No me escandalizaría si Puigdemont acabase en la cárcel. Si cualquier ciudadano puede ser conducido a prisión por haber conculcado un artículo del Código de Circulación por exceso de velocidad, parece lógico que alguien que va como una moto saltándose la Constitución, el Estatut y el Reglamento del Parlament catalán siga la misma suerte. Además de la ilegalidad, ambos habrán causado dolor a personas, a muchas más el uno que el otro. El principio de quien la hace la paga debe prevalecer.

Otra cosa es que la aplicación del artículo 155 de la Constitución meta en la cárcel de la suspensión a las instituciones catalanas y todo lo que ellas representan para la ciudadanía. Sería algo así como condenar a todo un pueblo al exilio porque la panda más gamberra la ha liado parda.

Por si eso fuera poco, Rajoy y sus palmeros no tienen ni idea de lo que significará, en la práctica, la aplicación de tal artículo. El piloto nos dice que nunca ha volado pero que llegaremos salvos a destino. Lo comprendo porque no es fácil. La Generalitat tiene 200.000 funcionarios. En el supuesto de que la mayor parte de ellos estuvieran por la labor de sus nuevos gestores de Madrid y solo un 10% no quisieran acatar sus órdenes… ¿Qué pasaría con estas 20.000 personas? ¿Quién las sustituiría? ¿Serían localizadas, acusadas, juzgadas y quizás condenadas?

Por no hablar del Govern y sus altos cargos. Imaginemos que se concentran todos en el Palau de la Generalitat y 100.000 forofos de la Assemblea Nacional y Omnium (los que mandan) se parapetan en plan escudo humano que, como hemos constatado, es su especialidad ¿Abriría camino la policía a golpes de porra? ¿Quizás utilizarían mangueras contra los manifestantes? O para hacerlo más verídico: todo en Govern se encierra en el convento de los Capuchinos de Sarriá, como ocurrió en 1966 con una asamblea de estudiantes, la famosa capuchinada. ¿Acudirían los antidisturbios con gases lacrimógenos para sacarlos en volandas? ¿Y si allí también se encuentran el escudo de los 100.000? Otro ejemplo: llegan los nuevos dirigentes a TV3 en Sant Joan Despí y dicen al conserje: “Bon día. Somos los interventores de Rajoy que dirigimos ahora el cotarro televisivo. Sabemos de lo que hablamos porque hemos estado estos últimos cinco años en TVE. ¿Podría advertir al director de nuestra presencia y que vaya recogiendo por favor?”.

Una cosa es lo que hizo Montoro con Junqueras por el 1-O: cortarle el suministro económico con solo pulsar una tecla del ordenador; una perrería fantástica sin foto ni imagen sanguinolenta de señora mayor agredida por poli malo. Pero otra bien diferente es la desconexión de las instituciones catalanas. Supon llegar a lo que pretenden los secesionistas solo que por el camino contrario. No parece prudente desmontar las letras de molde del frontispicio del Palau de la Generalitat ni, como mal menor, añadirle entre paréntesis el adjetivo (suspendida).  

Francamente, no lo veo. Me parece muy poco práctico a la hora de encontrar la solución más adecuada al problema. No intuyo el restablecimiento de la normalidad constitucional en seis meses. Además de poco funcional, aporta una dimensión histórica y ética inapropiada y hasta desgraciada. No comparto el dramatismo con el que el independentismo demoniza toda acción del Estado pero, de la aplicación del 155 sin anestesia al envío de Cascos Azules en jeeps después del toque de queda, solo hay un  paso.

No es nada fácil contener el ímpetu secesionista de quienes gobiernan y mandan en Cataluña, que no son los mismos. Los primeros han sido elegidos y los otros no. En todo caso ambos son imparables: van de oca a oca y tiran porque les toca sin respetar leyes, con Europa en contra y fugas de empresas y capitales.  Pero conociendo tanto la sensibilidad como las buenas formas de Rajoy y asesores para este tipo de política filigrana, hay que ponerse a temblar. Para apagar el incendio no se les ocurre otra cosa que enviar un camión cisterna de gasolina. Si no encuentran otras soluciones más razonables es que a ninguno de los dos presidentes les conviene encontrarlas.