La inhabilitación del presidente Quim Torra abre oficialmente el período de transición hasta la convocatoria de elecciones autonómicas, por allá los meses de enero-febrero, si la segunda oleada de coronavirus lo permite. La gravedad de la inhabilitación de un presidente de la Generalitat en el ejercicio del cargo por un acto de desobediencia a la Junta Electoral Central ha permitido que JxCat y ERC hayan alcanzado un acuerdo de mínimos para gestionar los próximos meses, así como la fórmula para despedir y homenajear con el máximo simbolismo posible a Torra, aferrándose a la gesticulación y al pragmatismo.
Una vez asumida la inevitabilidad de cumplir con la inhabilitación, tras semanas y meses de anuncios de respuestas contundentes y apelaciones infructuosas a desobediencias parlamentarias, los socios de gobierno acordaron afrontar la política de coexistencia tras Quim Torra. El principal objetivo de JxCat era impedir que el vicepresidente de la Generalitat, el republicano Pere Aragonés pudiera aspirar a una auténtica presidencia en funciones (“usurpar la presidencia” en el lenguaje legitimista) y en consecuencia intentar obtener rédito político a la decisión del Tribunal Supremo.
ERC se ha avenido, parece ser, a este plan de un gobierno decapitado que sitúa como gran prioridad la batalla contra la pandemia, cuya responsabilidad recae en un departamento dirigido por la consejera republicana Alba Vergès, que como mínimo se verá liberada de las intromisiones de presidencia en la gestión sanitaria. Los presupuestos autonómicos y la mesa de negociación quedan en el aire.
Una vez conseguida esta forzada pax independentistas (por el tiempo que vaya a durar) entre ERC y JxCat, quedaba por pactar la despedida del presidente Torra. Una salida de Palau con todos los honores, unas cuantas declaraciones airadas subrayando la indignación por la intromisión de la justicia española en el funcionamiento de las instituciones catalanas y una acogida popular en la plaza de Sant Jaume, desafiando las restricciones del Covid-19.
El Parlament debería ser el escenario central de los primeros días de Torra como ex presidente. Él siempre lo quiso así, aunque primero pretendió que la cámara obviara la sentencia y posteriormente se resignó a que se limitara a la capitalización política del malestar por una sentencia valorada como desorbitada por muchos juristas. En definitiva se trató de un episodio de desobediencia transitoria, muy alardeada por el protagonista incluso ante el tribunal, pero que acabó con una retirada de las pancartas, lo que no le evitó la severidad de la sentencia.
En la cámara catalana puede escenificarse la adhesión de la mayoría parlamentaria al presidente inhabilitado, porque la denominación de presidente legítimo se reserva a Carles Puigdemont. Un acto que podrá contar con la presencia de Quim Torra y que provocará las quejas de la oposición por considerarlo un desacato a la sentencia de inhabilitación, cuando solo será gesticulación en defensa de la libertad de expresión.
De todas maneras, el Parlament es territorio ERC gracias al papel del presidente de la cámara, Roger Torrent, que durante toda la legislatura ha evitado mayores estropicios legales, a cuenta de asumir fuertes críticas por parte de JxCat. De mantenerse en este tono, difícilmente accederá a escenificaciones que vayan más allá de la celebración descafeinada de la proclamación incierta de independencia que tuvo lugar en su día en las escalinatas del Parlament o un acalorado aplauso del ex presidente sentado en la tribuna de invitados. Es muy probable que JxCat proponga la comparecencia del ciudadano Quim Torra en una comisión improvisada para valorar las consecuencias del nuevo acto de la supuesta represión estatal contra el independentismo.
El papel de Roger Torrent será clave en las próximas semanas y meses para alargar o acortar los plazos para la convocatoria de elecciones. La ausencia de candidatos para una investidura que permitiera agotar la legislatura le concederá cierto margen de maniobra a la presidencia de la cámara para acelerar los trámites, según los informes jurídicos desvelados hace ya algunos días. Sin embargo, cualquier decisión no consensuada en este capítulo, sería interpretado un nuevo desaire de Torrent a JxCat, partido en formación que ha hecho del atraso electoral su prioridad, hasta el punto de haberle negado al presidente Torra el ejercicio de su potestad de convocar los comicios como último acto político de su presidencia.
