El presidente de la Generalitat ante la probabilidad de ser inhabilitado por el Tribunal Supremo ha elegido la opción más perniciosa para la gobernación de Cataluña que a la vez es la que más perjudica a ERC y además es la que más beneficia a su mentor, Carles Puigdemont, quien gana tiempo para preparar su candidatura mientras mantiene la tensión con el Estado, al que se convierte en responsable único de todo el desastre. Una nueva jugada maestra que tiene como a víctima evidente a la sociedad catalana, abandonada a enfrentarse a la epidemia con un gobierno inestable por un periodo mucho más prolongado que de haber optado por convocar elecciones en cuanto remitió la primera oleada de coronavirus, como sucedió en Galicia y País Vasco.

La inhabilitación de Quim Torra, de confirmarse, dejará el gobierno descabezado en manos del vicepresidente Pere Aragonés, candidato de ERC a la presidencia, detalle que augura meses difíciles en la coordinación de los departamentos dirigidos por consejeros adheridos al nuevo partido de Carles Puigdemont. El ex presidente nombrará, cualquier día de estos, a su nuevo vicario como aspirante a presidir la Generalitat, tal vez uno de los coordinados por Aragonés. ERC seguirá dirigiendo el departamento de Salud, eso sí, ahorrándose las interferencias de Torra, pero muy probablemente, ante el escepticismo de los consejeros de JxCat, que cómo ha sucedido con anterioridad (con los presupuestos, por ejemplo) abandonarán a los republicanos a su suerte.

El objetivo de toda la operación es un peligroso cuanto peor mejor, porque el cuanto peor será atribuido a la decisión del Estado de dejar Cataluña sin presidente en plena emergencia sanitaria y económica. Y de rebote, cualquier empeoramiento de la situación se cargará a la gestión de ERC, que, complementariamente, deberá hacer frente a la acusación de mantener un diálogo inútil con el PSOE. En estos días, la campaña para presentar al presidente Torra como un gobernante ejemplar en la lucha contra el coronavirus hace enrojecer a socios, adversarios y damnificados. Pero la glosa de Torra es un paso imprescindible para cargar las culpas de lo que vaya a pasar en los próximos meses “al gobierno Aragonés” y al “Estado vengativo”.

El desenlace de aquella lejana performance de las pancartas colocadas en el balcón del Palau de la Generalitat en periodo electoral, con exhibición de desobediencia transitoria a la Junta Electoral Central ( porque las pancartas fueron finalmente retiradas) será desorbitado, de cumplirse las expectativas. Pero la probable caída de Quim Torra será aprovechado por el independentismo para dar una vuelta de tuerza a su estrategia para presentar a Cataluña como merecedora del derecho de autodeterminación. Es una maniobra a largo plazo de resultado improbable, pero a día de hoy, es la única esperanza que pueden ofrecer a sus seguidores (intentar convencer al mundo) ante la inoperancia del resto de sus amenazas de unilateralidad como alternativa al fracaso de la negociación.

En estos momentos, son escasos los juristas que defienden que Cataluña pueda acogerse al derecho de autodeterminación tal como ha sido establecido por la ONU. Pero los dirigentes independentistas no desaniman. La secuencia que explica su propósito es evidente en su lenguaje y en el de sus propagandistas. Después de meses de utilizar el concepto de la represión permanente del Estado español para con el independentistas, se pasó a la acusación del Estado vengativo por naturaleza y hemos llegado ya a la presentación de Cataluña como una minoría nacional oprimida por este estado que prefiere la represión al diálogo, tanto que está dispuesto a perjudicar la salud de los catalanes inhabilitando al presidente que estaba frenando la pandemia solo por su ánimo insaciable de venganza para con los catalanes.

La construcción está repleta de graves suposiciones por demostrar, sin embargo este déficit no tiene relevancia alguna para una gran mayoría de sus seguidores, siempre dispuestos a aceptar como buena cualquier interpretación de los hechos que se corresponda con sus prejuicios. Para estos sectores, no existe ninguna duda de que Torra será inhabilitado, si lo es, por haber colgado una pancarta en defensa de la libertad de expresión, obviando el resto de circunstancias. No les hace dudar ni el hecho que la defensa del presidente de la Generalitat se concentre en negar la existencia de una desobediencia reconocida por el protagonista, al considerar que la JEC, como órgano administrativo, no tiene autoridad sobre un presidente autonómico.

La cuestión de la desobediencia y la jerarquía de la JEC es lo que debe dilucidar el TS, no tanto el contenido de las sucesivas pancartas colgadas en aquellos días en la fachada de la Generalitat, sin embargo, para los fieles de la causa, Torra será por siempre el presidente condenado por defender la libertad de expresión del edificio del Palau de la Generalitat, un derecho que como inmueble no tiene por definición. El hecho comprobable de que el presidente ejerció en aquellas fechas su derecho, defendiendo la injusticia de la pena de cárcel para los dirigentes del Procés sin ningún problema en múltiples declaraciones públicas no les alerta de una contradicción. De declarar el TS la inocencia de Torra, algunas partes del discurso necesitarían de una molesta rectificación.