín”, sentencia la Guardia Civil en el informe que los llevó a acusar al actual director general de Comunicación.